Un informe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía del pasado 12 marzo siembra dudas sobre la documentación aportada por Podemos al juez del “caso Neurona”, facturas incluidas, para intentar acreditar los trabajos supuestamente de carácter electoral para las generales del 28 de abril de 2019 por los que el partido de Pablo Iglesias pagó 363.000 euros a la consultora. En el informe -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, la unidad policial concluye que “una gran cantidad de archivos no se ajustan por el contenido a la finalidad del contrato” pues “parece tener otro fin que no es el de las elecciones generales del 28 de abril de 2019”.

Una conclusión que, añade la unidad policial, se ve reforzada por los vídeos aportados por el partido morado, “que tienen la cabecera o el cierre de la precampaña/campaña” a las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid celebradas el 26 de mayo de ese mismo año -a las que concurrió como candidata morada Isa Serra-, por lo que no se refieren al 28-A, el supuesto objeto de la contratación de Neurona Comunidad.

En algunos de esos archivos, además, figuran fechas que “no coinciden con las elecciones generales” (entre ellas una de un cartel publicitario de los comicios de 2016). Algo similar ocurre, añade, con la mayor parte de documentos relacionados con comicios autonómicos aportados por Podemos al juez en una carpeta denominada “Trash”.

El titular de Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos, encargó a esta unidad policial que analizara la correspondencia entre los servicios descritos en las facturas y el contenido de los vídeos aportados por el partido morado para justificar que los servicios se prestaron.

Facturas genéricas

El informe también siembra dudas sobre las facturas aportadas por Podemos para intentar justificar esos trabajos, cuyos conceptos, subraya, “son tan genéricos” que no resulta posible “determinar una relación directa entre los conceptos contratados y los facturados”.

Respecto a cuatro de esas facturas, llama la atención, se ordena el pago un día antes (25 de abril) de que sean emitidas, “extremo que se entiende imposible, puesto que estaría ordenando y adjuntando unas facturas que se emiten al día siguiente”, el 26 de abril.

Del mismo modo, la unidad antiblanqueo de la Policía subraya que en el contrato entre Podemos y Neurona hay “disparidad de fechas”, pues las firmas electrónicas son de “fechas posteriores a la finalización de la prestación y una vez el contrato ya se encontraba vencido”

Este nuevo análisis se ha realizado -deja claro el inspector jefe que lo firma- teniendo en cuenta un anterior informe del pasado febrero de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC), que dio un respiro a Podemos al concluir tras analizar sus metadatos que la mayor parte de los vídeos aportados por la formación morada para intentar acreditar los trabajos de asesoría se crearon entre marzo y abril de 2019, en los dos meses anteriores a los comicios.

Trabajos al margen de la campaña

Pero en esta ocasión, las conclusiones son menos favorables a las tesis moradas, pues tras analizar exhaustivamente toda esa documentación, la Policía sostiene que “algunos de los trabajos presentados son susceptibles de no haber sido utilizados para la precampaña y campaña” de las elecciones del 28-A, “puesto que en la memoria entregada se encuentran archivos que no corresponden con la finalidad del contrato, bien porque se encuentran fuera del marco temporal en base a la fecha que consta en los metadatos del archivo, o bien porque una vez visualizado su contenido este no corresponde con tal fin”

En la documentación aportada -se advierte en el informe- “no consta ningún proyecto, memoria, dossier o bitácora en el que se detalle el trabajo realizado por la empresa, tal como se refleje en el contrato, ni el logotipo o anagrama de la empresa Neurona Comunidad” o de la supuesta empresa fantasma que subcontrató, Creative Advice Interactive Group. A diferencia de lo que ocurre, subraya la Policía, con trabajos realizados por Neurona en otras campañas electorales, como las autonómicas a la Asamblea de Madrid de mayo de 2019.

Pero no solo eso. En la gran mayoría de los archivos analizados -continúa- se desconoce el autor, entre ellos los ubicados en la carpeta “Productos segmentación”, que contiene imágenes “que forman parte como fondo de carteles electorales” para la campaña del 28-A. Alguna de estas instantáneas, según la Policía, se encuentran incluso “sujetas a derechos de autor”.

Y respecto a los archivos en los que Podemos sí identifica a su autor, la unidad policial mantiene que “la mayor parte” de ellos -cita a Ángela Medialdea, Patricia Pinta y Javier Iváñez- “tiene una relación próxima” a Unidas Podemos, por lo que serían ajenos a Neurona. En el caso de las dos primeras, además, en el campo “company” del archivo figura “Congreso de los Diputados”.

Sin relación laboral con Neurona

Por lo tanto, concluye la Policía, se trata de archivos cuyos autores serían ajenos a la empresa contratada para la realización de los trabajos”, Neurona Comunidad, o a Creative Advice Interactive Group. Entre abril y junio de 2019, Neurona pagó a esta supuesta empresa fantasma mexicana unos 267.000 euros en varias transferencias, unas cantidades que el instructor sospecha que no se destinaron a gastos de campaña y que pudieron no corresponderse con servicio alguno.

En los restantes autores identificados, prosigue el informe, “con la información a la que ha tenido acceso este grupo de investigación no ha podido ser constatada ninguna relación laboral o contractual” con Neurona, “que no tiene trabajador alguno” o con la empresa supuestamente subcontratada para esas tareas.

Asimismo, los agentes han podido constatar que algunos de los archivos aportados por Podemos “la fecha de creación que figura en los metadatos está fuera del plazo” de la campaña electoral, por lo que “no tendrían esa finalidad que no debería ser otra que las elecciones generales del 28 de abril de 2019”.

Respecto al resto de archivos que sí estarían relacionados con el 28-A y se ajustan a la campaña electoral (periodo que sitúa entre el 27 de febrero y el 28 de abril), la Policía apunta que algunos son de “capturas o descargas de programas de televisión” y otros están repetidos varias veces.

La unidad policial también alude a una factura por la “gestión y manejo de redes sociales Facebook primer semestre de 2019”, que incluye doce archivos relativos a redes sociales, y señala que ese concepto no se corresponde con la finalidad del contrato, que se circunscribe a la precampaña y campaña electoral, y no al primer semestre del año. Este hecho, hace hincapié el informe, “contrasta notablemente”, pues Neurona Comunidad “no puede ser adjudicataria de unos servicios desde enero de 2019, puesto que fue constituida posteriormente, el 19 de marzo” de ese año.