Así eligen Europa y EE UU a su Poder Judicial

La proposición de ley para cambiar el CGPJ del PSOE y Podemos ha encendido todas las alarmas en Europa porque limita la independencia

La polémica proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados para cambiar la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encendido todas las alarmas en España y Europa. Hasta ahora, eran designados con una mayoría reforzada de 3/5 en el Congreso y en el Senado y la idea de la coalición es reducirlo hasta la mayoría absoluta.

Reino Unido

El Reino Unido es un país que no cuenta con Constitución escrita. En el caso concreto de Inglaterra y Gales (ya que Escocia e Irlanda del Norte tienen sus propias competencias) los puestos para jueces se anuncian en publicaciones jurídicas especializadas o incluso en la Prensa, de igual modo que podría ocurrir en el sector privado. Ahora bien, el nombramiento de los cargos judiciales -como por ejemplo el Tribunal Supremo- corresponde luego la Reina Isabel II, a propuesta del Primer Ministro o de la importante figura del Lord Canciller.

La llamada Comisión de Nombramientos Judiciales elige a los candidatos, que han tenido que dedicarse al derecho durante 25 años y superar unas evaluaciones. La comisión está formada por 15 miembros, 5 de los cuales son jueces profesionales. En su proceso de selección se incluye una entrevista personal y varias pruebas prácticas y se tiene en cuenta la reputación y capacidades intelectuales y comunicativas del candidato. Con los elegidos se percibe como el reconocimiento del éxito obtenido en el ejercicio de la profesión jurídica realizada.

Cada juez sabe que la designación para el cargo lo es hasta el momento de su jubilación (están obligados a retirarse a los 70 años si ocuparon un cargo judicial antes del 31 de marzo de 1995, o a los 75 si lo hicieron después). Ello no quiere decir que un juez no pueda cesar en el cargo. El cese del juez profesional se produce o bien por la renuncia del interesado al cargo, o bien por su destitución. Esta última, en el caso de los jueces de categorías superiores de la magistratura, exige la decisión de la Reina como consecuencia de una moción en este sentido aprobada por las dos Cámaras del Parlamento.

Al no existir carrera funcionarial, no existen “puertas giratorias” en este ámbito, ya que el juez que renuncia a su cargo lo hace para siempre, no existiendo la posibilidad de la “excedencia”.

Francia

En Francia, las distintas instancias judiciales del país hacen proposiciones al jefe del Estado que concreta los nombramientos por decreto. El Consejo Superior de la Magistratura es el órgano constitucional encargado de asistir al Presidente de la República en la tarea de garantizar la independencia de la autoridad judicial. La sala competente sobre los jueces está integrada por doce miembros: cinco magistrados, un fiscal, un consejero de Estado, los presidentes de las dos cámaras (Asamblea Nacional y Senado) y  tres miembros más nombrados directamente por el presidente.

Sin embargo, Francia tampoco escapa al debate y la controversia, cada cierto tiempo, con sospechas más o menos fundamentadas sobre la presión política en la judicatura. Especialmente se dieron casos en este sentido durante las presidencias de Mitterrand y Chirac. Pese a ello, se considera que la tremenda complejidad del proceso de nombramientos de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura permite asegurar unos márgenes de independencia al sistema judicial. Además este Consejo fue reformado tanto en 1993 como en 2008, ya con Sarkozy en el poder, recortando algunas posibilidades de intrusión y presión y reafirmando al mismo tiempo su vocación independiente, más o menos asumida en la Francia actual. Pese a ello, existen episodios recientes en los que políticos de primera línea implicados en procesos judiciales, como la ultraderechista Le Pen o el izquierdista Melenchon, han puesto en tela de juicio esa independencia.

Italia

El equivalente en Italia al Consejo General del Poder Judicial sería el Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Está compuesto por 27 miembros, de los que tres tienen un cargo permanente, dos tercios son elegidos por los propios jueces inscritos en diferentes organismos judiciales y el otro tercio lo escoge el Parlamento. El funcionamiento del CSM se ha reformado en distintas ocasiones a lo largo de la historia, aunque desde el 2002 el mecanismo de elección permanece invariable y tampoco hay reformas a la vista.

Formalmente la presidencia del organismo la ejerce el presidente de la República, como miembro permanente. También tienen un asiento fijo el fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal Supremo. Sin embargo, en la práctica, quien juega un papel central es el vicepresidente, que forma parte de los magistrados elegidos por el Parlamento. Para su nombramiento es necesaria una mayoría de tres quintos en ambas cámaras. A menudo estos miembros han sido diputados, aunque su ingreso en el CSM invalida la actividad en paralelo de cualquier cargo político. Suelen ser escogidos profesores universitarios de Derecho o abogados con una carrera de al menos 15 años.

Este sistema mixto otorga un alto grado de autonomía al poder judicial italiano, que está bastante alejado de la política, pero al mismo tiempo impide que se convierta en un órgano autoreferencial. El cargo para los miembros del CSM elegidos por el Parlamento dura cuatro años, mientras que la legislatura política son cinco, de forma que se evita que haya una votación con cada mayoría parlamentaria.

Polonia

En Polonia, los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el presidente de la República a petición del Consejo Nacional del Poder Judicial. Este último órgano es el encargado de velar por la independencia de los jueces; su elección se hace a través del Parlamento polaco por una mayoría cualificada de 3/5 votos y, en caso de que fuera necesaria una segunda vuelta, por votación nominal.

El nuevo sistema de votación se aprobó en diciembre 2017, la Comisión de Venecia se pronunció asegurando que en un Estado de Derecho, una parte significativa o la mayoría de los miembros de los consejos judiciales deberían estar elegidos por jueces. El Tribunal Constitucional analizó el caso un año más tarde y aseguró que la composición y elección del Consejo Nacional del Poder Judicial respeta los principios constitucionales polacos.

Desde 2017 la Unión Europea y Polonia han protagonizado un enfrentamiento por el sistema judicial en el país. A la UE no solo le preocupa la manera de designar a jueces, sino las reformas en la estructura del poder judicial que va abarcan desde los tribunales ordinarios, hasta el Ministerio Fiscal. Polonia, al igual que Hungría, tiene un proceso abierto con Bruselas que incluye una hipotética aplicación del capítulo 7 del tratado de Lisboa por riesgo en la vulneración de derechos comunitarios.

Hungría

En Hungría, el Consejo Nacional del Poder Judicial es un organismo independiente que, de acuerdo a Ley Fundamental (constitución), tiene entre sus principales labores la de supervisar al presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial (ONJ) y participar en la administración de los órganos jurisdiccionales. Los jueces son designados por el presidente de la República siguiendo una recomendación del presidente de la ONJ basada en una clasificación de los candidatos establecida por los consejos locales de la judicatura (formados por jueces elegidos por sus homólogos).  Compuesto por 15 miembros, uno de ellos es el Presidente del Tribunal Supremo (Kúria), mientras que los 14 miembros restantes son elegidos durante una reunión de delegados de jueces por mayoría simple y en votación secreta.

El presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial es elegido por mayoría de dos tercios en el Parlamento húngaro a propuesta del Presidente de la República, es el encargado de la administración central de los órganos jurisdiccionales. El mismo presidente juega un papel fundamental en la elección de quienes en un futuro tendrán la labor de inspeccionar sus decisiones. Una vez formado el Consejo, este tiene una alta dependencia del presidente de la ONJ. Por ejemplo: no tienen derecho a ser consultados en relación a propuestas legislativas que afecten al sistema judicial, así como al nombramiento de presidentes de los tribunales o gestores de órganos jurisdiccionales.

El Consejo Nacional del Poder Judicial criticó al antiguo presidente de la ONJ por haber infringido la ley al anular los procedimientos para la selección de los presidentes de tribunales y nombrar de forma discrecional a presidentes interinos de tribunales sin la aprobación del Consejo Nacional del Poder Judicial.

Alemania

En Alemania se selecciona a los jueces en un primer momento a nivel de los estados federados y en función de criterios de excelencia. Sin embargo, a nivel nacional la elección de los principales órganos legislativos del país están fuertemente influidos por la llamada “Comisión para la Elección Judicial”, compuesta por los ministros federales competentes, así como un número igual de expertos designado por el Bundestag o parlamento. La composición está recogida en el artículo 95 de la constitución alemana, en vigor desde 1949. Es por ello que en la práctica y hasta ahora, los mayores partidos del país, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) así como el Partido Socialdemócrata (SPD) son quienes tienen la última palabra a la hora de designar a los jueces de mayor influencia. Los partidos de la oposición han criticado el procedimiento, hasta ahora sin éxito, ya que no tienen la mayoría necesaria en el parlamento para cambiar la constitución.

El Tribunal Constitucional, compuesto por 16 jueces, por otro lado, es elegido por un grupo de 12 diputados y senadores a puertas cerradas. Los jueces elegidos permanecen doce años en su puesto o cuando cumplen 68 años y no pueden ser reelegidos. La influencia política ejercida en el órgano legislativo quedó patente como nunca el pasado junio: El presidente actual del Tribunal Constitucional alemán, Stephan Harbarth, fue diputado de la CDU durante nueve años y miembro de la directiva de la fracción de dicho partido en el Bundestag. La elección fue polémica porque en casos destacados como el escándalo del robo multimillonario denominado “Cum-ex” así como el escándalo de los motores diésel tuvieron relación con su trabajo como abogado y podría haber un conflicto de intereses en el caso de que estos temas lleguen al constitucional.

EE UU

El Tribunal Supremo de los EE.UU. elige a sus jueces por votación en Senado, previa nominación por parte del presidente. Los jueces ejercen en su cargo de forma vitalicia. Sólo pueden ser retirados en caso de salir adelante un impeachment, y/o si deciden jubilarse. Si resulta elegida, la magistrada proveniente del 7 Circuito, Amey Coney Barrett, sería la tercera juez designada por Donald Trump. Ocuparía la plaza que dejó vacante Ruth Bader Ginsburg, recientemente fallecida. Antes de ella Trump y los republicanos del senado sacaron adelante los nombramientos de los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Por su parte sigue en el tribunal Stephen Breyer, debido a Bill Clinton, Elena Kagan, nominada por Barack Obama, y Clarence Thomas y Samuel Alito, propuestos por George W. Bush. La influencia decisiva del tribunal en la vida del país no puede sobreestimarse.

No sólo tiene la potestad de revisar las posibles apelaciones de todos los otros tribunales federales y estatales sino que también puede revisar las decisiones de los otros jueces y bloquear o incluso derogar una orden ejecutiva emanada de la Casa Blanca. Desde las cuestiones relativas a las declaraciones de impuestos de Donald Trump, a las discusiones sobre la II Enmienda y el derecho a portar y tener armas, el aborto, el dinero de las grandes corporaciones en las campañas electorales, la pena de muerte o el futuro del Obamacare, el Tribunal Supremo, previa demanda relacionada con alguna ley federal, una sentencia o una orden ejecutiva, opinará y ordenará en muchos de los asuntos que ocupan la agenda política y mediática.