El Tribunal Supremo estudiará la idoneidad del nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General

El Tribunal Supremo ha rechazado archivar la investigación del nombramiento de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, tal y como quería el Gobierno a través de la Abogacía del Estado que en sus alegaciones previas argumentó “falta de legitimación del partido político recurrente” que eran tanto PP como Vox. La Abogacía del Estado había solicitaba que se inadmitiera el recurso ordenando así el archivo de las actuaciones y la devolución del expediente administrativo.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha acordado que “procede” aplazar la resolución sobre la causa de “inadmisibilidad deducida por el Abogado del Estado” al momento de dictar sentencia en el presente recurso contencioso administrativo. Indican de esta manera que debe continuar su curso ya que, por ahora “no puede resolverse la objeción procesal planteada de falta legitimación activa” hasta su “resolución al momento de dictar sentencia”. Asimimo, subraya que la objeción procesal que ahora se plantea “no se muestra, en este momento de forma indudable” por lo que dicha cuestión no puede resolverse “sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto”.

Demanda por “fraude constitucional”

Los populares habían presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la que pedía la anulación de la designación de Dolores Delegado como fiscal general del Estado porque consideran que constituye “una desviación del poder al ser un fraude constitucional”. Delgado llegó al cargo el pasado 25 de febrero, “tan sólo” un mes y 13 días desde que cesó como ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.

En la demanda, el PP esgrime a lo largo de 79 folios que Delgado no reúne ni por activa ni por pasiva el requisito fundamental de independencia que se necesita para ostentar ese cargo, toda vez fue ministra de Justicia con el Gobierno y diputada por el PSOE hasta dos días antes de ser propuesta para fiscal general del Estado-. Además, en sus alegaciones subraya que “la designación incorrecta del Fiscal General del Estado es susceptible de afectar a sus funciones respecto a los diferentes procedimientos judiciales en curso en los que el PP o sus miembros son parte” por lo que la toma de decisiones en ese tipo de procedimientos puede perjudicar al partido recurrente. Además, los populares recuerdan que “como partido de la oposición debe ejercer control sobre los “actos del Gobierno tanto parlamentariamente como también mediante interposición de los oportunos recursos” ante la jurisdicción ordinara y la constitucional.

Recurso de Vox

Vox también recurrió el 22 de enero del año pasado el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado -además de la inclusión del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, en la comisión sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-.

El Grupo Vox consideraba “improcedente y contraria a derecho” la disignación de Dolores Delgado al no cumplir los dos requisitos mínimos fundamentales para acceder al cargo: idoneidad e imparcialidad.

Según indicó el partido que lidera Abascal la exministra de Justicia carece de la idoneidad necesaria para el puesto porque “ni por su currículum ni por su profesionalidad y experiencia entraría en la categoría de jurista de reconocido prestigio”, y además recordaban que había sido recusada en tres ocasiones tanto en el Congreso como en el Senado.