Crisis post-covid en Moncloa

La posibilidad de una remodelación del Consejo de Ministros se alimenta por las desavenencias internas, pero no se espera hasta superar dos retos para el Gobierno: aprobar los PGE y la campaña de vacunación

a tradicional imagen de los ministros al completo en la escalinata de Moncloa que marca el comienzo de la andadura de la legislatura de cada Gobierno
a tradicional imagen de los ministros al completo en la escalinata de Moncloa que marca el comienzo de la andadura de la legislatura de cada Gobierno© Alberto R. RoldanLa Razon

Calma tensa en Moncloa. El Gobierno de coalición, inédito en la democracia, no solo ha tenido que enfrentarse durante estos más diez meses de bagaje la inexperiencia, sino que su falta de rodaje y de sintonía interna entre socialistas y morados ha confluido con una crisis sanitaria sin precedentes, que ha magnificado las divergencias que existen entre los socios de Gabinete en cuestiones de fondo y de carácter social para hacer frente a la pandemia. Las crisis en el Ejecutivo se han ido sucediendo a lo largo de los meses y con demasiada asiduidad por el afán de Unidas Podemos de marcar perfil y exigir su cuota de protagonismo dentro del Gobierno. El punto de inflexión de esta actitud de «oposición dentro del Ejecutivo», como la define un cargo socialista, se produjo después de las elecciones en el País Vasco y en Galicia, el pasado 12 de julio, cuando las marcas moradas en ambos territorios quedaron muy debilitadas, si no abocadas a la desaparición. La materialización de este fracaso electoral fue una suerte toque de atención y de nefasto balance de los primeros seis meses en Moncloa para Pablo Iglesias, que hizo cundir el pánico sobre la posibilidad de quedar fagocitado, ante la nula rentabilidad política de su presencia en el Consejo de Ministros.

Desde entonces, las salidas de tono y la asunción de un excesivo protagonismo por parte de la cuota morada, a costa de «deslealtades» a la parte socialista, han sido una constante que ha tensionado las relaciones al extremo. Sin embargo, dentro del Gobierno aseguran que la coalición no está en peligro. Ya no recurren al símil sanitario de que «goza de buena salud», sino que se esfuerzan en hacer pedagogía sobre la «naturalización» y la «desdramatización» de las diferencias aireadas en público. Lo que sí recorre los pasillos de La Moncloa con cierta regularidad es la posibilidad de que se produzca una remodelación del Consejo de Ministros. Una posibilidad que se alimenta al calor de las continuas desavenencias entre los socios.

No se espera a corto plazo –«ahora no está sobre la mesa», resuelven–, pero no descartan hacer recuento de daños, una vez que el Ejecutivo despeje dos de sus retos más inmediatos. El primero de ellos es clave para la estabilidad del Gobierno, la aprobación de los Presupuestos antes de final de año; el segundo, trascendental para la estabilidad de España, el control de la crisis sanitaria, con el foco puesto en la campaña de vacunación que se desarrollará durante el primer semestre de 2021, en base a las previsiones de Moncloa. Hasta entonces, no anticipan ningún movimiento por parte del presidente que contribuya a generar nuevos elementos de inestabilidad. La decisión solo está en la cabeza de Pedro Sánchez, que medirá los tiempos al milímetro, pero desde su entorno avanzan que no está en sus planes inmediatos. Trasladan tranquilidad.

Cambio de ciclo

En la misma línea se expresó el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, principal elemento disruptivo del Gabinete, que negó cualquier eventual remodelación del Gobierno una vez que se supere la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado antes de que acabe el año. «Las cuentas vienen a confirmar que la coalición está fuerte. Poca gente se podía imaginar que el bloque de la investidura se vería reforzado con el “sí” de Bildu, ERC, también del PNV... Se refuerza la dirección de Estado progresista y tenemos razones para estar satisfechos», aseguró el líder morado. Y no es para menos, Sánchez acaricia ya este ansiado objetivo, que se le ha resistido desde que en 2018 llegara al poder.

En Moncloa focalizan cualquier conversación en la importancia de tener unos nuevos presupuestos, que –además de vehicular los fondos europeos– les garantizarán la supervivencia de la coalición hasta agotar la legislatura o hasta que los partidos que componen decidan ponerle fin. Unas conversaciones que eluden, sin embargo, valorar los socios con los que se ha conseguido alcanzar tal objetivo. «Hay que sacarlos como sea», argumentan.

Pero, si no hay un cambio en las carteras, la aprobación de las cuentas públicas sí traerá aparejado un cambio de actitud. Tanto en la parte socialista como en la morada asumen que se abrirá una nueva etapa en su relación interna y en la interlocución con otros partidos. Sánchez podrá desembarazarse de la dependencia actual que mantiene de Iglesias, a quien permite apuntarse todos los tantos cada vez que surge una crisis. La última, su inclusión en la gestión de las ayudas europeas después de haber excluido al vicepresidente y sus ministros del centro de mando o el anuncio verbalizado por parte del vicepresidente de una regulación contra los desahucios que corresponde a la cartera de José Luis Ábalos. Para esta nueva etapa, el PSOE quiere seguir contando con Ciudadanos, aunque su apoyo para los Presupuestos –para el que se había trabajado intensamente desde el entorno de Sánchez–, se haya demostrado finalmente inviable. Este giro más centrado tendría su reflejo también en la futura remodelación, que nadie duda que se percibirá como un gesto hacia Bruselas con la reducción de su mastodóntico gabinete de 22 ministros. Sin embargo, cualquier cambio requiere una negociación con Podemos, que firmó mantener su cuota de poder a salvo de eventuales modificaciones que surgieran.

Nuevos choques se anticipan, también a cuenta de la proximidad de las elecciones catalanas, en las que la marca morada buscará visibilizar nuevamente su perfil propio. Un clima preelectoral que lo envolverá todo y que tendrá también su efecto en las relaciones con los socios del Gobierno. Desde Podemos se ha presionado para que el Ejecutivo resolviera los indultos de los líderes del «procés» antes de este proceso electoral, algo ajustado por los plazos. Lo que sí estaría en condiciones de ser debatido en el Congreso antes del 14-F es la reforma del delito de sedición, que, según las previsiones del Ministerio de Justicia, estará lista antes de que acabe 2020. Una vía que se antoja menos nociva para el Gobierno, que el de la medida de gracia discrecional, y que tendría el mismo efecto favorable para Junqueras y sus compañeros presos.