La mesa del Congreso admite la comisión de investigación sobre “el caso niñera” de Irene Montero

La mesa de la Cámara Baja ha calificado esta mañana la creación de una comisión de investigación sobre la presunta utilización por parte de la ministra de Igualdad Irene Montero de una asesora del ministerio como cuidadora de sus hijos, tras la denuncia ante el juez de la ex abogada de Podemos Mónica Carmona.

La iniciativa sigue su curso ahora tras el aval de la mesa donde, según fuentes parlamentarias, ningún partido se ha opuesto a la misma. Deberá ser debatida el próximo 9 de marzo en la Junta de Portavoces, donde, probablemente será vetada por Unidas Podemos y otros socios del Gobierno. La comisión de Investigación fue registrada ayer en la Cámara Baja por parte del PP, quien ha mostrado su interés de que se “depuren responsabilidades por el presunto uso de fondos públicos para fines particulares”.

El partido espera conocer en profundidad “cuál ha sido el destino y la finalidad del presupuesto público destinado al Ministerio de Igualdad”. Se refiere a la asesora de la ministra de Igualdad, Teresa Arévalo, quien fue diputada de Unidas Podemos hasta la XII Legislatura y quien, según describió la abogada, era una “persona a sueldo” de Podemos, que se encargaba de cuidar de los hijos menores de la ahora ministra mientras ésta acudía a mítines electorales de cara a la campaña del pasado 10-N.

El sueldo de la asesora

Los populares piden conocer las nóminas de la asesora para “saber si fueron para el ejercicio de las labores propias de su cargo, sobre políticas para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, o para ejercer de niñera de la titular del Departamento”.

En la iniciativa registrada el partido señala a la ministra por haber acondicionado un despacho contiguo al suyo como “sala de juegos” para sus hijos, como denunció LA RAZÓN. De hecho, la Fiscalía de Madrid ya ha solicitado al citado juez del caso Neurona la apertura de una línea de investigación separada con la denuncia interpuesta por la ex letrada de la formación morada.

La iniciativa, firmada por la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra pretende conocer si el dinero que percibe la asesora en su puesto en el ministerio de Igualdad, 51.946 euros al año, se destinó al ejercicio de las labores propias de su cargo, sobre políticas para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, o para ejercer de niñera de la titular del Departamento.

El PP sospecha que el caso “niñera” podría suponer “una presunta malversación de caudales públicos”, en el tipo penal denominado malversación impropia, puesto que implica “destinar fondos públicos para la satisfacción de necesidades y fines particulares, o podría implicar “responsabilidad por alcance ante el Tribunal de Cuentas por un mal uso de fondos públicos”.