Alemania bloquea la cuenta de la Fundación Franco en Twitter

Cualquier interesado en Alemania que quiera visitar la cuenta de Twitter de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) no puede hacerlo. Está bloqueada, y un mensaje advierte de que la cuenta “ha sido retenida en base a las leyes locales”. Ninguno de sus contenidos es accesible en todo el territorio alemán.

En el país germano está terminantemente prohibida cualquier referencia a la Alemania nazi o al fascismo italiano. La distribución de símbolos como la esvástica, el saludo hitleriano o el himno del partido nazi están penalizados por el artículo 86 del Código Penal vigente en el país teutón.

También están fuertemente penalizados todo tipo de banderas, insignias, uniformes, lemas, canciones y saludos de índole fascista o nazi.

El veto en Twitter ha causado malestar en la Fundación Franco, cuyo presidente, Juan Chicharro, será entrevistado el próximo lunes en la televisión alemana, a la que piensa “dejar las cosas claras”, asegura.

El general en la reserva quiere “recordar que en Alemania si eres comunista no puedes ser funcionario”, e “independientemente de esto”, apunta, “hay una gran diferencia entre nazismo y franquismo: Franco era católico, salvó a decenas de miles de judíos y además ganó la guerra alcomunismo; eso no se lo perdonarán nunca”.

La consideración de fascista no existe en otros países europeos ni en España respecto a la Fundación Franco, una institución privada creada en 1976 y cuyos objetivos son difundir la memoria y obra de Francisco Franco, siempre dentro de la legalidad vigente.

Uno de los fines de la entidad establecidos en sus estatutos era enaltecer la figura de Franco, pero precisamente para evitar su ilegalización la Fundación modificó sus estatutos en 2018.

Esto no ha impedido uno de los objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez, que es proceder a su ilegalización.

El Ejecutivo está dispuesto a aprobar sin cambios su proyecto de Ley de Memoria Democrática a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe en el que se muestra disconforme con la disolución por apología del franquismo. Para el órgano de gobierno de los jueces, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, “constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión”.