Vienes 12, cinco de la tarde: cuatro manifestantes. Las protestas en las proximidades del chalet que el matrimonio Iglesias-Montero tiene en la localidad madrileña de Galapagar son, como ya ha publicado LA RAZÓN, puramente testimoniales. Sin embargo, el fuerte dispositivo, integrado por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se mantiene, con el gasto que ello conlleva.

Es cierto que en su condición de vicepresidente del Gobierno y ministra del Ejecutivo tienen derecho, como los otros miembros del Gabinete, a un dispositivo de seguridad ante cualquier amenaza, no sólo posibles escraches de disconformes o concentraciones que, en su momento fueron numerosas y ruidosas, pero que ahora son testimoniales.

Fueron este tipo de manifestaciones las que condujeron a que se reforzara dicho dispositivo y, en una decisión propiciada por el propio Pablo Iglesias a través de las gestiones que hizo el exjemad Rodríguez ante el Ministerio del Interior, la Guardia Civil fuera sustituida por la Policía Nacional en la vigilancia perimetral del chalet.

Según ha sabido LA RAZÓN, el detonante de aquella sustitución se produjo en la noche de las últimas elecciones generales, en las que tan malos resultados obtuvo Podemos; un individuo se acercó a la parte posterior de la finca e intentó hacer unas fotografías. Cuando el vicepresidente se acercó a la garita de la Guardia Civil colocada en la puerta del domicilio, el agente se encontraba realizando gestiones derivadas de la necesidad de mantener la vigilancia estática, para que nadie pudiera acceder a la finca sin ser identificado. Iglesias, molesto con lo que era una violación de su intimidad, debió considerar que la vigilancia no era lo suficientemente operativa y comenzaron las gestiones para sustituir a la Benemérita.

Los agentes de ambos cuerpos se complementan en mantener el dispositivo de seguridad y, si se produce alguna novedad, se lo comunican para, en su caso, formular las denuncias contra las personas que incumplen las órdenes que se les dan para que se mantenga el orden.

La Policía mantiene la vigilancia perimetral del chalet y el terreno adjunto, con el fin de que nadie pueda acercarse sin ser controlado; la Guardia Civil, en las proximidades y, de hecho, realizan un primer “freno” a lo que pretendan manifestarse ante la vivienda.