Las elecciones de la comunidad de Madrid trastocan la agenda de Moncloa

El Gobierno no contaba en su calendario con las elecciones en la Comunidad de Madrid. En Ferraz no calibraron las consecuencias de promover la moción de censura en Murcia junto a Ciudadanos y cuando se quisieron dar cuenta, Isabel Díaz Ayuso ya había activado el adelanto electoral para evitar que el tsunami murciano tuviera réplicas en la región. El PSOE llegó tarde con la presentación de una moción de censura sobre la marcha en la Asamblea, que quedó enterrada por el criterio judicial, y desde Moncloa se han cedido las riendas de la campaña al jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, relegando al partido.

El 4 de mayo se juegan mucho más que la Puerta del Sol. Madrid es la «joya de la corona». Nadie niega que arrebatarle el gobierno a Díaz Ayuso sería un triunfo, pero los socialistas conciben estos comicios como un periodo excepcional de solo dos años en el que no hay nada que perder. «En el peor escenario, seguirá gobernando ella», asumen. Sin embargo, los comicios madrileños sí se han convertido en una oportunidad, en la pista de salida para acelerar los cambios en el partido de cara al futuro y, de forma paralela, han supuesto también un retraso en los planes inmediatos del Gobierno.

La convocatoria anticipada que desde Moncloa califican de «oportunista» y «electoralista» por parte de Ayuso deja en barbecho la agenda que el Gobierno quería desplegar a medio plazo tanto dentro como fuera de la coalición. Con sus socios de Unidas Podemos ha provocado que la Ley de Vivienda se estanque. Ambas partes asumen que las negociaciones no se desencallarán en plena campaña, porque el PSOE no le va a hacer ese «regalo» a los morados –asumiendo sus tesis sobre la regulación de los alquileres– y con Iglesias como candidato, su partido no va a aceptar que se incumpla lo pactado en el acuerdo de coalición. La regulación sobre la vivienda ha entrado de lleno en la contienda entre socialistas y morados y desde Podemos exprimirán al máximo que los socialistas bloqueen lo acordado.

Por su parte, el sector socialista niega cualquier incumplimiento y aseguran que «sentarse a negociar y no levantarse» ya supone en sí cumplir el pacto de coalición. El PSOE no quiere establecer topes a los alquileres en un momento tan atípico como el actual, marcado por la pandemia, porque puntualizan que las zonas tensionadas han adquirido esta condición por los pisos turísticos y ahora mismo estos están prácticamente desarticulados por la restricción de la movilidad. Entienden, por tanto, que hasta que no se reactive la normalidad, no se podrá hacer un diagnóstico adecuado del estado del mercado del alquiler para profundizar en su regulación. De momento, su propuesta se basa en incentivos fiscales, en lugar de prohibiciones a los propietarios.

En la misma línea, también se paraliza la agenda catalana. Varios son los hitos pendientes que Moncloa tiene con ERC, pero para que se vayan activando es imprescindible que haya un nuevo Govern. El fracaso de la investidura de Pere Aragonés en parte dio oxígeno al Gobierno, para retrasar la convocatoria de la «mesa de diálogo». Sánchez estaba dispuesto a hacerlo de manera unilateral hasta después del 4-M, tal como publicara este diario, sin embargo, ahora que no hay un interlocutor con plenas funciones, su celebración se seguirá dilatando en el tiempo.

En Moncloa no quieren renunciar a la interlocución con Cataluña, pero son conscientes de que en este contexto electoral y con el giro al centro que ha emprendido Gabilondo no encaja en la estrategia. Aparte de la «mesa de diálogo» también quedan otras cuestiones por dilucidar, como son la reforma del delito de sedición –para la que los apoyos parlamentarios están en duda– y la resolución de los indultos, que no se esperan, al menos, hasta el verano.

Cuentas pendientes con el PP

Pero, sin duda, el gran pacto pendiente es con el PP. Gobierno y principal partido de la oposición acariciaron el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando lograron cerrar la de la Corporación de RTVE. Sin embargo, los vetos cruzados entre el PP y Podemos a cuenta de los nombres de los vocales (con el juez José Ricardo de Prada en el foco) impidieron avanzar hasta una resolución positiva.

El acuerdo para el CGPJ ya se paralizó por la campaña de las elecciones catalanas, donde el PP pidió a Moncloa retrasar el anuncio para evitar que Vox lo aprovechara en su contra en campaña. Sin embargo, tras el intento fallido no ha habido voluntad por ninguna de las dos partes para volver a la mesa de negociación. El contacto sigue siendo fluido entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de esta área en el PP, Enrique López. Pero en plena campaña para el 4-M de la que López forma parte activa como miembro del Gabinete de Ayuso tampoco se esperan avances.

Habrá que esperar al escrutinio de las urnas para resolver cómo queda la escena política. Qué efecto tenga la victoria de Ayuso para Casado, cómo se resuelve la arriesgada apuesta de Iglesias de dar el salto a la arena madrileña o si Ciudadanos desaparece de la Asamblea. Todo ello tendrá un efecto en la escena nacional y marcará el devenir de lo que queda de legislatura, que Pedro Sánchez ya ha anticipado que quiere agotar hasta 2023.