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La Fiscalía investigará posibles delitos en residencias de mayores

La UME constató la “situación extrema” en que viven muchos ancianos en esos centros

La UME en labores de desinfección en una residencia de ancianos de Huelva.
Miembros de la UME en una residencia de HuelvaA. Perez/Europa PressA. Perez/Europa Press

El pasado 18 de marzo, la Fiscalía de Madrid abrió una investigación en relación con la muerte de al menos 19 personas que se encontraban ingresadas en una residencia de Madrid a causa del coronavirus. Ahora, tras comprobar que no se trata de un único caso, sino que pueden ser varias las residencias en las que los ancianos se encuentren en “situación extrema”, y no sólo en la comunidad de Madrid, el Ministerio Público ha decidido abrir unas diligencias de investigación a fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal, dada la “situación alarmante·” en que se pueden encontrar esas personas. Será el fiscal de la Sala Penal del Tribunal Supremo Manuel Daoiz el encargado de recabar cuanta información sea precisa, y avanzar en el desarrollo de las investigaciones.

La investigación acordada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se inicia tras tener constancia por el Ministerio de Defensa de que, en algunas residencias de ancianos, por miembros del Ejército y/o de la Unidad Militar de Emergencias, se habría detectado la existencia de personas ancianas, algunas de ellas enfermas, “residiendo en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad, así como residentes fallecidos”.

Esto es lo que ha determinado que la Fiscalía General del Estado, “ante esa situación alarmante”, haya acordado abrir diligencias de investigación a fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal.

La Fiscalía General del Estado, ante ante la situación que está atravesando un sector especialmente vulnerable de nuestra población, las personas de la tercera edad ingresados en centros residenciales, ya decidió establecer en toda su estructura territorial una red dirigida a recabar información, emitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente en los acontecimientos que les afecten y puedan ser objeto de las competencias del Ministerio Públicas; y entre éstas, precisamente, se encuentra velar por los colectivos más vulnerables, con son los ancianos.