El día después del estado de alarma aleja a Pedro Sánchez de sus socios

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a quemarle entre las manos su plan de desescalada. A cuestas con la campaña electoral de Madrid, donde el PSOE no acaba de encontrar su sitio, las comunidades han puesto pie en pared sin esperar a las urnas y han dinamitado el mensaje oficial de que el 9 de mayo, conforme a lo prometido por Sánchez ya en tiempo electoral madrileño, se levantará definitivamente el estado de alarma.

En la revuelta participan comunidades socialistas y populares, con la salvedad de que algunas se atreven a levantar la voz y otras, sin embargo, prefieren esconder la mano y callar, a pesar de compartir el mismo criterio.

El estado de alarma lleva desde finales del pasado verano convertido en un juego político, en el que unos se pasan a otros la «pelota» de la responsabilidad de las impopulares restricciones y limitaciones al movimiento para tratar de salvar la cara ante la opinión pública.

Sánchez ha demostrado que tiene capacidad de sobra para mirar hacia otro lado y no darse por enterado bajo el cómodo paraguas de la cogobernanza. Pero el problema es que esta vez la sublevación amenaza a su estabilidad parlamentaria porque el PNV, su socio preferente, y más fiel hasta ahora, se ha puesto al frente de la revuelta y ni siquiera acepta la salida por la puerta de atrás que pretendía ofrecer Moncloa tras el 4-M, la de un estado de alarma «a la carta». Es decir, con el cobijo legal del artículo 4 de la ley orgánica que lo regula, traspasar a las comunidades la iniciativa de señalarse, de solicitar el estado de alarma en su territorio, y asumir ante el Congreso de los Diputados la responsabilidad de su continuidad.

Ajuria Enea no acepta ni siquiera «la trampa» de ese estado de alarma «a la carta» porque le supone el desgaste político de admitir ante sus ciudadanos-votantes la responsabilidad en exclusiva, en comparación además con otras comunidades autónomas, de mantener las restricciones por la alta incidencia de los contagios. Ayer el lendakari, Íñigo Urkullu, solicitó formalmente en el Parlamento vasco que se mantenga un estado de alarma a nivel nacional, y por dos meses más. Esto le serviría para diluir en el conjunto la imagen de que su gestión ha podido ser peor que la de otras autonomías, y que, por eso, ni con el cierre están siendo capaces de vencer al virus.

A tres días de la jornada de reflexión en Madrid, el Gobierno no se sale del mantra de que hay herramientas de cogobernanza para gestionar la crisis sanitaria a partir del 9 de mayo. Las comunidades no están conformes porque consideran que a pesar de que el ritmo de vacunación avanza con regularidad, sobre todo es necesario mantener el toque de queda, aunque se fije más tarde de las once de la noche.

Al afectar a un derecho fundamental, las comunidades no tienen competencias en esta materia, como sí para restringir el horario de la restauración y otras limitaciones de las que ya hicieron uso durante la desescalada del pasado verano. Sin estado de alarma, los Gobiernos autonómicos, o mejor dicho, la crisis sanitaria queda en manos de las decisiones de la Justicia. Y el año pasado ya hubo oportunidad de comprobar la discrecionalidad de estas decisiones y el coste en eficacia –recuerdan desde la gestión sanitaria autonómica.

Hasta Cataluña ha visto la oportunidad para tirar hacia su terreno y asumir competencias que no tiene, como la de legislar sobre la marcha para imponer un toque de queda, bajo un teórico control judicial.

Las presiones del PNV suben a medida que se acerca el plazo para que decaiga el estado de alarma, y al grito de Urkullu se sumaron ayer Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia. La Xunta viene advirtiendo desde hace semanas sobre la irresponsabilidad de no tener una alternativa a esta medida excepcional, e incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a las elecciones del 4-M, Isabel Díaz Ayuso, avaló la semana pasada, en una entrevista en el programa «Al Rojo» de La Sexta, la conveniencia de que se mantuviera el toque de queda, aunque fueran aliviándose restricciones a la hostelería.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, respaldó ayer el planteamiento de Urkullu, es decir, que continúe un estado de alarma tasado y no «a la carta» para las autonomías que lo soliciten. A su vez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, abogó por mantener el estado de alarma un mes más, y avanzó que el toque de queda se mantendrá en su comunidad a partir del 9 de mayo. La petición de Urkullu recibió, asimismo, el apoyo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por considerar que es una «demanda razonable y sensata».

«No se puede dejar en desamparo legal a las comunidades. Necesitamos una red para gestionar la pandemia hasta que la vacunación haya avanzado lo suficiente y se alcance la inmunidad de rebaño», defendió.

La Xunta sostiene que el toque de queda no se puede mantener sin estado de alarma y asume también que deberá buscar aval judicial para sostener los cierres perimetrales.