La etarra “Anboto”, condenada por asesinar a un cartero de Amurrio en 1985

La Audiencia concluye que la ex dirigente de ETA Soledad Iparraguirre era una de las integrantes del “comando Araba” que acabó con su vida al considerarle un “confidente” policial

La ex dirigente de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto”, suma una nueva condena. La Audiencia Nacional le ha impuesto -tal y como pedían la Fiscalía y la AVT- una pena de 39 años de prisión por delitos de asesinato y utilización ilegítima de vehículo de motor con uso de armas, por el asesinato del cartero de Amurrio (Álava) Estanislao Galíndez el 26 de junio de 1985. El tribunal condena además a Iparraguirre -quien fue responsable de los “comandos legales” de ETA dentro del “aparato militar”- a pagar a la viuda e hijos de la víctima una indemnización de 300.000 euros.

La sección tercera de la Sala de lo Penal considera acreditado que Iparraguirre estaba integrada en esas fechas en el “comando “Araba” de ETA y que junto a Juan Carlos Arruti y Jose Javier Arizcuren Ruiz, “Kantauri” -ya condenados por estos hechos- acordaron dar muerte a Galindez, que entonces tenía 63 años y era padre de siete hijos.

En la resolución, de la que ha sido ponente la magistrada María Teresa García Quesada, la Sala concluye que no tiene “ninguna duda” de que la intención “Anboto” y del resto de integrantes del “comando” era acabar con la vida del cartero de Amurrio. Y no por motivos de índole personal, precisa, sino “en ejecución de una decisión política en el seno de los objetivos y finalidades de la organización terrorista a la que todos ellos pertenecían”. Y es que ETA había señalado a la víctima como “colaborador o confidente de las Fuerzas de orden público”.

Sin posibilidad alguna de defensa

Los magistrados señalan que el asesinato fue planificado y ejecutado “eligiendo la hora y lugar en que habría de tener lugar, a tenor de las informaciones que previamente se habían recabado, y eligiendo un medio que, por una parte, aseguraba la realización del crimen, y por otra la ausencia de cualquier tipo de defensa por parte de la víctima previamente escogida, asegurando además mediante las armas utilizadas y la trayectoria de los disparos el efectivo fallecimiento de la víctima”.

La mañana del 26 de junio de 1985 dos de los miembros del “comando” robaron en Amurrio un coche, introdujeron a su propietario en el maletero a punta de pistola e hicieron una parada para recoger a Iparraguirre y a otro de los integrantes del comando y se dirigieron al lugar planificado para cometer el atentado. Allí localizaron al cartero, que iba montado en una bicicleta, le cortaron el paso y le dispararon tres veces “sin posibilidad de reacción alguna” causándole la muerte. A la víctima solo le dio tiempo a gritar “¡auxilio!” cuando los etarras salieron del vehículo y le rodearon, según relató un testigo del asesinato.

Aunque “Anboto” no fue la autora material de los disparos, según el tribunal sí formaba parte de los miembros del “comando” que ejecutaron el atentado, participando todos “de manera conjunta” en el asesinato. Ella permaneció allí “mientras se perpetraba el crimen, en actitud de apoyo”, sostiene la Sala, y abandonó el lugar en el mismo vehículo que habían robado previamente.

“Perfecto reparto de papeles”

Lo que se llevó a cabo entre ellos, subraya la Audiencia, fue “un perfecto reparto de papeles clásico en una banda organizada y jerarquizada” sobre la base de un “concierto previo de voluntades” que implica una “solidaridad” entre todos ellos a la hora de llevar a cabo su plan criminal.

El tribunal ha valorado entre otras pruebas-además de un informe de Inteligencia que la defensa de la acusada impugnó sin éxito- la declaración como testigo de un ex miembro de ETA, José Ángel Viguri, que reconoció en el juicio que dio cobijo entre 1985 y 1987 en un zulo de su caserío a “Anboto” -a la que conocía como “Marisol” o “Soledad”- y a los demás miembros del “comando Araba”.

Asimismo, los magistrados han valorado para condenar a la ex dirigente de ETA -quien junto a “Josu Tenera” fue la encargada de leer el comunicado en el que ETA anunció su disolución definitiva el 3 de mayo de 2018- que sus huellas dactilares se encontraban en el vehículo utilizado por el “comando” para desplazarse al lugar del crimen.

La Audiencia Nacional reabrió la investigación contra “Anboto” por estos hechos en julio de 2019 después de que las autoridades francesas entregaran a la ex dirigente de ETA a España para hacer frente a sus causas pendientes.