El juez imputa al administrador general de Podemos por la financiación del partido

El juez Juan José Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos, ha citado a declarar en calidad de investigado a Carlos García Ramos, administrador general de Unidas Podemos el próximo 13 de noviembre. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid quiere interrogar al tesorero de Izquierda Unida (IU) en relación a los contratos formalizados por el partido de Pablo Iglesias con la consultora Neurona, pues el juez ve indicios de que los tres pagos efectuados a esta empresa en mayo del pasado año, tras las elecciones del 28-A, desde la cuenta electoral de la coalición “no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado por dicha mercantil” con ocasión de los comicios ni se trataron por tanto de gasto electoral.

En la resolución en la que acuerda la citación de García Ramos, el magistrado apunta que existen indicios de que el precio fijado en dicho contrato, por importe de 363.000 euros, fue satisfecho desde una cuenta electoral de la Caja de Ingenieros titularidad de la coalición electoral Unidas Podemos. Y asegura que si se tratara de una “distracción de dinero proveniente en dicha cuenta electoral” se habría cometido un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Este delito, recuerda, “solo puede ser cometido por los administradores

generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales”. De ahí que, continúa, ostentando García Ramos, junto al tesorero Daniel de Frutos (ya investigado en esta causa), la condición de administrador general de Unidas Podemos, tal y como ha acreditado al juez la Junta Electoral Central, proceda tomarle declaración en relación a las tres transferencias realizadas desde esa cuenta electoral de la formación morada.

En su declaración ante el juez, el ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente aseguró que García Ramos -quien junto a Daniel de Frutos se encargó del control de la candidatura de Unidas Podemos de cara a las elecciones de 2017- mostró su preocupación por los requerimientos realizados por el Tribunal de Cuentas en relación al contrato que Podemos otorgó a Neurona. “Hay contratos que se los pasan [a Mónica Carmona] de la coalición electoral. Hay una serie de documentos que ponen en alerta al Tribunal de Cuentas, porque no los ven claros, y entonces los miembros de la coalición electoral se ponen muy nerviosos y se preguntan ¿qué está pasando aquí?”, refirió Calvente a juez.

Exculpa a Mayoral

Por otro lado, el instructor ha archivado la parte de la investigación que indagaba en la posible existencia de un delito de administración desleal por parte de Rafael Mayoral en la gestión de la caja de solidaridad de Podemos. El magistrado asegura respecto a los 50.000 euros que fueron a parar a la entidad #404 Comunicación Popular (en tres transferencias entre septiembre de 2019 y el pasado junio) que, según ha determinado la investigación, se dedica a “recaudar donaciones a través de la Fundación Goteo mediante un sistema de corwfunding”.

Además, constata que la mayoría de las personas que forman parte de dicha asociación son “miembros del partido político Podemos, ostentando alguno de ellos cargos dentro de dicho partido”.

El juez reseña que no advierte “ningún indicio existe de que dicha asociación no desarrolle la actividad para la que fue constituida”, ni tampoco, por tanto, de que dichas cantidades recibidas de Podemos, “pudiendo provenir de la Caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad”

En definitiva, concluye que “no resulta anómalo o extraño” que el dinero de la caja de solidaridad se destinase “a fundaciones o movimientos cercanos” a Podemos, e incluso que, como sucede en este caso, estén formados por miembros de la formación morada “que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad”.