La Fiscalía pide el ingreso en prisión de cuatro de los condenados por los ERE

Los tres magistrados que han condenado a 19 de los procesados por el fraude millonario de los ERE en Andalucía, Juan Antonio Calle –presidente del tribunal y ponente de la resolución–, Pilar Llorente, y Encarnación Gómez, tienen ahora entre manos otra difícil papeleta: decidir si los cuatro condenados a penas superiores a siete años de prisión ingresan de forma inmediata en la cárcel o les mantienen en libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que presentarán contra esa resolución condenatoria. En concreto, los afectados son los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la celebración de la correspondiente «vistilla» para pedir que, a la vista de la gravedad de las penas impuestas, se acuerde el inmediato ingreso en prisión para comenzar a cumplir sus condenas. En ese acto las defensas solicitarán, en cambio, que se les mantenga en la actual situación. El PP, como acusación particular, deberá igualmente pronunciarse al respecto.

Hasta ahora, los únicos que han ingresado en prisión por estos hechos son Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. El primero de ellos lo hizo por vez primera el 9 de marzo de 2012 y quedó en libertad el 22 de octubre. Sin poco, pocos meses después, en marzo de 2013, regresaba de nuevo al centro penitenciario, donde permaneció hasta junio, en que nuevamente la jueza Mercedes Alaya acordó su libertad provisional.

Juan Márquez, por su parte, ingresó en prisión la mañana del 24 de abril de 2012 y salió de la cárcel de Sevilla el 11 de agosto de ese mismo año, tras pagar una fianza de 450.000 euros que había fijado la Audiencia de Sevilla.

La petición de Anticorrupción, al fijar el límite para comenzar el cumplimiento de las condenas en siete años de cárcel, no alcanza al ex presidente de la Junta de Andalucía y ex consejero de Hacienda José Antonio Griñán, ya que éste fue condenado a seis años de cárcel.

Antonio Fernández fue condenado después de que la Audiencia certificara "su participación directa" en la disposición de fondos públicos con "fines ajenos al que estaban destinados".

También "permitió" que Guerrero dispusiera de esos fondos vinculados al programa 31L a pesar de que era conocedor de que ese alto cargo "no era competente para dar las ayudas".

La sentencia recuerda que mientras Fernández fue viceconsejero de Empleo, entre 2000 y 2004, se tramitaron las modificaciones presupuestarias que "introdujeron el uso inadecuado de las trasferencias de financiación", lo que "suponía dejar de cumplir los requisitos de la normativa de subvenciones" y dar ayudas "al margen de este procedimiento".

Respecto a Viera, que fue el consejero que en el año 2000 ideó el sistema de pago de los ERE en Andalucía, impulsó las tres modificaciones presupuestarias en los años 2000 y 2001, que incluyeron el uso "inadecuado" del dinero destinado a las ayudas, según la sentencia.

En esas modificaciones, "el único cambio operado fue pasar de la clasificación económica adecuada, la establecida para las subvenciones, a la prevista para el uso de las transferencias de financiación".

"Siguió haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron, incrementando el programa 22E y luego 31L, en lo relativo a las transferencias de financiación al IFA, en materia de relaciones laborales", resume el juez.

Guerrero, por su parte, ha sido un protagonista crucial en el caso de los ERE, pues las investigaciones iniciales de la jueza Mercedes Alaya dieron un avance cualitativo tras conocerse que el director general de Empleo declaró a la Policía Nacional, en diciembre del 2010, que estas ayudas sociolaborales, consignadas en la partida 31L de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, se repartían a modo de "fondo de reptiles".

La Fiscalía le atribuye un papel destacado en todo el proceso de concesión de las ayudas sociolaborales de los ERE, ya que algunas las repartió entre familiares y amigos, sin ningún sometimiento a las normas, y no hizo nada por arreglarlo ni por desvelarlo.

El sucesor de Guerrero, Juan Márquez, "siguió concediendo ayudas utilizando el mismo mecanismo que su antecesor, repitiéndose, en mayor o menor medida, los puntos que ya se habían sido denunciados por la Intervención en el informe adicional al de cumplimiento de la agencia, del ejercicio 2003", según la sentencia.

"Por tanto, siguió concediendo ayudas con conocimiento de que la transferencia de financiación no era el instrumento adecuado, sin cumplir procedimiento alguno, y sabiendo que no iban a ser objeto fiscalización previa", concluye el ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña.