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El PP lleva al TC la convalidación de los fondos europeos sin el informe preceptivo del Consejo de Estado

Los populares denuncian que ni el Gobierno emitió el informe y que la presidenta del Congreso se negó abordar la situación en la Cámara Baja y a solicitar una copia

El presidente del PP, Pablo Casado, en el Congreso de los Diputados David MudarraDavid Mudarra

El Partido Popular ha interpuesto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la convalidación del decreto de los fondos europeos sin el informe del Consejo de Estado, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez no remitiera el informe y tras el rechazo -denuncian los populares- de la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, a abordar esta cuestión en el Congreso y a solicitar una copia del mismo.

En su recurso, el PP recuerda que “dicha ocultación imposibilitó que el Congreso de los Diputados pudiera expresar su voluntad conociendo todos y cada uno de los elementos a tener en consideración, viciándose la voluntad de la Cámara al privársele, al despojársele deliberadamente, de la información necesaria para formarse una opinión completa sobre la cuestión”.

Así, el partido denuncia que el Ejecutivo cometió “una actuación harto impeditiva del ejercicio pleno de la función legislativa”. El PP recuerda también que su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, solicitó a la presidenta del Congreso, a través de una batería de iniciativas, una reunión urgente y extraordinaria de la Mesa en la que se acordara dirigirse al Gobierno para que remitiera dicho dictamen a la Cámara. También solicitó que los servicios jurídicos emitieran un informe sobre la validez de dicho Decreto y si pudiera ser objeto de nulidad, así como reiterar al presidente del Gobierno sus obligaciones constitucionales, entre ellas remitir al Parlamento los expedientes de elaboración de las normas completos.

Sin embargo, denuncian que Batet “rechazó abordar de forma urgente dicha ocultación”. Según informa el partido, si el Tribunal Constitucional reconoce la petición de amparo solicitada por el PP “se daría marcha atrás en la tramitación”. Cree además que de vulnerarse el derecho a conocer el informe, lo “normal” será “retrotraerse al momento en que se ha vulnerado el derecho”.

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