El independentismo catalán, que ha situado a Cataluña al borde del colapso y abierto una herida en la unidad España, también está dejando un agujero hondo en las arcas públicas. Si se cumple la hoja de ruta –anunciada ayer por el president catalán Quim Torra– tras la aprobación de los presupuestos, los catalanes volverán de nuevo a las urnas. Probablemente a principios de este verano. Por lo tanto, la Comunidad está abocada a celebrar sus quintas elecciones autonómicas en diez años, lo que supone un desembolso de más de 130 millones de euros solamente en poner en marcha la maquinaria electoral durante la última década.

A las autonómicas celebradas el 28 de noviembre de 2010 –con las que Artur Mas logró apartar al tripartito de la Generalitat y que supusieron un desembolso de 26 millones de euros– le siguieron unos nuevos comicios el 25 de noviembre de 2012, tras la decisión del líder de Convergencia de adelantar las elecciones tras sólo dos años al frente del Gobierno autonómico. A parte de impulsar los resultados electorales de ERC, el adelanto electoral supuso un coste de 35 millones de euros. Subido ya al carro del independentismo, Mas se empeñó en la siguiente Legislatura en impulsar unas elecciones como un especie de plebiscito sobre la «desconexión» de Cataluña con España. Se volvieron a adelantar las elecciones, que se celebraron el 27 de septiembre de 2015. Nuevamente, optaba por el adelanto electoral sin esperar a apurar la Legislatura. La factura, en este caso, se redujo notablemente y fue «sólo» de 17,1 millones de euros. Pese a ganar las elecciones –aunque sin la ansiada mayoría absoluta–, la falta de apoyos para su investidura puso a Mas contra las cuerdas por su incapacidad para apuntalar la gobernabilidad de la Comunidad.

Durante los siguientes dos años, Cataluña vivió hitos inéditos, con una deriva independentista que condujo a las aprobación de las llamadas leyes de desconexión con España y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre que llevó a sus principales líderes a la cárcel condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Fue precisamente en medio de este órdago independentista y entre los casos de corrupción del 3% y el Palau, cuando se aplicó por primera vez el 155 y el Gobierno central intervino las instituciones catalanas. Unas de las decisiones fue convocar de nuevo elecciones anticipadas. En esta ocasión se celebraron el 21 de diciembre de 2017. El resultado de estos comicios fueron históricos porque Ciudadanos logró alzarse con la victoria, aunque fue incapaza de lograr un mayoría parlamentaria para gobernar. De nuevo, la organización de todo este entramado supuso otros 25 millones de euros para el erario público. Siguiendo el esquema anterior, la próxima cita electoral obligará a otro desembolso de al menos 25 millones de euros.

A este cálculo, hay que añadir las subvenciones que recibe cada formación por voto y por escaño. Según el Real Decreto de para regular el importe de las subvenciones y el control de la contabilidad electoral correspondiente a la convocatoria de 2017, cada formación recibió 16.101,60 euros por escaño y 0,61 euros por voto. Según recoge el departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, en la última electoral se repartieron más de 8 millones de euros, entre siete formaciones

Consultas ilegales

La incapacidad de Artur Mas para agotar mandatos, la inestabilidad del independentismo con la deriva de Puigdemont y Junqueras, la corrupción en torno la 3% y el caso Palau dibujan la realidad de una Comunidad que, desde el año 2010, en condiciones normales solo tenía que haber celebrado dos elecciones autonómicas y, sin embargo, en primavera sumarán la quinta. Una cifra que no incluye los dos referendos ilegales organizados por el independentismo desde la Generalitat, primero con Artur Mas y luego con Carles Puigdemont. Según el Tribunal Cuentas, el coste de ambas citas ascenderían a 4,9 millones el del 9 de noviembre de 2014 y el del 1 de octubre de 2017, unos 4 millones, tal y como reveló ayer.