Más control del gasto y los viajes privados del Rey

Una nueva Ley de la Corona no puede cambiar cuestiones sustantivas del estatus del Rey establecidas en la Constitución como su obligación de sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, convocar elecciones en los términos previstos en la Carta Magna o convocar a referéndum en los casos también fijados en la Ley Fundamental. Tampoco puede modificarse por ley orgánica su inviolabilidad, ya que esto exige una reforma de la Constitución. Ni eliminar su obligado papel en el refrento de los indultos, a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. La confirmación del Gobierno de Pedro Sánchez de que busca ya con el Rey fórmulas para adecuar la Monarquía al siglo XXI coincide en el tiempo con la decisión del Gobierno de coalición de dar aire al indulto a los líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Sánchez puede conceder ese indulto yendo en contra del informe de los fiscales y del Ministerio Supremo, y aun así el Rey deberá sancionar esa medida de gracia.

Pero el Título II de la Constitución sí dejó espacio para que por ley orgánica se concreten otros capítulos que afectan a la institución y sobre los que, por cierto, el Rey Felipe VI ya ha dado pasos al frente desde que comenzó su reinado. Zarzuela no pone ningún obstáculo, al contrario, a avanzar aún más en algunas de las cuestiones que están encima de la mesa. El PSOE apunta que la reforma debería afectar a la transparencia de la Corona en dos ámbitos. Uno de ellos es el que tiene que ver con el detalle del gasto que se asigna al Rey en los Presupuestos Generales del Estado. «Es lo que en otras Monarquías llaman lista civil». Desde el partido del Gobierno señalan que la transparencia también puede profundizar en la regulación de la vida privada del Rey. «No es que el Rey no tenga derecho a tener una vida privada, pero, por su cargo, esta vida privada queda muy condicionada por la necesidad de no dañar la dignidad de la institución», y recuerdan episodios polémicos que han afectado al Rey emérito Don Juan Carlos, desde los que pueden ser considerados como más triviales, como la cacería de elefantes, hasta los que han llegado a derivar en una investigación judicial.

«La Ley Orgánica puede fijar además la obligatoriedad de que el presidente autorice los viajes privados del Rey, o al menos, que se le comunique siempre previamente. El Rey tiene derecho a esos viajes privados, pero dentro de un canal que atienda al hecho de que de todos sus actos se derivan consecuencias que afectan al Estado».

Desde el ámbito político miran también a las funciones del heredero como otro capítulo a concretar en la reforma o actualización de la institución. Las funciones del Rey están muy tasadas en la Constitución, pero hay flecos que dejan interrogantes abiertos. Por ejemplo, si debería fijarse también como obligatorio que un ministro o secretario de Estado acompañe a la princesa heredera en sus actos oficiales, igual que ocurre con Felipe VI.

La abdicación de Don Juan Carlos se hizo efectiva en junio de 2014 con una ley de artículo único, pero en medios políticos creen que se podría aprovechar también la ocasión para regular con mucho más detalle, de lo que quedó establecido en el artículo 57.5 de la Constitución, las situaciones y motivos del paso atrás de un Rey en ejercicio. Otro capítulo, señalan fuentes socialistas, es el que afecta a la Casa Real. Por un lado, la situación del personal que trabaja allí, sus incompatibilidades y sus obligaciones de discreción. Por otra parte, estaría todo lo que toca directamente a la Familia Real, y en lo que Felipe VI ya metió la tijera cuando llegó al trono.

El PP está dispuesto a sentarse a hablar de todas estas cuestiones siempre que se vaya de la mano de Zarzuela y el diálogo tenga como objeto reforzar a la Corona y sus vínculos con la sociedad española. El problema sería una vez más el papel de Podemos y las tensiones que el partido de Pablo Iglesias introduzca en un diálogo de Estado entre el PSOE y el PP.

El partido de Pablo Casado quiere reforzar, no limitar, las funciones del Rey, y advierte de que van en la dirección equivocada «las campañas contra la Monarquía» por parte de Podemos o decisiones «como la de apartar al Rey de Cataluña con la justificación del supuesto objetivo de garantizar la convivencia y la paz social». El PP también advierte de que el Rey ya se ha pronunciado sobre su padre con «hechos determinantes» como renunciar simbólicamente a la herencia que le pudiera corresponder de fondos opacos o ilícitos y retirarle la asignación presupuestaria. Además de decisiones anteriores como la de reducir los miembros de la Familia Real a seis (Felipe VI, la Reina consorte, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía y los Reyes eméritos) y retirar a su hermana el título de duquesa de Palma que le fue otorgado por su padre con motivo de su matrimonio con Iñaki Urdangarín. «También impuso un código de conducta que prohíbe las donaciones, los préstamos a interés privilegiado, los regalos y la aceptación de herencias si no es a beneficio de inventario. El Rey ya ha hablado», recalcan en Génova como declaración de principios ante una futura negociación con el PSOE, en la que están dispuestos a sentarse si no implica reforma constitucional y busca anclar con más fuerza la institución de la Corona.