El CGPJ desafía al Gobierno con más nombramientos

El Gobierno sigue avanzando en su intención de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En fondo y forma. En forma, con el simbólico anuncio por parte del presidente del Gobierno de que llamará próximamente a Pablo Casado para desencallar “de una vez por todas” la negociación del órgano de gobierno de los jueces. En fondo, cuando mañana el Congreso de los Diputados debata y vote la toma en consideración de la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos para limitar sus facultades, una vez caducado su mandato.

Actualmente, el CGPJ lleva dos años en funciones. Desde el Ejecutivo se sostiene que el pacto con el principal partido de la oposición está ya “cerrado” y que los populares ponen “excusas” cuando llega el momento de anunciarlo o ponerle fecha. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llegó a hacerlo, anticipando que estaría cerrado antes de que acabara el año, pero desde Génova hicieron que se desvaneciera toda expectativa, negando que se fuera cerrar en 2020.

Estos pronunciamientos crearon un profundo malestar en Moncloa, donde ya asumen que el pacto por la renovación del CGPJ no se cerrará hasta después de las elecciones catalanas. Entienden que el PP necesita “margen” ante Vox para no sufrir un importante “bocado” de los de Santiago Abascal en los comicios del 14 de febrero. Y “margen” es precisamente lo que los socialistas están dando a Casado en este campo, apaciguando las prisas de Unidas Podemos por poner en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para rebajar las mayorías para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. A los morados les interesa que persista el bloqueo del PP para avanzar en esta modificación y poder alumbrar una renovación con ERC y EH Bildu. Sin embargo, en el PSOE no exploran esta vía y prefieren esperar al PP, aunque mantengan la presión con la iniciativa que se votará esta semana en el Congreso y que prevé limitar las facultades del Poder Judicial mientras esté en funciones, en concreto, los nombramientos.

Sin embargo, en el CGPJ no se van a quedar parados a la espera de que PSOE y PP puedan finalmente cerrar el acuerdo que permita renovar al Consejo de más larga duración desde su creación. El órgano de gobierno de los jueces y magistrados continúa cumpliendo con sus funciones, entre ellas la de realizar los nombramientos discrecionales de aquellas plazas que han quedado vacantes, por independiente de las iniciativas que hayan puesto en marcha los partidos con representación en el Gobierno. Sobre esta cuestión, fuentes próximas a los negociadores reconocieron a este periódico que en estos momentos la negociación está “difícil”, por lo que no resulta nada fácil “dar una fecha” de cuándo se puede producir.

Así, el Pleno que celebrará el Consejo el próximo jueves prevé incluir en el orden del día al menos la propuesta para la designación de cuatro plazas judiciales, según confirmaron a LA RAZON fuentes jurídicas. En concreto, se trataría de la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, presidencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional y presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias. Se da la circunstancia de que la designación de esta plaza requiere sólo de mayoría absoluta, es decir, once votos, por lo que estará en manos de los vocales “conservadores” llevarlos a cabo sin depender del respaldo de consejeros “progresistas”, ya que los primeros cuentan con diez vocales y el presidente, lo que sería suficiente para llevarlos a cabo.

En cambio, las presidencias de los tribunales superiores de Justicia de País Vasco y Extremadura, así como de alguna vacante en el Tribunal Supremo, para las cuales sí se requiere una mayoría cualificada de 13 votos y, por tanto, sí es imprescindible un acuerdo entre ambos grupos para poderlos llevar cado, volverán de nuevo a quedar pendiente al menos un mes más, hasta el pleno de finales de enero; pero, tal como señalan algunos vocales “si entonces no hay acuerdo, nos plantearemos seriamente realizar esos nombramientos”.

Hasta 2021

Con el calendario parlamentario en la mano, no está previsto que la proposición de ley de PSOE y Podemos para limitar estas facultades esté aprobado hasta el mes de febrero. No en vano, los socialistas ya han pedido que se habilite el mes de enero, que a efectos prácticos es inhábil, para que sea periodo ordinario y poder celebrar así cuantas sesiones sean precisas para aprobar la reforma “cuanto antes”. Esta reforma tampoco cuenta con el beneplácito del Poder Judicial. Tal como señala algún vocal del denominado “grupo progresista”, la Ley Orgánica del Poder Judicial, “pese a lo que se viene diciendo”, sí regula el funcionamiento del CGPJ cuando se encuentra en funciones, “y la única limitación que se establece es que no se puede nombrar a un nuevo presidente”, por lo que cumplir esas funciones, entre ellas la de realizar nombramientos, no es más que “actuar conforme a las previsiones de la Ley”. Y, añade al respecto, en el fondo, lo que se produce es la sensación de querer proyectar “en el propio Consejo el fracaso en los intentos de llegar a un acuerdo de renovación”.