Un juez investigará si Podemos simuló el 28-A un contrato de 363.000 euros

Las sospechas del Tribunal de Cuentas sobre la factura de los de Iglesias a favor de Neurona el 28-A se basan también en que no se ha demostrado que el trabajo se prestó de manera efectiva

El «caso Dina», la imputación del partido por malversación y, ahora, es probable que Podemos tenga que defenderse en un juzgado en el «Caso Neurona». Y es que las cuentas de Podemos relativas al uso de la subvención electoral del 28 de abril de 2019 están a un paso de ser investigadas por la Justicia. Tal y como adelantó ayer la Cadena Ser y ha podido confirmar LA RAZÓN, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha redactado un informe interno en el que concluye que debe ser la justicia ordinaria quien investigue la contabilidad de Unidas Podemos en esos comicios.

En concreto, pide que se dé traslado a un juzgado de la facturación de los de Pablo Iglesias con la consultora Neurona. Esta recomendación elaborada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas llega después de que el propio órgano fiscalizador, en su informe sobre las elecciones del 28-A, detectase que este partido facturó 133.100 euros no justificados y otros 290.000 cuyos conceptos no corresponden a gastos electorales y cuya prestación efectiva no ha sido acreditada. Fuentes próximas al Tribunal de Cuentas aseguran que, tras la iniciativa del fiscal de la institución, el paso lógico es que el informe y las conclusiones del proceso de fiscalización sean trasladados a un juzgado de la Plaza de Castilla, en Madrid.

Esta más que posible judicialización llega después de que el fiscal del Tribunal de Cuentas haya apreciado dos tipos de delito en las facturas a favor de Neurona y sopesa que el contrato pudo ser simulado. En concreto, el fiscal entiende que hay «hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión» de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil. «Dado que este tribunal carece de competencias para el conocimiento de tales infracciones penales», continúa, pide que dichos pagos a Neurona se investiguen por vía penal. Hay que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas es un órgano fiscalizador de las administraciones públicas y no tiene competencias en el terreno judicial, de manera que cuando llega a la conclusión de que es posible que se hayan cometido delitos por parte de una institución, un partido político o una fundación, el procedimiento habitual es que traslade esos indicios a un juzgado.

De todos los reparos que el Tribunal de Cuentas puso a la utilización por parte de Podemos de la subvención que recibió de las arcas públicas con motivo de los comicios del 28-A, el apartado sobre el que el fiscal ha puesto la lupa es el relativo a los pagos que la formación morada realizó a la consultora Neurona. Tal y como ya informó LA RAZÓN el pasado 8 de agosto, el montante de gasto que no puede ser susceptible de ser sufragado con una subvención electoral se eleva, en el caso de Podemos, hasta los 290.727,41 euros, con arreglo a lo establecido en el artículo 130 de la Loreg.

En lo que concierne a la labor realizada por Neurona, Podemos señalaba «que no se trata de un trabajo de consultoría al tener como objetivo la elaboración de líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos/as y la producción de material de carácter electoral», un elemento que según la legislación electoral, no se considera comprendido en los conceptos enumerados en el artículo 130 de la Loreg. Ante estos reparos, Podemos aportó vídeos y diseños publicitarios que buscaban justificar que ese servicio se prestó. Sin embargo, a juicio del Tribunal de Cuentas, «no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor».

Y el informe añadía: «Durante la fiscalización se solicitó a la coalición sucesiva información en relación con el gasto, en concreto, que aportara un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios a prestar y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación». Podemos remitió entonces al Tribunal de Cuentas un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habido sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019. En ese contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado. «De la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2019, no coincidiendo su objeto social con las prestaciones contratadas», concluye el informe.

De ello se deducen, según el fiscal, varios elementos sobre los que debe pronunciarse la Justicia. En primer lugar porque Neurona Consulting se inscribió en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, 15 días antes de facturar a Unidas Podemos. En segundo lugar, por el hecho de que «no coincide su objeto social con las prestaciones contratadas». Y por último, porque no se puede acreditar que esas labores de asesoría –que no pueden ser computables como gasto electoral y susceptibles de ser sufragadas mediante subvención– se prestaran de una manera efectiva. Todo ello, hace inferir al fiscal del Tribunal de Cuentas que el contrato facturado a Neurona por 363.000 euros pudiera haber sido simulado.