Policías denuncian que el Gobierno da prioridad a los terroristas y dilata la resolución de los problemas de los agentes

“Denunciamos, una vez más, el desamparo institucional que sufrimos los policías por parte de un Gobierno que se niega a usar las vías legislativas a su alcance para resolver el atasco de la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía. que afecta a las carreras de miles de policías, mientras utiliza esas mismas vías para beneficiar a presos etarras”

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) señala que “las comparaciones, además de odiosas, son inaceptables y el Gobierno no presenta la misma disposición para resolver a través de sus parlamentarios los problemas de los policías que los de los terroristas condenados”.

Se refiere a la tramitación en el Senado del Proyecto de Ley Orgánica de protección a la infancia. Incluirá entre sus iniciativas la modificación de varios cuerpos legislativos, entre ellos la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Estas modificaciones contemplan la posibilidad de que terroristas condenados accedan al tercer grado penitenciario, con sus permisos y salidas de prisión, por motivos humanitarios, enfermedad o edad avanzada, igual que deja la puerta abierta a otras condiciones favorables a los terroristas condenados.

“Desde el SUP denunciamos cualquier trato que beneficie a presos condenados por terrorismo y exigimos al Gobierno que emplee de igual manera su fuerza legislativa para resolver los problemas de los policías en vez de aplicarse en abrir la puerta de las cárceles a los terroristas presos, independientemente de que las modificaciones del Senado sean aprobadas o no posteriormente en el Congreso”, señala.

Subrayan que “esa misma vía legislativa la podría utilizar el Gobierno para solucionar el desamparo de miles de policías cuyas carreras profesionales se han visto cortadas de raíz por la Ley Orgánica de Régimen de Personal. Esa norma, a la que el SUP se opuso desde el principio votando en contra, exigía titulaciones a los policías que quisieran ascender a cambio de que el Ministerio de Interior diseñara una malla curricular y creara un centro universitario policial. Ya han pasado los cinco años de moratoria para aplicar la Ley, y ni hay malla curricular ni centro universitario policial”

Por ello, instan al Gobierno a que resuelva el problema a través de “sus parlamentarios, o mediante la segunda opción de la vía del Decreto Ley. Esta segunda opción, tan recurrida por el Gobierno con 39 decretos aprobados sólo en 2020, no parece algo excepcional vista la asiduidad” con la que la utiliza.