Isabel Celaá, la ministra contra todos

Se ha salido con la suya y ha logrado la aprobación exprés de una Ley nefasta. Nunca, en todos los años de democracia, un proyecto legislativo salió adelante en el Senado sin aceptar una sola enmienda y sin volver al Congreso. Isabel Celaá es la impulsora de una «norma infame», en palabras de destacados miembros de la comunidad docente. La famosa «Ley Celaá», promovida por la ministra de Educación y Formación Profesional ha seguido una tramitación urgente en las Cortes de manera sectaria, a espaldas de todos y contra todos, con excepción de la izquierda radical y los separatistas. Adoctrinamiento ideológico, supresión del castellano como lengua vehicular, ataque sin precedentes a la escuela concertada y desprecio absoluto a la educación especial para alumnos discapacitados. Son algunas lindezas de este bodrio normativo, justificado sin rubor por el PSOE para calmar a sus socios de investidura, Podemos, ERC y EH-Bildu. La octava Ley educativa de la democracia entra en vigor con puño de hierro, sin ningún diálogo con los sectores educativos en pie de guerra, que denuncian una «tirana imposición» en las aulas. El PP llevará la «Ley Celaá» a los tribunales y no la aplicará en sus gobiernos autonómicos.

María Isabel Celaá Diéguez es una mujer incoherente en su conducta política. Radical defensora de la escuela pública, feroz combativa contra la concertada, a la que acusa de privatización lesiva para un sistema educativo ideologizado, laico y despreciativo con la asignatura de religión, se educó sin embargo en uno de los colegios más elitistas de Bilbao, el Sagrado Corazón, católico y plagado de niñas bien de la burguesía vasca. Para colmo, tampoco dudó en llevar a sus dos hijas, Bárbara y Patricia, a las monjas Irlandesas de Lejona, un centro de los más selectos de Vizcaya. La actual ministra de Educación se licenció en Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Deusto, cuna docente de los jesuitas y centro de formación de las elites económicas del País Vasco. Catedrática de Filología inglesa, vivió y trabajó varios años en Irlanda, con un selecto dominio del inglés, algo que le fascinó a Pedro Sánchez para nombrarla portavoz del Gobierno, dónde no brilló por su gran talento. Como titular de Educación ha sentado cátedra de intransigente. Ninguno de sus antecesores aprobó una ley sin dialogar con los sectores docentes y todos los grupos parlamentarios.

Su carrera política está vinculada al Partido Socialista de Euskadi (PSE) como jefa de gabinete de los consejeros de Educación José Ramón Recalde y Fernando Buesa, el primero víctima de un grave atentado y el segundo asesinado por ETA, con cuyos herederos políticos de EH-Bildu pactan ahora sin reparo los socialistas. Trabajó después con Ramón Jaúregui en la consejería de Economía, hasta que Patxi López en su etapa de Lehendakari la nombro consejera de Educación, Universidades e Investigación.

Miembros de la comunidad docente vasca la califican de «fría, distante y muy poco dialogante». Diputada al Congreso por Álava, fue designada ministra de Educación y Formación Profesional por Pedro Sánchez al ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Cargo que compatibilizó con el de portavoz del Gobierno, dónde protagonizó algunas salidas de tono como aquella de: «Los niños no pertenecen a los padres». De carácter altivo y distante, no mantuvo una relación estrecha con los periodistas que cubren la información de Moncloa, a quienes les cortaba tajante y con tintes de mal humor sus preguntas incómodas.

«Una niña rica que ahora va de progre», dicen compañeros del País Vasco. Isabel Celaá es uno de los miembros del Gobierno con mayor fortuna personal, con un patrimonio económico superior a cuatro millones de euros, veinte veces más de lo que publicó en su declaración de bienes en el Congreso y en el BOE, cifrado en ciento noventa mil euros. La ministra posee lujosos inmuebles, algunos de ellos a nombre de su marido, Juan Ignacio Aspichieta Larruscain, un hombre muy discreto vinculado a UGT, trabajador en el sector energético y con quien comparte sus propiedades en régimen de bienes gananciales. Celaá tiene su residencia familiar en un enorme piso de la zona más lujosa de Guecho, en pleno barrio Neguri, sede de la aristocracia vasca. Esta vivienda a dónde, según le respondió a una diputada del PP en el Senado, viaja «cuando le da la gana», a pesar de las restricciones por la pandemia. El resto de inmuebles se completa con un palacete, Casa Tangora, próximo a la hermosa playa de Ereaga. Un chale-caserío en Berango, con txoko, bodega y amplias zonas deportivas con frontón, tenis y piscina. Y otro piso en el centro de Bilbao, que comparte con sus dos hermanos y, según fuentes familiares, es fruto de una herencia.

Todo un abultado patrimonio que hacen de la ministra de Educación una de las más adineradas del Gobierno de Sánchez. Una mujer insensible a las demandas de la comunidad educativa, profesores, familias y sindicatos, que claman en la calle contra una Ley sectaria que desprecia el castellano, la enseñanza concertada y la dramática situación de los centros de educación especial. El último pleno del Senado fue de traca, se rechazaron todas las enmiendas del PP, Cs y Vox, aprobando la ley gracias al apoyo de la izquierda y los separatistas. Algo inédito, pues jamás una norma educativa salió adelante sin retornar al Congreso y sin ningún tipo de pacto con el sector docente. «Contra viento y marea», denuncian en estos círculos la conducta de Celaá y el PSOE. La oposición recurrirá el proyecto ante el TC y el líder del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que sus gobiernos regionales «se blindarán» para no aplicarla en sus gobiernos regionales.

Celaá, una ministra contra todos, ha cercenado la libertad de educación en España.