Tribunales

El novio de Ayuso pide elevar la fianza de García Ortiz a 300.000 euros

APIF insiste al juez en suspenderle como fiscal general: "Es competente"

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El rey Felipe VI es despedido por la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló a su salida este viernes del Tribunal Supremo donde ha presidido el tradicional acto de apertura del año judicial © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 05 09 2025
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.El rey Felipe VI es despedido por la presidenta del TribunaAlberto R. RoldánFotógrafos

El novio de Isabel Díaz Ayuso recurre la fianza civil que impuso el Tribunal Supremo al fiscal general del estado para pedir que se eleve de los 150.000 euros acordados por el juez a 300.000 euros.

Los abogados de Alberto González Amador alude a los "daños morales padecidos" por el empresario tras la presunta filtración por parte de Álvaro García Ortiz de sus datos fiscales y los que asegura que ha sufrido "su entorno familiar directo".

La acusación particular asegura que la información fiscal reservada que implicó la revelación de secretos por la que será juzgado el fiscal general "no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.00 euros".

Pone de relieve en su recurso de reforma, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que no ha habido un día desde el 14 de marzo de 2024 en que "algún personaje político o periodístico, o con el Ministro Justicia a la cabeza, no denomine a través de los medios de comunicación a González Amador como delincuente confeso o defraudador confeso".

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) insiste al juez que ha mandado a Álvaro García Ortiz al banquillo en que es competente y tiene el deber de suspenderle cautelarmente como fiscal general del Estado.

En el recurso que ha presentado contra el "no" del juez Ángel Hurtado a apartarlo del cargo, esta acusación popular advierte de que "resultaría sumamente paradójico" que el instructor "estuviera legitimado para adoptar medidas tan contundentes como la prisión provisional", pero no para "suspender provisionalmente" a García Ortiz "de su empleo" tras pasar a ser un funcionario público acusado de un delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, esta parte defiende que la decisión sobre su continuidad debe recaer en el magistrado del Tribunal Supremo (TS) al no existir "analogía", antecedente, de una situación como esta y por haber estado implicada en la causa la fiscal jefe de Inspección, María Antonia Sanz Gaite, a la que teóricamente correspondería dictar el que García Ortiz dejase de dirigir la Fiscalía General del Estado.

Esta parte recuerda, en este sentido, que Gaite "pertenece a la misma asociación" de fiscales -la Unión Progresista de Fiscales (UPF)- que el propio acusado y ha sido propuesta en el escrito de acusación de APIF para que acuda como testigo durante la celebración del juicio.