La Abogacía del Estado quiere saber si los condenados han pagado el dinero malversado antes de avalar o no los indultos

La abogacía del Estado presentó ayer ante la Sala Penal del Tribunal un escrito en que se reclama del tribunal sentenciador del “procés” que pida al Tribunal de Cuentas que se oficie una solicitud para que el órgano fiscalizador de las administraciones públicas informe oficialmente si los condenados por sedición han devuelto las cantidades malversadas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que derivó en la sentencia condenatoria por sedición, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

La Sala ahora deberá decidir si acepta o no esa petición de la representación de los servicios jurídicos del Estado, algo sobre lo que en estos momentos no hay decisión alguna al respecto.

La Abogacía del Estado realiza tal solicitud con carácter previo a presentar su informe sobre si avala o no la concesión del indulto a los condenados, quienes ahora se encuentran todos en tercer grado, participando en actos electorales, y a la espera de que la Fiscalía presente tras las elecciones catalanas del domingo los correspondientes recursos ante los dos juzgados de vigilancia a los que corresponden las prisiones donde están encarcelados.

Conocer si han devuelto o no las cantidades es un dato importante para la Abogacía del Estado de cara a su informe respecto a la medida de gracia, toda vez que puede influir en lo relativo al delito de malversación de caudales públicos. Y es que los ahora presos Oriol Junqueras, Raul Romeva, Turull y Carmen Bassa fueron condenados por un delito de sedición pero en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Y es que el Tribunal Supremo destacaba en su fallo que “Los gastos del referéndum relacionados con la publicidad institucional, organización de la Administración, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos”.

Más de cuatro millones

La sentencia consideró acreditado que se había producido esa malversación de caudales públicos, pero dejó al Tribunal de Cuentas la concreción de la cantidad exacta que se había desviado de dinero público de la Generalitat para financiar el referéndum ilegal, previamente prohibido por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal de Cuentas impuso una fianza solidaria de 4,146 millones de euros al prófugo y expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, trece exconsellers y once exaltos cargos de la Generalitat– por el gasto supuestamente originado a las arcas públicas en la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, y que fue el origen y determinante de la condena por parte del Supremo.