En el epicentro del pin parental de Vox

Son las 12:20 de la mañana y suena el timbre. Toca cambio de clase y pronto los pasillos del Instituto público Infante Don Juan Manuel de Murcia comienzan a llenarse de adolescentes que bajan y suben escaleras, salen y entran de clase, algunos apuran para ir al baño y otros para formar corrillos y rematar una conversación pendiente antes de comenzar la siguiente asignatura. Nosotros nos dirigimos, guiados por el director del centro, al salón de actos donde los alumnos de 4 de E.S.O tienen una actividad complementaria, una de esas charlas que ahora están en el punto de mira después de que VOX haya exigido que sean los padres de los alumnos los que decidan si pueden asistir o no, dejando el criterio de los docentes al margen. El conocido como «pin parental», que traducido a la práctica es un veto de los progenitores a determinadas actividades, ha puesto en alerta tanto a los docentes como a la sociedad entera, que ahora debate quién debe tener la última palabra en este asunto. Murcia es la primera Comunidad donde este requisito se ha convertido en obligación y ahora Vox utiliza su apoyo clave en gobiernos como el de Madrid o Andalucía para que también se imponga en dichas Comunidades. La propuesta de Vox, según Santiago Abascal, tiene la finalidad de «defender a los menores del adoctrinamiento en juegos eróticos y contra la ideología de género».

Juan, el director el IES Infante, nos explica con todos los papeles sobre la mesa y a modo de preámbulo en qué consiste esta medida y cómo afecta a la gestión diaria del centro. «Al comienzo de cada curso, recibimos de la Consejería las instrucciones de funcionamiento del centro este año, por primera vez había un apartado, el número 25, en el que se nos exige la autorización previa de todos los alumnos para las actividades complementarias que se realicen. Hay que diferenciar entre las extraescolares (voluntarias) y las complementarias. Estas segundas son evaluables y se incluyen en la programación inicial de cada centro», relata. Sin embargo, se muestra sorprendido por esta imposición, ya que tanto en su instituto como en el resto de España, todas estas actividades siempre han sido consultadas a los padres y han pasado varios filtros antes de impartirse. «En primer lugar, son aprobadas por el claustro de profesores, también revisadas por el Consejo Escolar (en el que hay representación de la Asociación de Madres y Padres) y de igual modo por la Inspección de educación. Por lo tanto, esta autorización resulta redundante», asevera. Aun así, están obligados a hacerlo porque algunas familias y asociaciones, «contadas, eso sí», ya les han advertido de que si no cumplen tomarán las medidas legales oportunas.

En este instituto se programan unas 400 actividades complementarias al año y hay matriculados unos 800 estudiantes, por lo tanto, el número de autorizaciones que realizan por curso escolar superan las 300.000. «Para la mayoría de los profesores, esta medida muestra una desconfianza hacia nosotros y nuestra profesionalidad. Muchos, además de docentes, somos padres y los primeros que miramos escrupulosamente las charlas que aquí se imparten, especialmente, las de contenido más sensible, como pueden ser las de sexualidad, drogas, embarazos adolescentes… Siempre se ha sido muy cuidadoso», repite. Precisamente en estas materias es en las que VOX hace más hincapié a la hora de controlar los contenidos «extra» que si imparten en las aulas. Nos disponemos a participar en la charla programada para hoy en las que participan los alumnos del último curso de ESO. Se trata de una conferencia sobre deporte adaptado: «Baloncesto en silla de ruedas». Todos los estudiantes han traído previamente su autorización firmada y ningún padre ha optado por dejar a su hijo fuera de clase en esta ocasión. Las hormonas de la pubertad se expanden por el aula y el griterío se convierte en un silencio sepulcral cuando Beatriz y Alejandro, los ponentes, comienzan a contarles cómo es ser deportista con discapacidad. Los casi 80 estudiantes ni pestañean, resultan admirables su capacidad de atención y buena educación frente a las premisas que siempre se establecen sobre la conducta adolescente. «¿Qué es una discapacidad?», les preguntan al inicio de la sesión. «Una enfermedad neurodegenerativa», dice uno de los presentes. Beatriz lo explica en profundidad poniéndose a ella como ejemplo. A sus 19 años ya es toda una «crack» del baloncesto en silla de ruedas. Hablan de integración, de respeto al diferente y de la igualdad de oportunidades. «Ser diferente te marca y en el colegio o instituto puedes pasarlo mal, se meten contigo, te insultan, te pegan…, pero hay que aprender que con una discapacidad también se puede hacer vida normal», dice la joven deportista. Los chicos y chicas asienten. En la primera fila, un grupo de chavales está ansioso por preguntar y en el turno de debate se arrancan. ¿Todas las sillas de ruedas son iguales? ¿Los equipos son mixtos? ¿Hay igualdad entre hombres y mujeres en el deporte? ¿Tu discapacidad te afecta al cerebro? ¿Cómo calentáis? Éstos son algunos de los temas que más curiosidad les suscitan. Tres profesores y el director del centro vigilan la sesión. El respaldo de los docentes es total. Las chicas, que al principio están más tímidas, comienzan también a levantar la mano. «Este tipo de charlas les resultan muy interesantes, aprenden mucho, de ahí que estén tan atentos», nos dice una de las tutoras. La charla dura una hora y una vez suena el timbre todos vuelven al aula.

Nos «colamos» en una de segundo de Bachillerato, es la última hora de clase y están cansados pero aceptan darnos su opinión sobre el dichoso «pin parental». «Eso es una cosa que VOX quiere poner en Madrid y Andalucía como ya ha hecho aquí en Murcia», dice uno. «Sobre todo, quieren aplicarlo en temas de sexualidad y drogas, pero yo creo que precisamente esas clases son a las que todos deberíamos ir, porque nos hablan de ETS, de riesgos, de evitar embarazos, es muy necesario, y si hay algo que no te gusta de lo que hablan pues no haces caso, pero eso no debería de prohibirse», asegura otra de las estudiantes. «Es más –aclara el director–, las charlas sobre sexo, ciberseguridad o drogas son las que vienen directamente organizadas por la Consejería de Educación, es decir que existe también ese filtro previo». «Yo conozco a un chico que no viene a este centro al que sus padres le prohibieron asistir a una actividad sobre cambio climático», añade otro.

«Si mis padres quisieran vetarme en alguna actividad les diría que no, no puedo entender cómo hay algunos que no lo hacen», apunta una alumna. «Sinceramente, hay varias actividades que a mí no me gustan, pero creo que es necesario ir. Hay que escuchar cosas que te gusten y otras que no, pero es importante conocer otros puntos de vista aunque no estés de acuerdo, y más aún en un colegio público en el que deben tocarse todos los temas. Luego tú decides lo que más te interesa. Esto es la democracia», relata el delegado, que se sienta en la última fila de la clase. El debate se enciende y todos quieren hablar. Una joven afirma que lo mejor es que venga «gente experta para hablar de sexo, porque si no lo que vamos a hacer es buscar en Google y eso no es fiable». Juan, el director, apunta que hasta ahora han sido contados los casos en los que los alumnos no han sido autorizados para alguna actividad complementaria, tres concretamente, «pero en los que sí ha ocurrido se ha planteado el problema de que para ellos hay que organizar otra actividad paralela evaluable», se sincera. Nos aproximamos a las dos de la tarde y pronto sonará de nuevo la campana, esta vez para anunciar el final de las clases por hoy. Muchos contarán a sus padres lo que han aprendido en la actividad complementaria sobre deporte en silla de ruedas. A otros ni les preguntarán qué tal fue el día en la escuela. Eso sí, en los informativos todos volverán a escuchar a los políticos enzarzados por el «pin parental».