El Gobierno quiere desactivar al CGPJ si no hay renovación

Moncloa mueve ficha ante el bloqueo total en el que está sumida la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por un lado, la negociación entre el ministro de Justicia y el principal partido de la oposición para la composición del CGPJ sigue estancada. Por otro, y como consecuencia directa de este «impasse» negociador, la reforma que PSOE y Unidas Podemos habían presentado en el Congreso de los Diputados para sortear el veto del PP también está paralizada. A dejarla en «stand by» se comprometió el propio Pedro Sánchez con Pablo Casado durante el debate de la moción de censura de Vox , aunque en el Ejecutivo comienza a agotarse ya la paciencia y advierten de que no esperarán indefinidamente.

El malestar en el Gobierno es un hecho, pues aseguran que existe ya «un acuerdo cerrado» con el PP para renovar el mandato del órgano de gobierno de los jueces, pero que los populares se «desdicen» y «buscan excusas» cuando llega el momento de anunciarlo o poner fecha al relevo . Sentó muy mal que los de Casado desmintieran al titular de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando aseguró que el pacto estaba próximo y señalaran que, por su parte, no habrá renovación antes de que acabe el año. «El ministro no miente», se revuelven. Esta cuestión está generando también roces dentro de la propia coalición, porque si bien enPodemos son partidarios de reactivar y a la polémica reforma del Poder Judicial, para rebajar las garantías aritméticas de la elección del CGPJ, en el PSOE quieren dar un margen de tiempo «prudencial» a los populares para que haya una «reacción» y se proceda a «cristalizar el acuerdo».

Para frenar las ansias de Unidas Podemos y elevar la presión sobre el PP, los partidos del Gobierno dieron ayer un paso intermedio, avanzando en una de las líneas que preveía la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ya presentada: la menos controvertida, la de la limitación de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, una vez que su mandato esté agotado y se encuentre en funciones. Esta cuestión sí cuenta con un amplio consenso por parte de los partidos de la oposición, ante la necesidad de regular qué competencias se deben ver mermadas una vez concluido el periodo por el que fueron elegidos estos cargos. El modelo a seguir, según fuentes socialistas, es el del Congreso de los Diputados. «No se entiende que un órgano “caduco” y “de salida” siga actuando como si tuviera plenitud de funciones», sostienen. En concreto, el ejemplo más práctico sería el que atañe a los nombramientos de nuevos jueces en las vacantes que hay disponibles y que se están cubriendo actualmente, pese a que el CGPJ va a cumplir dos años con el mandato caducado.

El objetivo es poder debatirla este mismo mes de diciembre aunque no se aprobaría hasta febrero. Se estima que después de las elecciones catalanas para dar margen al PP, ya que el movimiento político busca en último término redoblar la presión sobre Casado para que levante su veto. Esta iniciativa deja viva, y todavía paralizada, la reforma de la LOPJ presentada anteriormente, con la que se buscaba la modificación del sistema de elección de los jueces que componen el CGPJ. Esta parte, que se deja aparcada ahora, es la más polémica porque suponía rebajar el sistema de mayorías –de la cualificada de 3/5 (210 votos), a la absoluta de 176 diputados– y ni siquiera cuenta con apoyo entre los socios del Ejecutivo, que alertaron sobre el peligro que supondría para próximos gobiernos de derechas.

También recibió la censura de asociaciones de jueces, de los partidos de la derecha e incluso de organismos europeos como el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) que advirtió de que podía ir en contra del Consejo de Europa. Desde PSOE y Podemos se apunta que la opción de modificar el mecanismo de elección de los miembros del CGPJ sigue ahí, no se ha retirado, y que en caso de que el PP no se avenga al acuerdo se recuperará. En la parte socialista, sin embargo, esperan que los populares recapaciten y se pueda anunciar el pacto «ya cerrado».