Familiares de una víctima se querellan contra Simón por “quitar hierro” a la pandemia antes del 8-M

El hijo y el nieto de un mujer fallecida por Covid-19 en el hospital de Móstoles el pasado marzo se han querellado contra Fernando Simón por homicidio imprudente, falsedad en documento público y un delito contra los derechos de los trabajadores al considerar que en sus comparecencias públicas el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad impartió “una serie de directrices erróneas y contradictorias” que minimizaron los efectos de la pandemia del coronavirus y cuyas consecuencias resultaron “fatales”.

En la denuncia presentada en los juzgados de instrucción de Madrid, respecto a la que aún no hay un pronunciamiento judicial sobre su admisión a trámite, se solicita también que ante la gravedad de los delitos y las penas que acarrean (solo el homicidio imprudente se castiga hasta con nueve años de prisión) se retire de forma cautelar el pasaporte a Simón y se le prohíba salir de España.

La abogada de las víctimas, Verónica Suárez, atribuye en la querella a Simón “la mayor parte de la responsabilidad” de que España haya sufrido “las peores consecuencias provocadas por la pandemia de todo el planeta”, pues en su calidad de “asesor experto del Gobierno”, subraya, hizo creer a toda población “que el impacto del Covid-19 en nuestro país sería mínimo”, lo que en su opinión acarreó que “de forma generalizada se bajase la guardia” y no se hiciese acopio de medios de prevención para hospitales “y ni para que la población en general pudiese trabajar y desarrollar su vida cotidiana con garantías de salud”. “No ha recomendado expresamente el uso de mascarillas, guantes, etc., no exigiendo al Gobierno que se adoptasen dichas medidas de protección”, afirma.

La letrada esgrime los precedentes del “caso Madrid Arena” y de la sentencia de la colza para sustentar la supuesta responsabilidad penal de Simón dado que ocupa “el mayor puesto de responsabilidad técnica” en la lucha contra la pandemia. Los querellantes le reprochan que no adoptase “las medidas de protección lo antes posible, en abierta contradicción con los informes de prevención de riesgos de la Policía Nacional y el Ejército de Tierra”.

Esa "falta de aviso", añaden, habría acarreado también un "masivo delito" contra los derechos de los trabajadores -castigado con penas de prisión de hasta tres años- "al no haberse aprovisionado los diversos ministerios con tiempo de medios de protección individuales y colectivos".

Los denunciantes achacan igualmente a Simón que “aparentemente ha dado datos falsos" respecto al número de fallecidos, un balance que, estima, “podría ser el doble o más”, por lo que habría incurrido en un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario (que lleva aparejada una pena de un máximo de seis años de prisión).

Lo hizo, mantienen, “a sabiendas o con una metodología tal que debiera hacerle sospechar que los datos eran falsos”. Esa supuesta falsedad, añaden, “habría impedido a la población, sobre todo en las fases más tempranas, alcanzar a comprender la verdadera magnitud de la pandemia en nuestro país y a, al menos, adoptar medidas de autoprotección y distanciamiento social”.

La abogada del despacho SF Litigación atribuye a Simón un delito de homicidio imprudente en base a la teoría penal del incremento del riesgo, enarbolada por el Tribunal Supremo en la sentencia del “caso Madrid Arena” -la macrofiesta en la que fallecieron cinco jóvenes en un pabellón municipal en 2012-, en la que determinó, en relación al hecho de que no se practicaran maniobras de reanimación a una de las víctimas, que “la responsabilidad del médico surge porque ha incrementado el riesgo permitido, y lo ha hecho al haber actuado negligentemente, y con tal comportamiento ha contribuido al resultado”, y eso pese a que “no sea seguro que la conducta ajustada a derecho lo hubiera evitado”.

La querella incide en que Simón “públicamente le quitó hierro a la situación” con sus declaraciones previas a las manifestaciones del 8-M o cuando el pasado 31 de enero, recuerda, afirmó que España no iba a tener “como mucho más allá de algún caso diagnosticado” y que si se producía una transmisión sería “muy limitada y muy controlada”. En definitiva, denuncia, “no exigiendo al Gobierno, en lo que nos consta, la adopción de medidas con mucho más tiempo para haber amortiguado el efecto del Covid-19”

"Lo importante es que el retraso en la advertencia a la población de la verdadera magnitud, cuando informes de otras administraciones o de la OMS, o el estado de la situación de Italia -subraya- ya hacía que se tuviera que asimilar que no era una gripe común, sino algo que obligaba a extremar todas las cautelas y acopiar con urgencia materiales de prevención individuales y colectivos".

Reclama a Sanidad el organigrama contra el Covid-19

La abogada de los denunciantes, que anticipa que se adherirán más víctimas a la querella, dirige también la misma contra “aquellas personas, especialmente del Ministerio de Sanidad, que pudieran resultar también responsables” de los hechos que se denuncian. Igualmente, reclama que se solicite a Sanidad “el diagrama completo del organigrama del mismo y las funciones de todos los puestos ministeriales relacionados con la pandemia”, las cifras de fallecidos que se han ido dando públicamente desde el inicio de la pandemia y una copia íntegra “de todas las comunicaciones escritas, oficiales o no” de Simón con cualquier otro integrante del ministerio o con otros organismos desde 2019.

Entre las medidas cautelares solicitadas también figuran que se requieran a Moncloa "todas las grabaciones de todas las intervenciones retransmitidas por televisión" del doctor y que se pidan al Registro Civil Central las cifras de fallecidos en toda España, desglosadas por provincias, en los meses de marzo a junio de los años 2018, 2019 y 2020.

La defensa de los querellantes justifica la medida de retirada de pasaporte de Simón en la gravedad de las penas, "que pueden invitar al mismo a ser tentado con abandonar nuestro país, siendo público y notorio que ha residido parte de su vida, por motivos profesionales, en países africanos".

Entre los documentos a los que se refiere la querella se encuentra un informe sobre la adopción de medidas preventivas por el coronavirus de 24 de enero de 2020 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, en el que “ante la información difundida por la OMS sobre posibilidad de expansión del virus” propugnaba la utilización de guantes por los agentes en los cacheos e inspecciones de equipajes y de mascarillas FPP2 en el control de documentación a los pasajeros procedentes de China.

Del mismo modo, recuerda que “han sido múltiples las resoluciones judiciales, especialmente en la jurisdicción social, que han obligado a proporcionar a diversos ministerios medios de protección individual para letrados de la Administración de Justicia, fiscales, médicos, personal de seguridad de hospitales, etc”. “Resulta, cuando menos, inquietante -asegura- que en el momento de mayor mortandad, frente a los criterios de otros órganos técnicos públicos, no se aconsejase u obligase nada al respecto y ahora que desciende el número de fallecidos su uso se haga obligatorio”.