Los jueces trasladan a la Comisión Europea injerencias políticas “inadmisibles” en el poder judicial

Asociaciones judiciales han trasladado a la Comisión Europea en una reunión telemática lo que consideran injerencias políticas “inadmisibles” por la reforma legal, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que limita las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando está en funciones.

Tres de las cuatro asociaciones -la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- han hecho hincapié en la necesidad de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces dejando en manos de la carrera la elección de doce de sus 20 vocales. La progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JpD), sin embargo, ha puesto el foco en la situación de bloqueo político que impide desde hace casi dos años y medio la renovación del organismo por la falta de acuerdo entre PP y PSOE.

En la reunión por videoconferencia que han mantenido los representantes de estas asociaciones con la institución comunitaria con vistas a la elaboración del informe sobre el estado de la Justicia en la UE, la APM ha advertido de que la reforma que deja maniatado al Consejo no es “inocua”, sino que “supone una injerencia inadmisible y peligrosa del poder político en el judicial”, al privarle de competencias que le atribuye la Constitución que considera “esenciales para garantizar su independencia”, informan fuentes de la asociación mayoritaria a este periódico.

En su opinión, el cambio legislativo (que en principio también pretendía rebajar las minorías necesarias para la renovación del Consejo) lo que hace es “trasladar las consecuencias de la incompetencia de las fuerzas políticas para renovar el CGPJ a la víctima de esa incompetencia, que es el propio Consejo”.

“Descabeza la carrera judicial”

La APM ha puesto de relieve que la reforma legal priva al CGPJ “de gran parte de las competencias que le reconoce la Constitución”, unas competencias que -según ha señalado- son claves “para preservar los principio de separación de poderes e independencia judicial”. “No solo le impide el ejercicio de una competencia relevante como hacer nombramientos, sino también ejercer otras que justifican su propia existencia, como amparar a los jueces en el desempeño de su labor jurisdiccional”, ha denunciado la agrupación de jueces.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que la Constitución no regula la situación del Consejo en funciones -a diferencia de lo que hace con el Gobierno y el Congreso- precisamente para “desligarlo del devenir político y garantizar el ejercicio de sus competencias en cualquier momento”.

Según la APM, la polémica reforma “descabeza la carrera judicial, creando graves disfunciones en la prestación del servicio público y en la organización y gestión de los tribunales”. De hecho, subraya, “a día de hoy hay ya diez plazas vacantes en el Tribunal Supremo y seis presidencias de tribunales superiores de justicia”.

La asociación que preside el magistrado Manuel Almenar también ha puesto de relieve que el Gobierno debería atender las recomendaciones de la propia Comisión Europea y del informe Greco en el sentido de que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces. Pero, ha lamentado, la reforma va “en sentido contrario al incrementar la apariencia de politización”.

La APM también se ha mostrado en contra de que se deje la instrucción en manos de los fiscales, porque el Ministerio Público “está regido por el principio de jerarquía y el fiscal general es elegido a propuesta del Gobierno y cesa con el Gobierno, lo que siembra las sospechas de falta de independencia, y más si como sucede ahora la fiscal general pasó del Gobierno a su actual puesto”. Asimismo, se ha quejado de que la crítica legítima a la judicatura “se está transformando en amenazas más o menos veladas a los jueces que llevan determinados casos, incluso desde la política”, un “permanente cuestionamiento” de decisiones judiciales que no les satisfacen que en su opinión “termina por dañar la confianza del ciudadano en la Justicia”. El reto, por tanto, es “sacar a la justicia del debate político”, ha señalado.

Francisco de Vitoria: “El sistema actual no se sostiene”

Respecto a esta reunión, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, considera el encuentro “un paso más para seguir insistiendo en que hay que cambiar la elección de los doce vocales judiciales del CGPJ, porque el sistema actual ya no se sostiene por más tiempo”.

“A todos los que insisten en que hay que renovar ya el CGPJ y dejar esa reforma para dentro de unos años hay que preguntarles qué interés tienen en mantener un sistema totalmente partidista y politizado, que no sirve y que además es perjudicial, como nos acaba de recordar el propio comisario europeo de Justicia hace apenas unos días”, ha asegurado.

En un comunicado, Foro Judicial Independiente afirma que su representante ha hecho “una rotunda defensa de la independencia judicial” reclamando la necesidad de terminar “de forma inmediata” con el actual sistema de elección por los partidos de los vocales judiciales del Consejo. “Esta reforma no admite más aplazamientos y que no es aceptable renovar el CGPJ con el sistema actual de reparto de cuotas entre partidos”.

“Politización” del poder judicial

“Hemos expuesto que consideramos que el actual sistema supone una politización del poder judicial y compromete directamente la percepción que los ciudadanos tienen de la independencia del poder judicial”, apuntan. ”El problema no está en la imparcialidad de los miembros de la carrera judicial, que no se pone en duda, sino en la percepción de independencia de un poder del estado cuyo órgano de gobierno es elegido por los políticos”, añaden.

Foro Judicial Independiente ha advertido asimismo a la Comisión del “grave problema derivado del hecho que los jueces puedan hacer carrera en política y en justicia a la vez”. “No debe haber ningún contacto entre política y justicia para que la justicia pueda ser percibida como independiente por los ciudadanos”, han insistido.

Esta asociación también se ha mostrado contraria al actual sistema de aforamientos, que permite -se ha quejado- “que todos los políticos sean juzgados por el Tribunal Supremo o por tribunales superiores de justicia en los que hay jueces seleccionados por el CGPJ, cuyos vocales son nombrados actualmente en su totalidad por los propios políticos”.