¿Son también corruptos los ministros de Sánchez?

El PSOE no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad que le ha brindado el escrito de Luis Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción para desgastar al Partido Popular. Aunque los socialistas reconocen que Pablo Casado no tiene participación en algunos de los escándalos imputables a anteriores direcciones, como es el caso de la «operación Kitchen» que se investigará en el Congreso y a la que el PSOE ha rechazado llamar al actual líder popular; ayer, coincidiendo con el inicio del juicio sobre la «caja B» del PP, se despacharon a gusto contra el principal partido de la oposición, sin autocrítica hacia los casos de corrupción del pasado que también planean sobre el actual Gobierno socialista.

En un ataque sostenido y sin tregua, José Luis Ábalos, en su condición de secretario de Organización del PSOE, apuntó directamente a Casado, exigiéndole que dé «explicaciones» sobre las acusaciones del ex tesorero de que ha negociado con personas vinculadas a la dirección del PP a cambio de su silencio. Además, los socialistas no comparten las explicaciones de la dirección actual del PP, que se desvinculan de actuaciones de cúpulas anteriores de la formación. «Lo que Casado llama cosas del pasado son hechos gravísimos que marcan una trayectoria, porque en política no se pueden aceptar herencias a beneficio de inventario», sentenció ayer Ábalos.

Sin embargo, por más que se mire la paja solo en el ojo ajeno y no la viga en el propio, el gobierno socialista que preside Pedro Sánchez, no puede esquivar, con el pretexto de que el mayor caso de corrupción de España fue cosa de la Junta de Andalucía y nada tiene que ver con su gestión, que los tentáculos de la sentencia de los ERE de Andalucía agarren a varios miembros de su Gabinete.

La sentencia de los ERE, conocida a mediados del mes de noviembre de 2019 en medio de las negociaciones entre socialistas y morados para formar Gobierno, es tajante y no deja lugar a la interpretación. «La decisión de estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto», decisión que «partía del programa político con el que se habían presentado a las elecciones». De hecho, el tribunal añade que todas las artimañas administrativas para burlar todos los controles fueron aprobadas por todos los consejeros en las reuniones del Consejo de Gobierno presididas por Manuel Chaves y por José Antonio Griñán.

Una factura de 680 millones

Hasta tres ministros que en la actualidad están en el Ejecutivo tuvieron cargos de responsabilidad en la Junta entre 2000 y 2009, periodo durante el cual, según la sentencia de la macrocausa, la factura del fraude de los ERE ascendió a más de 680 millones de euros.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, fue consejera de Cultura desde 1996 hasta 2004, es decir, participó en los Consejos de Gobierno que supuestamente pusieron en marcha la maquinaria fraudulenta. La reacción a la sentencia de la hoy vicepresidenta del Gobierno fue la de desvincularse totalmente del caso y manifestar que la última palabra la tiene el Supremo. Si bien es cierto, que Calvo puso tierra por medio y abandonó Andalucía en 2004 para ocupar la cartera de Cultura en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En los años álgidos de la corrupción institucionalizada, la actual portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue consejera de Salud entre los años 2004 a 2010, tanto con Chaves como con Griñán. Entre 2013 y 2018 fue nombrada consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Montero nunca supo nada de los que sucedió en los años anteriores. Aún así, mostró públicamente su solidaridad con sus compañeros. «Yo también soy hoy Antonio Lozano, Ventura, Magdalena Álvarez, Salgueiro, Valverde y tantos otros. Mi apoyo y compromiso», citó en un tuit el 2 de julio de 2013, cuando se imputa a buena parte del PSOE andaluz. Todos los nombrados por la ministra fueron condenados en la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

El otro nombre del Ejecutivo relacionado con la época de los ERE es Luis Planas, hoy ministro de Agricultura, fue consejero de los dos presidentes condenados en 1996 y 2012, pero en ninguno de los años en los que se perpetró el fraude de las ayudas a los parados.

Ni Calvo, Montero o Planas tienen causa alguna abierta con la macrocausa, otra cosa es, si el reproche político que está recibiendo la actual cúpula del PP, debería aplicarse también a los miembros de este gobierno progresista.