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La Fiscalía investiga el acuerdo de Educacion que permite pasar de curso con suspensos

El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia de un particular contra la ministra de Educación. El Departamento de Celaá ya ha remitido la documentación solicitada

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel CelaáEUROPA PRESS/J. Hellín. POOLEuropa Press

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha reclamado al Ministerio de Educación de Isabel Celaá documentación sobre el acuerdo adoptado en abril por la Conferencia Sectorial de Educación que permitía pasar de curso con suspensos.

El teniente fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas, ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia de un particular contra la ministra de Educación, donde se ponía de manifiesto que dicha decisión podría haber constituido un presunto delito de prevaricación, según ha adelantado El Mundo, y ha confirmado LA RAZÓN.

Tras recibir dicha denuncia y estudiarla la Secretaría Técnica de la Fiscalía, el Ministerio Fiscal decidió abrir diligencias para esclarecer los hechos y ha solicitado recientemente a Educación todo el expediente administrativo para saber cómo se adoptó dicho acuerdo y por qué razones, explican las fuentes consultadas a la Agencia Efe.

La Fiscalía se encuentra actualmente a la espera de recibir la documentación solicitada y tras estudiarla, añaden las fuentes, se comprobará si se ha incurrido en alguna conducta que pudiese ser constitutiva de delito.

El denunciante llevó los hechos a la Fiscalía al considerar que el acuerdo podría haberse adoptado por un órgano que no tenía competencias para ello, la citada conferencia sectorial de Educación.

EL Departamento de Celaá recibió el pasado viernes el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo donde se le solicitaba la diversa documentación sobre la Orden donde se recogía el poder pasar de curso con suspenso.

Esa información se reclamaba por el Ministerio Público en el marco de las diligencias incoadas para investigar la denuncia formulada por un ciudadano. “Se investiga por tanto una denuncia, no a una persona o personas, sin que en el escrito remitido por la Fiscalía al Ministerio de Educación y Formación Profesional se especifiquen los motivos de esa denuncia.”, se asegura al respecto desde el Departamento que dirige Isabel Celaá.