Los barones del PP no pedirán estados de alarma a la carta

El Gobierno siembra el caos al rectificar sobre las «reformas legislativas» para unificar las restricciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer durante su visita a Atenas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer durante su visita a AtenasORESTIS PANAGIOTOUEFE

El «efecto Ayuso» es la excusa que justifica ahora que hasta los Gobiernos autonómicos más convencidos de que debía seguir el estado de alarma, aunque fuese en una versión light y para mantener solo el toque de queda, hayan decidido replegarse.

«Aquí nadie va a moverse porque, después de lo que ha pasado en Madrid, hay todavía más miedo al coste electoral de las restricciones». La reflexión es de un dirigente autonómico del PP, de los convencidos sobre la necesidad de haber prorrogado el estado de alarma para blindar, al menos, el toque de queda.

Las comunidades no se moverán, prefieren resignarse y jugar su suerte a la vacunación. Y al Gobierno de Sánchez también le quema en las manos su obligación de dirigir el proceso después del batacazo electoral del 4-M.

La política nacional ha convertido esta nueva y última desescalada en otro pulso político, y las comunidades autónomas se han dejado enredar en él. Hasta el punto de que, aunque muchas de ellas consideran que la mejor alternativa, y probablemente la única, era mantener en vigor durante unas semanas más el estado de alarma, ninguna, da igual el color y su situación epidemiológica, se plantea solicitarlo por miedo al coste de asumir el desgaste de esta medida ante la opinión pública. Gobierno y oposición se han instalado en el juego de «tú la llevas».

Las imágenes de este fin de semana de fiestas masivas en las calles y plazas de España, sin guardar las medidas de seguridad, confirman el sentido de la razón por la que las autonomías defendían mantener la alarma para preservar al menos el toque de queda y poder evitar los botellones y concentraciones en la vía pública.

Pero el pulso de Pedro Sánchez y Pablo Casado obliga a esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la petición de unificación de doctrina, después de que los Tribunales Superiores de Justicia y las fiscalías hayan discrepado, según el territorio, en la viabilidad de un toque de queda sin estado de alarma.

Puede ocurrir que el Supremo niegue incluso sentido a esa propuesta de una reforma legislativa, que lidera el PP, para ampliar más las competencias autonómicas, de tal manera que un Gobierno regional sí tenga facultad para decidir sobre derechos fundamentales, como la libertad de movimiento o los cierres perimetrales entre comunidades.

Que hoy competen al Gobierno de la Nación y cuya limitación regula la ley orgánica del estado de alarma. El Gobierno incurre en la contradicción de justificar ahora la no necesidad del estado de alarma en que hay suficiente ordenamiento jurídico alternativo, después de que el año pasado pidiera su aprobación durante seis meses, sin apenas control parlamentario, justo por el motivo contrario, porque las comunidades no tenían competencias para actuar en esa limitación de derechos fundamentales.

En medio del caos jurídico, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se matizó ayer a sí mismo y, en una entrevista en «Al Rojo», de La Sexta, descartó reformas legales para buscar esa vía alternativa al estado de alarma.

«Hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo, el sistema es suficiente y el Gobierno no está preparando ninguna reforma», precisó. Aunque también reconoció que, a su juicio, este «montón de normas» no permite que las comunidades pueden mantener en vigor el toque de queda, aunque consideren que es una medida imprescindible para seguir combatiendo con eficacia la pandemia.

La contradicción también está en el ámbito del centro-derecha. El Gobierno se ha lavado las manos, y Génova ha impuesto el juego de hacer oposición a la demanda de sus barones de que se apoyara y se defendiera el estado de alarma. Ayer, el PP ofreció sus escaños al Gobierno para aprobar la reforma legislativa que permita tener un marco legislativo que corrija el caos actual.

En clave política, en esto está el juego: el de la oposición, en que el Gobierno aparezca como el responsable de ese «caos»; y en el lado del Ejecutivo, en que la oposición no les arrebate esta vez, como en Madrid, el eslogan de la «libertad», vistas las consecuencias dramáticas para sus intereses del «efecto Ayuso». El Supremo puede tardar una semana en pronunciarse.

Y, mientras, seguirá el ruido político. El sentido común lo ponen en privado desde los Gobiernos regionales, aunque el miedo al coste en las urnas de las decisiones impopulares acalle todos los movimientos en público. «Liamos a la gente en discusiones jurídicas y supuestas defensas de la libertad cuando lo que hay es sólo política.

El Gobierno se comprometió a modificar la legislación, y no lo hizo, pero ahora seguimos en un estado de urgencia y tenemos un mecanismo para defender la política sanitaria necesaria en estos momentos, que es el estado de alarma adecuado a la nueva situación.

Pero, unos por los otros, la consecuencia son los botellones y el riesgo cierto de que aumenten los contagios. Ni el Gobierno quiere mojarse ni tampoco vamos a hacerlo ahora las comunidades», reflexiona un presidente autonómico del PP.

El ministro de Justicia instó precisamente ayer a los Gobiernos autonómicos a solicitar la alarma «a la carta», si así lo ven necesario, tras insistir en La Sexta en ese «arsenal normativo» que tienen las comunidades.

En paralelo, el jefe de la oposición amenazó a Sánchez con hacerle responsable «si hay otra ola» tras el final de la alarma. A su juicio, el presidente del Gobierno tendrá que responder ante los tribunales y ante una comisión parlamentaria por «su mala gestión de la pandemia».

Casado acusó a Sánchez de generar un caos, y pidió «desesperadamente» una negociación para aprobar un plan B legislativo en quince días.