Hace 42 años

«La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de»: La Constitución española fijó en 1978 la intención y el espíritu de un nuevo tiempo. En plena Transición su redacción recogió las aspiraciones de una sociedad que rompía con la dictadura y buscaba consolidar la democracia en España. Pocas veces en la historia de nuestro país se ha producido esa simbiosis, esa coincidencia de objetivos que unió a representantes de muy distintas ideologías por un fin común. Así se percibe desde el mismo preámbulo de la Carta Magna, desde las primeras líneas que dan paso a su contenido y lo explican: una declaración de intenciones en la que la Nación española (el sujeto) manifiesta de forma clara y rotunda su «voluntad de acuerdo». Y ese es, sin duda, uno de los aspectos fundamentales que influyeron en el éxito para consensuar un texto jurídico capaz de ser útil a todos los españoles a lo largo del tiempo. Mucho se habló hace unos meses, al comienzo de la pandemia, de la posibilidad de alcanzar grandes acuerdos para afrontar una situación de excepcional gravedad. Se llegó, incluso, a apuntar a una reedición de los Pactos de la Moncloa. ¿Existe ahora, en 2020 en medio de la crisis social, sanitaria y económica más grave desde la Guerra Civil, aquella voluntad de acuerdo político?

«Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo». Una de las principales aspiraciones de los llamados padres de la Constitución (¿dónde están las madres?) fue la de construir un marco legal que diera la suficiente seguridad jurídica a los ciudadanos. Un espacio común de consenso. La Carta Magna marca las líneas generales que luego otras leyes deben desarrollar después. Sin embargo, a lo largo de cuatro décadas han quedado asignaturas pendientes, como perfeccionar el Estado autonómico para aclarar las competencias que corresponden a cada administración. Y esta ausencia de desarrollo es solo atribuible a la voluntad política: nunca se ha encontrado el momento adecuado. Además, la Constitución requiere de reformas y modificaciones para adaptarla a los tiempos, según coinciden todos los expertos. Retoques, no derribos. ¿Es el actual un buen tiempo para afrontar estos cambios?

«Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular». El respeto a la separación de poderes fue uno de los aspectos clave del 78: garantizar que el ejecutivo, el legislativo y el judicial tuvieran su necesaria independencia. Con una reforma pendiente en el Congreso que rebaja la mayoría en la elección del CGPJ (y que es cuestionada por Europa), las dudas sobre la politización de la Justicia se extienden. ¿Garantizan la separación de poderes todas las leyes que llegan a las Cortes?

«Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones». El debate territorial está ligado a la historia de España. Una enorme riqueza cultural y lingüística que encuentra difícil acomodo en lo político, pese a que las bases están perfectamente diseñadas en la Carta Magna. Años de tensiones por el «procés» y la vuelta a escena del independentismo vasco (que tanto dolor ha causado) para insistir en el derecho a la autodeterminación (que ningún organismo internacional reconoce), distorsionan gravemente la convivencia. ¿Respetan los partidos nacionalistas el carácter plural de España y la igualdad de todos los españoles?

«Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida». Uno de los valores fundamentales del texto constitucional fue el de intentar construir una sociedad mejor. No solo desde el punto de vista institucional, fijando los cauces de lo común, sino también para que la vida de sus ciudadanos mejorase de nivel. Educación, cultura y una red de seguridad económica deben estar entre los objetivos. ¿Se invierte lo suficiente en estado de bienestar?

«Establecer una sociedad democrática avanzada, y» En 1978 la aspiración era poder alcanzar un nivel de democracia como el de los países de nuestro entorno. A lo largo de los años España ha ido consolidándose en cada ranking: en 2018 ocupaba el puesto 18, por delante de Francia, según The Economist. ¿Existe la voluntad de avanzar más y de adaptar la democracia a los retos de las sociedades digitales?

«Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra». Y, por último, el paso de una España aislada a una España en el mundo: un papel diplomático destacado, misiones en el exterior, pertenencia a organismos internacionales y, en especial, a la Unión Europea, el mayor espacio de respeto a los derechos humanos del mundo. ¿Defienden todos los partidos que forman parte del Congreso el papel de la UE?

«En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente CONSTITUCIÓN». Las sociedades cambian. La España de 2020 dista mucho de la de final de los 70: más moderna, desarrollada, compleja y, también, algo más descreída. El 6 de diciembre siempre es un buen día para hacer balance y plantearse si seríamos capaces hoy de escribir un preámbulo como éste. Tenemos las bases con una Constitución fuerte y resistente, pero ¿pervive el espíritu del 78, ese que logró construir una sociedad de concordia y que ha propiciado décadas de prosperidad y bienestar?