La Fiscalía pide al Supremo que inste al Congreso el suplicatorio para actuar contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez

Se le investiga por una delito de atentado a la autoridad y una falta de lesiones en una protesta contra la Lomce en La Laguna (Tenerife) en el año 2014

La Fiscalía ha presentado hoy un escrito en el que interesa de la Sala Penal del Tribunal Supremo que se dirija al Congreso de los Diputados con el fin de solicitar autorización necesaria, el suplicatorio, para actuar contra el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez en relación con la causa en la que investiga un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad. Los hechos origen de la apertura de este procedimiento en el Supremo contra el diputado de Podemos están relacionados con una protesta contra la Lomce en La Laguna (Tenerife) que se produjo en enero de 2014 coincidiendo con la visita al municipio del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert (PP), y que terminó con el lanzamiento de objetos a los agentes por parte de los manifestantes. El citado diputado de la formación de Pablo Iglesias rechazó comparecer el pasado día 20 de forma voluntaria para declarar ante el instructor de ese procedimiento, el magistrado Antonio del Moral.

El Ministerio Público sostiene en su informe remitido a la Sala Penal del Supremo que una vez analizado el contenido de las actuaciones que le fueron remitidas, de las mismas se deduce “indiciariamente la participación" del citado diputado "en hechos que pudiéramos calificar jurídicamente de atentado a agentes de la autoridad y falta de lesiones”.

La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de la Laguna remitiese el pasado diciembre al Supremo las diligencias del procedimiento abierto, entre otros, al parlamentario morado tras el atestado instruido por la Policía de La Laguna, unos hechos por los que la Fiscalía solicita que se imponga a Rodríguez una pena de un año de prisión y un mes de multa.

El instructor acordó entonces la apertura del juicio oral contra él por un delito de atentado y una falta de lesiones, pero al acreditar su condición de diputado, acordó la nulidad parcial de esa resolución en lo que afectaba al aforado, al ser el Tribunal Supremo el competente para investigarle. La Sala Penal apreció también indicios de delito y abrió el correspondiente procedimiento contra Alberto Rodríguez.

Ahora, el siguiente paso será que el Alto Tribunal acuerde dirigirse al Congreso para que éste conceda el necesario suplicatorio para actuar contra el diputado de la formación morada, requisito indispensable para ello. Si la Cámara Alta lo denegara, la causa quedaría en suspenso.