Moncloa pierde el control de las comunidades

La caída del estado de alarma deja al presidente del Gobierno también «desnudo» por el flanco autonómico. La crisis sanitaria y el estado de alarma han ayudado a Sánchez a que las comunidades autónomas primaran la responsabilidad institucional sobre la confrontación, con la excepción de Madrid. Y le ha servido por tanto a Moncloa de escudo en el que tapar los desacuerdos y las diferencias con los territorios.

Pero con el fin del estado de alarma las comunidades se sienten liberadas de ese peso institucional, y llega también el momento de la reivindicación. Esto es lo que hace que la Conferencia de Presidentes, que el Gobierno tiene pendiente de convocar desde el pasado mes de marzo, incomode tanto a Moncloa.

El PP ha olido la presa y hoy someterá a votación una propuesta para exigir la convocatoria de este órgano de debate territorial, que dice que Sánchez debería haber convocado hace meses. El Gobierno respondió a las primeras presiones autonómicas para que se reuniera este órgano interterritorial con el anuncio de que su intención era celebrar la Conferencia antes del verano. El compromiso de Sánchez era reunirse con los barones dos veces al año. La convocatoria es exigida ahora por el País Vasco, Castilla-La Mancha y las cinco comunidades gobernadas por el PP.

La urgencia estaba relacionada con el fin del estado de alarma y la discusión sobre la inseguridad jurídica, planteada por las mayoría de las comunidades, sobre las medidas necesarias para seguir controlando la pandemia. La caída de los contagios señala que, de momento, los temores autonómicos no se han cumplido, aunque sí se ha producido un reguero de decisiones contradictoria de los tribunales al permitir unos confinamientos, y otros no. No obstante, sobre la mesa sigue habiendo temas suficientes para justificar la reunión autonómica, que Moncloa teme que se convierta en otro «todos contra el presidente del Gobierno». Es decir, una reedición de lo que cada semana se ve en el Parlamento, pero esta vez con los presidentes autonómicos como protagonistas de la queja.

Sánchez no quiere además compartir con ellos ni la foto de la vacunación ni de los fondos europeos, pero la presión complica su resistencia a convocarles.

El PP quiere apuntarse el tanto de esa convocatoria y por eso hoy ha colado en el orden del día del Congreso la exigencia de esta reunión. Si el PNV es coherente con la posición manifestada hasta ahora, deberá votar del lado del PP. El decreto ley por el qu el Gobierno declaró en noviembre el segundo estado de alarma recogía que, pasados cuatro meses, la Conferencia de Presidentes podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos.

La textualidad del compromiso enmarca la convocatoria en el sentido de utilizarla para tomar decisiones sobre el estado de alarma, que, cierto es, ya decayó a principios de mayo.

El PP exige ahora que la Conferencia sirva para que «el presidente del Gobierno informe a las comunidades sobre las medidas que piensa adoptar tras la finalización del estado de alarma y sobre si piensa adoptar las medidas necesarias para articular el plan B jurídico que dote a las autonomías de medios para contner la expansión de la pandemia».

Es un debate político que va por detrás de los datos actuales de la evolución de la incidencia de los contagios. El PP sabe que la Conferencia será otra plataforma para dar resonancia a la soledad cada vez mayor de Sánchez, incluso con respecto a sus socios de investidura.