Malestar en Anticorrupción ante las acusaciones de la Fiscalía General de Delgado de filtrar causas secretas

Fuentes fiscales rechazan que la fuga de información sobre la investigación al Rey Emérito tenga su origen en el departamento dirigido por Alejandro Luzón

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, durante el acto de presentación de la Guía para el Uso Forense del ADN.Marta Fernández Jara Europa Press

Un mes después de que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, acusara públicamente a la Fiscalía anticorrupción de ser una «escuela de filtradores», desde este departamento esperan algún pronunciamiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Estas declaraciones, que no han sido desautorizadas desde la jefatura, han generado malestar entre los fiscales de anticorrupción, según confirman a LA RAZÓN tres fuentes de este departamento.

Y la gota que ha colmado el vaso ha sido la nota de prensa enviada este martes por la Fiscalía General del Estado a los medios de comunicación en la que Dolores Delgado volvía a señalar a anticorrupción por otra presunta filtración. En esta ocasión tras publicar eldiario.es que este departamento investigaba al Rey Emérito Juan Carlos I por la utilización presuntamente irregular de tarjetas de crédito. La Fiscalía General del Estado anunciaba, por ello, la apertura de una investigación interna «a fin de comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes».

Alejandro Luzón

Esta decisión, que apunta directamente a la revelación del contenido de una causa secreta, pone en tela de juicio la labor del fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, quien vuelve a ser señalado por el supuesto descontrol de sus subordinados, que ya denunció el fiscal Navajas, el «número dos» de Delgado.

En anticorrupción rechazan haber filtrado información a la prensa, y llaman la atención en el hecho de que la investigación sobre Juan Carlos I, de la que fue informada Dolores Delgado, ha permanecido secreta durante más de un año.

Las fuentes de anticorrupción consultadas por este diario van incluso más allá, y aseguran que las críticas de Navajas y la investigación ordenada por la fiscal general del Estado contrastan con su reacción ante las filtraciones en otros departamentos. Recuerdan, en este sentido, que dos medios de comunicación anunciaron la semana pasada la intención de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar la investigación contra Juan Carlos I por el cobro de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) procedentes de Arabia Saudí.

Juan Ignacio Campos

En ese caso, Delgado no reclamó a la Inspección Fiscal la apertura de ningún expediente interno sobre la actuación del máximo responsable de esta investigación, el fiscal de Sala Jefe de lo Penal, Juan Ignacio Campos, cuya decisión fue adelantada por la prensa.

Tampoco contra los otros cuatro fiscales que han investigado los fondos opacos del Rey Emérito: Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro, Juan Carlos López y Rosa Ana Morán.

Pero esta no es la primera actuación de la cúpula fiscal que señala al máximo responsable de anticorrupción. Luzón también fue desautorizado por Navajas, quien acusó a uno de los fiscales del «caso Villarejo» de haber otorgado trato de favor a la abogada de Podemos.

‘Caso Villarejo’

Apenas unos días antes el jefe de anticorrupción había defendido el trabajo del fiscal Ignacio Stampa y de su compañero en la investigación de las actividades ilegales del ex comisario Villarejo, Miguel Serrano.

«Yo como fiscal jefe a lo que me remito es a la actuación procesal de los fiscales en este procedimiento. Una actuación, a juicio de la Fiscalía, impecable y en las antípodas de cualquier conspiración», había asegurado Luzón durante la declaración como testigo en el «caso Dina» del ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente celebrada en la Audiencia Nacional.

Navajas, quien acabó disculpándose, reconoció que las informaciones sobre las supuestas revelaciones del sumario del “caso Villarejo” a Podemos eran falsas. Sin embargo, puso en duda el argumento de Luzón, pese a que sabía que la Inspección Fiscal había archivado las denuncias contra el fiscal Stampa.