Interior destina 10,8 millones de euros para los vuelos de repatriación de inmigrantes

El Ministerio del Interior destinará 10.890.000 euros para costear los vuelos en los que van a ser repatriados a sus países de origen a los inmigrantes llegados ilegalmente a España, según han informado a LA RAZÓN fuentes solventes. La licitación se ha realizado a través del portar de contrataciones por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.

Este contrato permitirá que los inmigrantes, cuya procedencia pueda ser acreditada, sean devueltos a sus naciones siempre que éstas se muestren dispuestas a aceptar las repatriaciones.

En la actualidad, tal y como ha informado este periódico, se están produciendo devoluciones a Marruecos desde Canarias, una veintena de inmigrantes a la semana aproximadamente.

Para ello, se utilizan líneas aéreas comerciales (tal y como se especifica en el citado contrato) y los “ciudadanos extranjeros” deberán ir “acompañados de “los funcionarios policiales encargados de su custodia”.

Los viajes incluyen traslados desde cualquier punto del territorio nacional pero el asunto afecta especialmente a Canarias a donde llegaron durante el año pasado más de 23.000 inmigrantes y, en lo que va de 2021, una cifra que supera el millar.

Los inmigrantes no aceptan de buen grado su devolución por lo que la presencia policial se hace necesaria para evitar incidentes durante los vuelos de repatriación.

Las medidas adoptadas el pasado mes de diciembre por el Ministerio del Interior, que cortaron en seco los viajes que los inmigrantes (que disponían de documentación en regla) realizaban desde Canarias la Península, ha provocado que vaya en aumento el número de los que se encuentran en el archipiélago.

Se ha dado el caso de viajes entre las islas de algunas de estas personas al ser informadas (mediante bulos) que era más fácil acceder a un vuelo en una isla que en otra. La realidad es que los controles policiales se lo impiden.

Este flujo “legal” de inmigrantes entre Canarias y la Península, que se produjo durante el año pasado y del que se pudieron aprovechar hasta 14.000 personas, había provocado preocupación entre las Fuerzas de Seguridad por lo que podía conllevar de “coladero” para delincuentes de todo tipo, incluidos terroristas yihadistas.

Tal y como informó LA RAZÓN, las fuerzas antiterroristas cuentan con una serie de evidencias, que se están investigando, que acreditarán la presencia de yihadistas entre los que se desplazaron desde el archipiélago a la España peninsular.