El juez constata que el BBVA pagó 10,2 millones a Villarejo en transferencias bancarias

Tras más de un año de investigación, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha constatado que el BBVA pagó al comisario jubilado José Manuel Villarejo 10.284.689 euros mediante transferencias a cuentas de la sociedad Cenyt a cambio de las labores de espionaje que desarrolló el ex mando policial por encargo de «altos directivos» de la entidad.

En la resolución en la que acuerda alzar el secreto de las actuaciones –al considerar que en este momento procesal la medida ya no «va a perjudicar la investigación en curso»–, el magistrado precisa que la investigación judicial se ha centrado, desde diciembre de 2018, en intentar arrojar luz sobre «las sucesivas contrataciones» del entonces comisario que tendrían por objeto «el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y de investigación de carácter patrimonial». Unos cometidos, añade, «de carácter ilícito». Por un lado, argumenta, debido a la incompatibilidad de esos encargos, que llevó a cabo a través de su entramado empresarial –Grupo Cenyt– «con su condición de funcionario policial en activo», con lo que según el instructor habría incurrido en un delito de cohecho pasivo. Por otro, porque el desarrollo de la prestación de esos servicios, explica, «implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales» o a través del «acceso a su documentación bancaria». Conductas estas últimas con las que supuestamente se cometieron «múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos».

Esa múltiple contratación, asegura García Castellón, se llevó a cabo «a cambio de elevadas sumas de dinero», habiéndose localizado ya abonos en las cuentas de Cenyt por los referidos 10,2 millones de euros que los investigadores vinculan con los encargos del BBVA.

El instructor recuerda que en los últimos meses se han practicado diversas diligencias para «comprobar» tanto la «regularidad de determinadas transacciones realizadas a favor del Grupo Cenyt» como las «políticas de cumplimiento» de la entidad bancaria. Así, el pasado 19 de diciembre García Castellón solicitó información a la consultora Price Waterhouse y se acordó tomar declaración a varias personas. Unas diligencias que se llevaron a cabo con «la máxima confidencialidad al objeto de asegurar los medios de prueba y evitar intromisiones» en las mismas. Tras recibir toda esa documentación, reseña el juez, la Fiscalía se mostró favorable la pasada semana a levantar el secreto de las actuaciones.

En esta pieza separada del «caso Tándem» –que llevó a prisión a Villarejo en octubre de 2017– están imputadas más de una decena de personas, incluido el BBVA como persona jurídica y el ex responsable de seguridad de la entidad Julio Corrochano.

La investigación judicial provocó que el ex presidente del banco Francisco González dimitiera de todos sus cargos en en marzo de 2019 tras denunciar una «larga y continua agresión mediática» por este caso.