La Fiscalía de Madrid ha presentado en menos de dos meses diez denuncias contra “okupas” de viviendas públicas

Dos de esas viviendas se utilizaban también como “punto de venta” de drogas

Agentes de Policía Municipal vigilan una concentración contra el desalojo de un bloque okupado en Madrid
Agentes de Policía Municipal vigilan una concentración contra el desalojo de un bloque okupado en Madrid FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

Un total de 21 diligencias de investigación abrió la Fiscalía Provincial de Madrid en menos de dos meses, en concreto en apenas 50 días, fueron abiertas desde el pasado 9 de octubre a raíz de las denuncias presentadas por la ocupación ilegal de otros tantos inmuebles de titularidad pública que deberían estar siendo utilizados por familias en situación de vulnerabilidad. De esas 21 diligencias diez se han transformado ya en la presentación de las correspondientes denuncias. Se cumple de esta forma con la reciente Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado, que instaba a solicitar el desalojo de los ocupantes ilegales, previo aseguramiento, a través de la coordinación con las autoridades, de una solución habitacional para los menores y las personas especialmente vulnerables que residieran en ellos.

Estas cifras se conocen apenas 24 horas después de que el vicepresidente primero del Gobierno, Pablo Iglesias, anunciara que en apenas dos semanas el Ejecutivo aprobaría una medida para evitar “los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables”.

De las diez denuncias que se tramitan por ocupación ilegal, dos de ellas también se siguen por tráfico de drogas. Se trata de investigaciones seguidas en la Fiscalía Provincial de Madrid a tenor de denuncias interpuestas a principios de año por los titulares de las Consejerías de Justicia, Interior y Víctimas, y Vivienda y la Administración Local de la Comunidad de Madrid que aludían de la posible existencia de grupos u organizaciones criminales vinculadas con la comisión de infracciones penales en torno o haciendo uso de viviendas ocupadas.

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó ante el juez dos denuncias por un presunto delito de tráfico de drogas a cargo de los ocupantes de las viviendas ya que las utilizaban como punto de venta y distribución de sustancia estupefaciente, además de como residencia habitual. En una de ellas, incluso, convivían junto a dos hijos menores de edad.

Empadronados en la vivienda ocupada

Una de las casas, propiedad de la Agencia Social de la Vivienda de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, fue ocupada sin autorización ni título habilitante que les autorizara a permanecer en la misma. En una de las denuncias se refleja incluso que sus ocupantes llevaban allí empadronados desde hacía nueve años como lo demuestran los correspondientes recibos de una empresa de telefonía y que traficaban con droga en una vivienda que estaba a menos de cien metros de distancia de dos escuelas infantiles.

La otra denuncia se refiere a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Provincial de Madrid a través de su Unidad de Policía Judicial adscrita que condujeron a identificar otros dos pisos contiguos usurpados ilegalmente. En uno residía un hombre con tres hijos menores de edad y en el otro su madre junto a la pareja sentimental del hombre.

La correspondiente denuncia interpuesta y la solicitud de entrada y registro, facilitó el desmantelamiento de dicho punto de distribución, al tiempo que se procedió a la detención de varios de los implicados en estos hechos. La última denuncia presentada pide al juzgado que investigue el uso para la venta de drogas que aparentemente le están dando los ilegítimos moradores a una vivienda titularidad del IVIMA.

Las otras ocho denuncias presentadas y no relacionadas con el tráfico de drogas aluden a distintos motivos. Por ejemplo, una de ellas va dirigida contra los nueve ocupantes de dos viviendas contiguas de titularidad pública pertenecientes a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid con un derecho 100 por cien de propiedad, por un delito de usurpación.

Según el contrato de arrendamiento firmado en 1990, los dos adjudicatarios “en un unión de los demás investigados” que formaban parte de una única unidad familiar anexionaron su vivienda a otra contigua que procedieron a ocupar “sin la habilitación legal, y sin suscribir título alguno de compra o arrendamiento, que les autorizase para esta anexión, para lo cual realizaron comunicación entre ambas viviendas si poseer los permisos legales, residiendo todos ellos como si de una vivienda única se tratare”.