El vicepresidente segundo abandona el Gobierno quince meses después de que lograra, a la segunda, convencer al presidente del Gobierno de formar un gobierno de coalición. Un año y tres meses de estancia en Moncloa a la que pone fin ahora para disputar el liderazgo autonómico a Isabel Díaz Ayuso. Un periodo de tiempo de gobernanza que, lejos de focalizarse en las medidas que ha sacado adelante personalmente desde su ministerio, se ha caracterizado, principalmente, por los continuos choques del vicepresidente con hasta ocho ministros socialistas para llegar a acuerdos finales.

Bien es verdad que, el Gobierno de coalición y gracias a la intercesión directa de Iglesias como coordinador de los ministerios morados ha alcanzado importantes acuerdos, como el escudo social, el Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, los ERTES o los cortes de suministros y prohibición de desahucios durante la pandemia. De hecho, el vicepresidente ha asegurado que, antes de irse del Gobierno quiere dejar atada la ley de vivienda con el PSOE.

Sin embargo, el también todavía ministro de Derechos Sociales saldrá del Gobierno con un balance muy negativo para los sectores de dependencia y de residencias en un momento de máxima precariedad debido a la incidencia del coronavirus en ambos sectores. Desde la oposición le responsabilizan, incluso, de las muertes producidas en las residencias. Mientras que desde las patronales del sector lamentaban que el vicepresidente «todavía no había pisado ni una residencia» en este tiempo. El propio ministerio de Derechos Sociales reconoció a finales de año que su titular tan solo había presidido una reunión en relación con las residencias de mayores. A pesar de que las competencias se encuentren transferidas a las comunidades, el departamento del líder de Unidas Podemos es el encargado de coordinar los fondos extraordinarios destinados a la contratación de personal y a comprar equipos de protección para los centros sociosanitarios.

Desde varias asociaciones aseguraban que Pablo Iglesias «no ha llegado a ejercer» como ministro de Derechos Sociales. «Todo el trabajado ha sido delegado en el secretario de Estado Nacho Álvarez», denuncian. El vicepresidente también deja sin culminar una de sus apuestas personales, la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que actualmente, tras la redacción de su informe, está estudiando el Gobierno. Iglesias tiene como reto ensalzar la Agenda 2030 del Gobierno para lograr los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad a nivel internacional. Será su sustituta, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 la que culmine este desafío.

En cuanto a sus leyes estrella, la ley de protección animal, tras el proceso de consulta pública, tiene que volver a ser evaluada antes de llegar al Consejo de Ministros para su aval final, y la ley de la infancia se encuentra ya en el trámite parlamentario.

El balance político es el que, ha dado al vicepresidente mayor visibilidad en el Gobierno, así como su intento por unir al bloque de la investidura para llevarlo a la «dirección del Estado», es por ello que tejió pactos con ERC y Bildu para los PGE, con el fin de aislar a Cs y asegurar esa mayoría de izquierdas en el Congreso.

En el Gobierno, la máxima del vicepresidente ha sido acogerse al «pacta sunt servanda», y es por ello que no ha dudado en utilizar el choque directo con el ala socialista con dos fines; dar cumplimiento al acuerdo de coalición y distinguirse del PSOE. Nada más llegar al Gobierno, la ley de libertades sexuales provocó el primer terremoto. Las discrepancias entre la vicepresidencia primera y Justicia con Igualdad acabaron saldándose con el ataque de Iglesias al ministro de Justicia Juan Carlos Campo, al que tachó de «machista frustrado». Después, con el equipo económico de Moncloa encabezado por la vicepresidenta tercera Nadia Calviño y la ministra de Hacienda María Jesús Montero, en cuestiones clave como el SMI, el escudo social o la reforma laboral. Al igual que con el ministro de Inclusión por su plan para elevar la edad de jubilación o con el titular de Interior por la gestión de la crisis migratoria. Contra la ministra de Defensa, tanto él como la cuota morada ha protagonizado también varios rifirrafes.

Su cuestionamiento sobre la plena normalidad democrática en España se saldó con una reprobación unánime por parte de casi todos los ministros socialistas y se comprendió como una desautorización a la ministra de Exteriores. El jaque de Iglesias a la Monarquía ha sido una constante debido a su intención de avanzar hacia una República. De hecho, los morados optan por aprobar una ley para regular el rol institucional del Rey. En las últimas semanas, el vicepresidente ha lanzado una de sus últimas ofensivas contra los medios de comunicación pidiendo incluso una «ley de protección de la libertad de expresión».