30 ex ministros y 40 ex altos cargos firman un manifiesto de apoyo a Don Juan Carlos

Sin imputación judicial, la izquierda ha armado ya toda una ofensiva contra la figura del rey Emérito con el objetivo del desprestigio público con el fin último de derrocar la institución de la Monarquía. Es por ello que hasta 30 ex ministros y otros 40 ex altos cargos públicos de distinto signo político han salido a defender el legado de Don Juan Carlos.

Bajo el alegato de «En defensa de Don Juan Carlos I», ex ministros del PP, del PSOE y de UCD, ex directores generales, ex delegados de Gobierno y embajadores, entre otros, han referendado que «nunca se podrá borrar la labor del Rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española».

En un manifiesto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, las personalidades afirman que los partidos de izquierda e independentistas que apuntan a la condena del anterior jefe del Estado, cuando de momento no pesa sobre él una pena judicial, se han «excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia» y recuerdan que debe ser la Justicia quien lo dicte. «Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia», recalcan.

El manifiesto cuenta con el aval de una amplia lista de personalidades públicas, entre los que destacan los ex vicepresidentes del Gobierno Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa; el ex presidente del Senado, Juan José Laborda; la ex presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, o diversos ex ministros como Jorge Fernández Díaz, Soledad Becerril; Pío Cabanillas; César Antonio Molina; Jaime Mayor Oreja; Celestino Corbacho; Ignacio Bayón o Josép Piqué, entre otros.

Los promotores insisten en que el largo reinado de Juan Carlos ha constituido «la etapa histórica más fructífera que ha conocido España desde el comienzo del siglo XIX». Defienden que, bajo su legado, la institución ha llegado a desempeñar «un papel central e indispensable en la articulación arbitral de los procesos políticos nacionales y consiguientemente ha quedado transformada en una parte básica del funcionamiento de la democracia constitucional española».

Además, en la carta recuerdan que el monarca se «comprometió a ser el Rey de todos los españoles y pronto se consiguió una España sin exiliados». También valoran al alza el modelo de la Transición que fue «al tiempo admirado e imitado internacionalmente».

Refrendan que la monarquía parlamentaria y el conjunto de la Constitución, «han propiciado una España moderna, con un sistema político, económico y social avanzado fraguado en la libertad, en la justicia y en la solidaridad». Sobre la trayectoria del Rey señalan que ha sido «invariablemente fiel a sus propósitos democratizadores y a las responsabilidades derivadas del marco institucional», y ponen como ejemplo el fallido golpe de Estado del 23-F.

Los firmantes recuerdan que la Monarquía esta circunscrita a la Constitución. «La defensa del legado del Rey Juan Carlos I no puede equipararse a la protección de un determinado sistema de gobierno sino que debe situarse en el significado global de la Constitución de 1978. Monarquía parlamentaria, Juan Carlos I y Constitución de 1978 forman un conjunto inseparable de realidades para todos aquellos que hace 45 años, y ahora mismo, aspiran a la continuación y el perfeccionamiento de una España en libertad, en justicia y en solidaridad», suscriben los firmantes. Finalizan pidiendo a los ciudadanos y a las instituciones que defiendan «el buen nombre de las personas que han hecho posible estos últimos y satisfactorios 40 años de historia común», porque «de ello en gran medida depende la misma calidad de nuestro futuro».

Robles defiende la presunción de inocencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles acusó ayer a los que hacen juicios de culpabilidad de Juan Carlos I –en referencia a Unidas Podemos– por cuestionar bases del Estado de Derecho. En una entrevista a Ep, defendió la presunción de inocencia del Rey. «Todos los ciudadanos son inocentes mientras un tribunal, después de un proceso con todas las garantías, no dicte una sentencia», respaldó.