La juez del 8-M aplaza la declaración del delegado del Gobierno a petición de la Abogacía del Estado

La juez Carmen Rodríguez-Medel -que investiga una posible prevaricación en la autorización de las concentraciones del 8-M pese a las alertas sanitarias por coronavirus- ha aplazado la declaración como investigado del delegado del Gobierno en Madrid. José Manuel Franco estaba citado el próximo 5 de junio, preferiblemente por videoconferencia, pero la Abogacía del Estado pidió más tiempo para estudiar las diligencias abiertas tras la denuncia interpuesta el pasado marzo por el abogado Víctor Valladares. La magistrada ha accedido a esa solicitud y ha retrasado hasta el 10 de junio esa declaración, que ahora sí será presencial, y la de tres cargos de la Delegación que comparecerán como testigos.

En esa providencia, Rodríguez-Medel muestra sin embargo su extrañeza por el motivo esgrimido por la Abogacía del Estado y asegura que “resulta sorprendente” esa alegación de que “necesita tiempo para instruirse”, pues le recuerda que se le notificó que quedaban las actuaciones a su disposición el pasado 21 de abril, para que pudiera “realizar la correspondiente copia de la documentación”, un ofrecimiento que se reiteró un mes después, el 21 de mayo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid subraya que pese a que tenía desde entonces la documentación a su disposición, no ha sido “hasta que se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo que efectivamente ha comparecido la Abogacía del Estado para obtener copia”. Y en todo caso, desde esa fecha contaba con “ocho días para el estudio de las actuaciones, a fin de favorecer la preparación de su defensa”.

Tras esta resolución, Franco deberá comparecer el próximo 10 de junio a las 15:30 horas. Ese mismo día testificarán a continuación el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; Luis María Sanz Moriñigo, jefe del gabinete de Franco, y el director de Seguridad Ciudadana de la Delegación, José Luis Correas.

La juez justifica que las declaraciones sean presenciales en el hecho de que anteriores comparecencias han puesto de manifiesto alguna "incidencia técnica", por lo que "a fin de evitar que problemas similares impliquen mayores retrasos en las declaraciones", argumenta, acuerda que, ante la "imposibilidad de tener certeza de que la conexión telemática es posible", estas diligencias se practiquen in situ.

En la resolución en la que acordó la declaración como investigado de Franco, la magistrada reclamó también a la Delegación del Gobierno que antes del próximo día 1 de junio le remita un informe con todas las peticiones de manifestaciones que llegaron a sus manos, y las que prohibió, entre el 5 y el 14 de marzo pasados, y también una relación de los expedientes de concentraciones que en esa última fecha estaban pendientes de resolver sobre su autorización o denegación. La instructora quiere saber por qué se desconvocaron y en qué fechas la Delegación del Gobierno requirió a sus organizadores para que las protestas no se celebrasen.

Asimismo, dio idéntico plazo al Ministerio de Sanidad para especificar la difusión que tuvieron sus recomendaciones de medidas extraordinarias por el coronavirus del pasado 3 de marzo y si fueron remitidas a la Delegación del Gobierno.

La Abogacía del Estado ha recurrido el auto en el que la juez acordó abrir diligencias, que considera nulo, en unas alegaciones en las que critica con dureza la actuación de Rodríguez-Medel, a quien reprocha que haya abierto una “causa general” contra el Gobierno para investigar la gestión sanitaria de la crisis del coronavirus vulnerando supuestamente el derecho de defensa del delegado del Gobierno.