No es corrupción todo lo que huele

Se observa con admiración cómo la actual líder democratacristiana alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha renunciado a suceder a Angela Merkel al haber conseguido la CDU la presidencia del land de Turingia gracias a los votos de la extrema derecha de AfD, y en contra de la posición del partido. AKK no se lo ha pensado dos veces y ha dimitido. Ejemplar. Dos ministros de Merkel dimitieron porque en sus tesis doctorales habían algunas partes plagiadas. ¿Nos suena a algo?

A continuación, miramos a nuestro entorno político y nos da vergüenza. No debería extrañarnos que España siga figurando en los puestos más altos del Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora Transparencia Internacional, con una tendencia, además, a empeorar. No es tampoco extraño que en el barómetro del CIS, la corrupción figure como segundo problema después del desempleo. Pero se parte de una «percepción», no de casos juzgados.

El efecto inmediato de este crecimiento es la desafección hacia la política y, de manera más concreta, a los propios políticos, a los que se contempla como una verdadera casta alejada de los problemas reales de los ciudadanos. A medida que ganan cuotas de poder y sus aparatos se enraízan con la administración, los partidos incrementan sus presupuestos y abren vías de financiación no siempre transparentes. Según el Tribunal de Cuentas, en 2015, de un presupuesto total de casi 329 millones destinados a los grupos políticos, el 80% es público y el 20% privado.

Sin embargo, pese a la percepción social que ve una corrupción generalizada, los datos de la Justicia indican que hay una tendencia a la baja: si en 2016 se celebraron 659 juicios por corrupción, en 2018 cayeron a 205. Procesos con tanta repercusión social como los de los casos Gürtel y ERE y las altas penas de condena han afectado en la aparición de nuevos casos. En ello tiene que ver mucho el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción. Sus escritos de acusación se refieren a cohechos (75), malversación de caudales públicos (32), prevaricación (31) y contra la Hacienda pública, Seguridad Social y contrabando (25).