El Ministro de Justicia anuncia una próxima reforma legal para otorgar la instrucción a los fiscales

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado hoy, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, que llevará al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para actualizar el proceso penal, otorgando a los fiscales la dirección de la investigación.

El ministro ha subrayado que es necesario trabajar por una regulación moderna y justa que garantice un enjuiciamiento penal plenamente adaptado a los principios constitucionales, superando de una vez una legislación decimonónica y desbordada por la realidad procesal.

La reforma de esta norma de 1882, que ha calificado de “reto nacional”, se hará “escuchando a todos” y atendiendo a la experiencia de juzgados y tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Junto a ello, adelantó que el Consejo de Minsitros aprobará en un plazo máximo de tres años del “Plan Justicia 2030” que tendrá como objetivos son consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.

En el turno de intervenciones, el representante de Ciudadanos, Edmundo Val, criticó muy duramente el sistema de eleccion de vocales de procedencia judicial para el Consejo General del Poder Judicial, y por ello pidió su inmediata reforma. Junto a ello, aludiò a las “puertas giratorias” entre jueces y polìtica; y, en este punto, aludió, precisamente al caso del propio ministro, el cual ha obtenido una plaza en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, tal como informò en exclusiva LA RAZÓN, cuando, dijo “no ha dictado una sentencia desde el año 2000”.

En este punto, Edmundo Val señaló de forma expresa cómo actualmente hay tres ministros en el Gobierno que proceden de la Judicatura y que , además, fueron vocales del CGPJ: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y el propio Campo.

También criticó muy duramente la decisión del Gobierno de proponer para fiscal general del Estado a Dolores Delgada, ex ministra de justicia y diputada del PSOE hasta hace pocas semanas. “Es una anomalia intolerable”, afirmó al respecto.

JxCAT pide suprimir el delito de sedición

Por su parte, el representante de JxCAT, Jaime Alonso Cuevillas, fue taxativo en las preguntas que le formuló al ministro, la mayoría de ellas relacionadas con el “Procés”. Así, aludió a los “elevadísimos riesgos” de que, en su opiniòn, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, anule la sentencia del Tribunal Supremo, con el descrédito que ello supodría para la Justicia española. Por ello, le pidiò directamente que se “adelante” y suprima del Código Penal tanto el delito de sedición como el de malversación, “pero no los suavice, porque eso no solucionará el conflicto”