Sin excusas

José María Macías, vocal del CGJ
José María Macías, vocal del CGJ FOTO: Luis Díaz (nombre del dueño) LA RAZÓN

Sin excusas

Los términos de la misiva enviada por la la vicepresidenta de Valores de la Comisión Europea, Vera Jourová, en respuesta a la pregunta parlamentaria realizada por la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, son sencillamente los esperados. Aunque la carta se dirige a una eurodiputada, en realidad lo que hace es recordarle o enseñarle al actual Gobierno de España, porque parece que lo ignora, en qué consiste el Estado de Derecho en la Europa actual y cuáles son sus exigencias en relación con el Poder Judicial, al menos en los dos aspectos que el Gobierno, por sí o a través de la pantalla parlamentaria, parece empeñado en incumplir: toda reforma del poder judicial debe hacerse contando con la oposición y oyendo a todos los sectores implicados, incluido el CGPJ y la Comisión de Venecia, y debe asegurarse que los vocales jueces sean elegidos por sus pares.

La excusa que pretende escudar la negativa a respetar los estándares europeos en la autonomía o la soberanía del Parlamento es ridículamente pobre y dice poco de quien la emplea, sea quien sea. Eso sólo se puede afirmar desde el desconocimiento de los rudimentos básicos de nuestro sistema constitucional o desde la entrega más absoluta al planteamiento partidista. Nadie niega esa soberanía, faltaba más, pero esa soberanía es perfectamente compatible con que el Gobierno y Parlamento cumplan con la Constitución y, en lo que se refiere a la Unión Europea, cumplan con los compromisos asumidos con la Unión Europea, que incluye respetar su Derecho.

El Estado español (que incluye tanto a su Parlamento, como a su Gobierno y a su Poder Judicial) se comprometió en los tratados de la Unión Europea a respetar su Derecho, y en punto alguno de esos tratados se permite a los Estados miembros que puedan incumplirlos bajo la excusa de una soberanía parlamentaria no sujeta a reglas. Esa concepción de la soberanía parlamentaria no rige en ningún Estado de Derecho civilizado, al menos en Europa, donde se asume que los parlamentos actúan, mientras no se modifique, sujetos a su Constitución y, en todo caso, respetando los compromisos internacionales asumidos. Que esos compromisos los incumpla nuestro Parlamento o el Gobierno es indiferente: al final, quien los incumple es España y los responsables sólo son quienes, incapaces de vislumbra los impactos de sus actos a medio o largo plazo, abordan cuestiones de una relevancia abrumadora con un tacticismo lamentable.