Las autonomías, divididas sobre cómo debe funcionar la Conferencia que gestionará los fondos europeos

La gestión de los fondos europeos se está convirtiendo en un auténtico campo de batalla. Todas las Administraciones públicas desean opinar sobre cómo, cuándo y a quién se deben otorgar estos fondos. Precisamente, estas decisiones enfrentan no sólo al Ejecutivo central con los Gobiernos autonómicos, sino que ahora es motivo de confrontación entre las regiones. Como botón de muestra de este choque basta con citar la división que ha causado entre las comunidades la decisión sobre cómo debe funcionar la Conferencia Sectorial de Hacienda que gestionará los fondos europeos. Todas las comunidades remitieron este viernes a la titular de Hacienda una misiva con sus valoraciones sobre el reglamento que regulará esta Conferencia. En todas ellas, los Ejecutivos regionales saludaron el cambio de opinión de María Jesús Montero sobre la ponderación de voto para los autonomías y para el Gobierno central. En un principio, había recogido en el artículo 13 del reglamento, relativo a votaciones y decisiones, todo el poder decisorio al propio Ministerio, asignándole 19 votos más el de calidad.

Después del rechazo unánime mostrado por los consejeros autonómicos en la constitución de la Conferencia Sectorial el pasado día 21 de enero, ya la ministra manifestó su voluntad esa misma jornada de cambiar esta redacción para equilibrar el poder entre autonomías y Ministerio, tal y como consta en el nuevo artículo del reglamento. En su día, Hacienda restó importancia a este equilibrio de poder de esta Conferencia, ya que la decisión sobre el reparto de los fondos se producirá en cada una de las Conferencias Sectoriales encargadas de las materias respectivas a las que se destinarán las inversiones. “En ellas, y no en esta Conferencia, será dónde se decida sobre el destino de los fondos”.

Pero estos cambios no han sido suficientes para algunas comunidades, que junto con la misiva remitida a Montero este viernes emitieron también su voto al reglamento. Tres autonomías gobernadas por el Partido Popular (Murcia, Galicia y Madrid) más Cataluña votaron negativamente al funcionamiento propuesto por el reglamento. Estos Ejecutivos basaron su rechazo en su deseo de gestionar directamente los fondos europeos y no que se realice, según las materias, Ministerio por Ministerio en diferentes Conferencias Sectoriales. “Esta dispersión provocará mayor falta de transparencia”, lamentaron a este diario fuentes de los populares. Cataluña, por su parte, demandó, una vez más, una relación bilateral con Hacienda y, al igual que las otras autonomías, gestionar directamente los fondos que correspondan a su comunidad.

Algo parecido alegó el Gobierno vasco, que junto con Andalucía, Castilla y León, Ceuta y Melilla, optaron por no emitir voto alguno al reglamento, Fuentes del Ejecutivo vasco confirman a LA RAZÓN que esperan que en breve se convoque la comisión bilateral entre el Estado y el País Vasco, en la que, por supuesto, reclamarán la gestión directa de los fondos europeos. Mientras, las diez autonomías restantes votaron favorablemente al reglamento que regula cómo funcionará esta Conferencia Sectorial.

No por territorios

Sin embargo, Hacienda rechaza que las autonomías gestionen directamente estos fondos europeos. De hecho, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tal y como está diseñado, es un instrumento finalista de financiación de la UE vinculado a la realización de unas reformas estructurales e inversiones. Esto implica desarrollar un Plan Nacional donde el beneficiario es el conjunto del Estado y donde hay que alcanzar unos objetivos generales, lo que requiere un cumplimiento por parte de todas las Administraciones públicas. En este contexto, los Estados miembros deben presentar a la Comisión Europea a partir de enero de este año un Plan de Recuperación, que debe incluir un conjunto de reformas estructurales destinadas a impulsar la transición verde y digital, incrementar la productividad del tejido productivo, modernizar el conjunto de las Administraciones y a alcanzar el crecimiento de la economía para poder crear empleos de calidad en todo el Estado y disminuir las brechas sociales y de género existentes.

En este sentido, Hacienda recuerda que no se trata de políticas de cohesión y, por tanto, no hay reparto previo a través de programas operativos, como en el caso del FEDER. Los retornos de estos fondos estarán basados en el cumplimiento de hitos y objetivos para las reformas y las inversiones que la Comisión apruebe financiar y que habrá que acreditar, junto con los pertinentes controles de cumplimiento de la normativa nacional y europea, antes de presentar las solicitudes de pago ante la Comisión Europea. El Plan de Recuperación establece diez políticas palanca para impulsar la economía y transformar el modelo productivo, siempre respetando los principios de destinar un mínimo del 37% de los fondos a transición ecológica y un 20% a transición digital. En este contexto, el reparto de los fondos se fija a través de estas políticas palanca y no por territorios.

España recibirá este año un adelanto de estos fondos por importe de 27.000 millones de euros de un monto total de 72.000 millones que le corresponde a nuestro país de subvenciones de la Unión Europea a fondo perdido. Además, le corresponde otra cantidad similar en créditos y, por tanto, a devolver. El Gobierno no solicitará, de momento, esta segunda partida.