El Gobierno considera que los principales líderes independentistas condenados por el «procés» son necesarios para restablecer el diálogo en Cataluña. De hecho, en los expedientes en los que justifica la medida ve su estancia en prisión «un escollo para la superación del conflicto» y su objetivo de «restaurar» la convivencia y dejar atrás las heridas del desafío soberanista.

Oriol Junqueras: un líder relevante en la negociación

Lo que dicen los expedientes:

Fuentes del Gobierno lo dejaban claro ayer apenas unos minutos después de que Pedro Sánchez confirmara la concesión de los indultos: Oriol Junqueras es un «líder relevante» del independentismo en Cataluña sin el cual la apuesta por el diálogo que enarbola el Ejecutivo nacería coja.

Sobre esta premisa apuntala el Gobierno la concesión de la medida de gracia al líder de ERC, quien con su carta in extremis renunciando a la vía unilateral permite al Ejecutivo mostrar su convicción de que su opción por la vía del diálogo «parece a día de hoy decidida».

«No fue condenado por sus ideas», sostiene el expediente al que tuvo acceso la cadena Ser, al tiempo que considera «indiscutible» su «peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña» en el futuro.

De hecho, el Gobierno llega a sostener que su indulto «satisface mejor el bien común de España».

Junqueras deberá estar seis años sin reincidir (el máximo periodo fijado como condición resolutoria por el Ejecutivo), pero dado que su condena fue la más grave (trece años de prisión y otros tantos de inhabilitación), ese plazo ni siquiera alcanza los nueve años que le quedaban por cumplir.

En definitiva, el expediente avala las razones de utilidad pública (la apuesta por la «reconciliación») para conceder el indulto a Junqueras.

Lo que decía la sentencia:

Del líder de ERC –a quien el Supremo impuso la condena más severa, trece años de prisión por sedición y malversación, de los que le restaban por cumplir más de nueve–, el tribunal afirmó que tuvo un «destacado papel en el proceso que finalmente condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».

Además de su «pertinaz desatención» a los requerimiento del Tribunal Constitucional para impedir el 1-O, los magistrados tildaron de «palmario» su «decisivo protagonismo» en los «más relevantes actos de deslealtad en la administración de fondos públicos».

Como vicepresidente de la Generalitat y responsable de Economía era «la cabeza jerárquica» de todos los miembros del Govern que se sentaron en el banquillo, destacó la Sala. En definitiva, ocupaba «la cúspide en el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso». El tribunal hizo hincapié en que Junqueras y los otros ocho indultados «expresaron por los medios sociales mensajes de solidaridad, afecto y compromiso y expresiones de agradecimiento, animando a la participación activa en el referéndum declarado ilegal, y estimulando la presencia masiva de ciudadanos en las urnas, pese a conocer que las Fuerzas de Seguridad del Estado habían recibido la encomienda específica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir su celebración».

La Sala dio por probado que Junqueras mantuvo en todo momento el «control del proceso de creación legislativa y reglamentaria que hizo posible la celebración del referéndum declarado ilegal». El propio líder de ERC –señalaron los magistrados en la sentencia– «admitió su protagonismo, si bien justificó el rechazo a esos requerimientos por la falta de legitimidad del Tribunal Constitucional».

Jordi Sánchez: «Clave» para restaurar la convivencia

Lo que dicen los expedientes:

El ex líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) es considerado por el Gobierno como «uno de los principales actores políticos de la escena catalana» por su papel de «destacado referente social» del independentismo.

Hasta el punto de que se le señala como una persona «clave» para la «restauración de la convivencia», el objetivo con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica la utilidad pública de los indultos.

Aunque no formaba parte del Gobierno de Carles Puigdemont, el expediente que apoya su indulto hace hincapié en que durante su estancia en prisión fue elegido diputado y designado secretario general de Junts per Catalunya (JxCat).

Respecto a Sánchez se reconoce asimismo que para gran parte de la sociedad catalana es un «activista y defensor de los derechos humanos» y un «líder social comprometido», según ha avanzado El Periódico.

Su permanencia en prisión, en definitiva (como la del resto de condenados) es vista como un «claro obstáculo» para reconducir las relaciones entre el Estado y la Generalitat. La superación del «conflicto», subraya el Ejecutivo, está actualmente condicionada por la reclusión de los líderes de «procés».

Lo que decía la sentencia:

De Jordi Sánchez dice el Tribunal Supremo en la sentencia del «procés» que asumió –al igual que Jordi Cuixart– una contribución «decisiva» al plan soberanista al poner a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) «al servicio de la maniobra de presión política». «Asumió de forma voluntaria y con la aquiescencia del procesado Forn, que le confirió el rango de interlocutor, la promoción y el liderazgo de la concentración que tuvo lugar el día 20 de septiembre de 2017» frente a la Consejería de Economía en contra de los registros judiciales y que obligó a la secretaria judicial a abandonar de madrugada el edificio por la azotea.

Esos incidentes, según al Alto Tribunal, fueron «promovidos» y «dirigidos» por «los Jordis». Sánchez, en particular, «se negó a que los agentes de la Guardia Civil pudieran hacerse cargo de los vehículos policiales, si no se acercaban a pie, sin garantía alguna de indemnidad, hasta el lugar donde estaban estacionados atravesando la masa de personas que los rodeaban».

Jordi Cuixart: no ha vuelto a delinquir desde 2017

Lo que dicen los expedientes:

El líder de Òmnium Cultural es el vivo ejemplo de lo que fuentes del Gobierno califican de aquellos condenados que han «exteriorizado su contumacia por la vía unilateral». Despreció públicamente los indultos y ha reiterado hasta la saciedad el consabido «lo volveremos a hacer». De ahí que –como en el caso de Jordi Sánchez– el Ejecutivo haya fijado en cinco años (prácticamente el periodo que le restaba de prisión para extinguir su condena) el plazo durante el cual no podrá reincidir si no quiere ver esfumarse la medida de gracia.

«Esta contumaz actitud que ha mostrado podría suponer que no merezca el indulto por razones de justicia o equidad, pero no pueden anteponerse al superior interés público que inspira la concesión de su indulto».

No obstante, el Gobierno ha tenido en cuenta que a pesar a pesar de sus manifestaciones públicas apostando abiertamente por retomar la vía unilateral que le llevó a prisión «no ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto delictivo» desde 2017, el año de culminación del «procés».

Y es que el Ejecutivo no tiene dudas de que el diálogo es «la única vía eficaz para la superación de las diferencias que ponen hoy en riesgo la convivencia entre los catalanes y entre Cataluña y el resto de España», informa Ep.

Lo que decía la sentencia:

De Cuixart y Jordi Sánchez la sentencia del «procés» resalta que ambos asumieron «la vanguardia para la movilización ciudadana dirigida a la celebración del referéndum» ilegal del 1 de octubre de 2017, alentando a los ciudadanos a «ocupar los centros de votación» y a que «impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura».

Asimismo, llama la atención el fallo, los dos «alentaron a los ciudadanos, a través de mensajes de Twitter y de los medios de comunicación, a ocupar los centros de votación antes de la hora en la que estaba ordenada la intervención de la policía autonómica, y les exhortaron a que impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura y a la retirada del material electoral».

La contribución de Jordi Cuixart resultó en todo caso «decisiva» para los fines independentistas pues, como Sánchez, ejercía una «indiscutida capacidad de liderazgo» en una asociación que contaba «con una amplia e histórica trayectoria de movilización popular» «La ausencia de violencia en convocatorias multitudinarias añadía», además, «una seña de identidad que reforzaba, si cabe, su capacidad de convocatoria».

Joaquim Forn: seguirá luchando «contra la represión»

Lo que dicen los expedientes:

El ex conseller de Interior no podrá volver a delinquir durante un periodo de seis años (el máximo fijado por el Gobierno para los indultados). Tras conocer la concesión del indulto, Joaquim Forn se reafirmó ayer a través de su cuenta de Twitter en que seguirá «luchando contra la represión, por el retorno de los exiliados y la independencia de Cataluña». «1.328 días en la cárcel. Ni un solo día de renuncia», dejó claro el ex conseller de Puigdemont.

Clave en la actuación de los Mossos, el Gobierno constata que como el resto de condenados actuaron «cegados por sus objetivos políticos», pero en su decisión prioriza la recuperación del diálogo con el independentismo.

Lo que decía la sentencia:

A diez años y medio de cárcel condenó el Supremo al ex titular de Interior de la Generalitat a quien la Sala reprochó una actuación «desleal» que se plasmó en la «firme decisión» de no impedir la votación y garantizar que los Mossos «no frustrasen la realización del referéndum».

El ex conseller «en todo momento ordenó su comportamiento a reconducir la interpretación de los mandatos judiciales a un sentido que permitiera disimular su aparente cumplimiento con el decidido propósito de hacer inefectivas tales legítimas órdenes jurisdiccionales y del fiscal superior» de Cataluña.

«Los Mossos –que dependían administrativa y no solo políticamente del procesado sr. Forn– no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros». El tribunal imputó a Forn «que declinara el ejercicio de las facultades legalmente impuestas y que le erigían en garante» de que la Policía autonómica no se «desentendiera» de cumplir las órdenes de impedir el 1-O y de «la efectiva aplicación de las leyes».

Raül Romeva: el puntal de la estrategia exterior

Lo que dicen los expedientes:

La estancia en prisión del ex conseller de Exteriores de la Generalitat tampoco es considerara adecuada por el Gobierno en su afán por «restablecer la concordia». Fuentes del Ejecutivo apuntan incluso que el hecho de que «haya líderes políticos en una democracia occidental es algo excepcional que no se entendía en Europa», algo que según entiende el Ejecutivo solo alimentaba el «victimismo» independentista y la «desafección» de los partidarios del independentismo. Por eso, considera que el indulto está igualmente justificado por razones de utilidad pública.

Lo que decía la sentencia:

De Romeva, ex responsable de Exteriores de la Generalitat, la Sala dijo que «asumió la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum», fundamentalmente a través de Diplocat.

«Era conocedor de que estaba promoviendo la creación de una legalidad paralela –subrayó el tribunal– y que, mediante la movilización ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar» la capacidad de respuesta del Gobierno español y de los tribunales».

«En la misma línea de apoyo a una consulta que, en ningún caso, iba a convertir a la comunidad catalana en un Estado soberano, sostuvo que no había alternativa a la proclamación de la independencia», subraya el Supremo. «Negó el riesgo de fractura social, incluso entre familias, porque, en su opinión, la división era entre demócratas y no demócratas, ya que el 80 por ciento de la población catalana quería votar», añadía en el fallo.

«Asumió la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum», subrayaron los magistrados, para quienes «era conocedor de que estaba promoviendo la creación de una legalidad paralela y que, mediante la movilización ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar la capacidad de las autoridades gubernativas y judiciales» para ejercer las funciones que la Constitución les atribuye.

Carme Forcadell: posibilitó una «legalidad paralela»

Lo que dicen los expedientes:

Forcadell, que resultó clave para sacar adelante las leyes de desconexión como presidenta del Parlament, renunció ante el juez Pablo Llarena, instructor del «procés», a reincidir en la vía unilateral. No podrá delinquir de nuevo durante un periodo de cuatro años.

En los expedientes en los que avala la medida de gracia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace hincapié en que el encarcelamiento de los políticos independentistas ha condicionado de forma negativa «las relaciones entre Cataluña y el resto de España», obstaculizando «la superación del conflicto existente».

De hecho, fuentes del Gobierno insistían ayer en que se había llegado a «un callejón sin salida» y que el indulto es «el primer paso» para «restablecer la concordia» las «relaciones afectivas» entre Cataluña y el resto de España en la medida en que la medida «añade un plus a la convivencia»

Lo que decía la sentencia:

«Votó sistemáticamente» a favor de la admisión de las leyes de desconexión «y abrió la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, estatutarias y legales, así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la legalidad», resaltó el tribunal en la sentencia del «procés». «Hasta llegar a la celebración del referéndum la actividad parlamentaria tuvo como complemento toda una serie de actos reglamentarios dirigidos a hacer posible lo que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal », incidió la Sala.

Asumió, en definitiva, «un decidido protagonismo en el concierto delictivo ideado por los acusados» e «incumplió de forma reiterada y contumaz» las resoluciones del TC. «Hizo posible, desde su privilegiada posición de presidenta del Parlament, la creación de una legalidad paralela carente de validez».

Josep Rull: «Si nos quieren, que nos dejen votar»

Lo que dicen los expedientes:

«Si nos quieren, que nos dejen votar», aseguró el ex conseller en una entrevista a Rac-1 tras conocer los indultos.

Lo que decía la sentencia:

De Rull, la Sala destacó «su intervención para impedir el amarre de un barco en el puerto de Palamós» (el célebre «Piolín»), donde se alojaron los agentes desplazados a Cataluña, y que pusiera «a disposición del referéndum prohibido locales gerenciados» por su departament. Además, puso a disposición del referéndum «locales gerenciados por el Departament de Territorio y Sostenibilidad del que era responsable» y contribuyó a crear «las bases que propiciaron las condiciones de la movilización ciudadana». Su actividad «no se limita a una idea, o a su expresión», sino que creó « las condiciones precisas que impidieran el funcionamiento de los servicios públicos y la actuación del Estado de acuerdo a la legalidad».

Jordi Turull: aunque no se ha arrepentido, puede «favorecer» el diálogo

Lo que dicen los expedientes:

El Gobierno constata que Jordi Turull no ha hecho autocrítica ni ha mostrado arrepentimiento, pero pone en valor que la medida de gracia «satisface» el «bien común de España». Su decisión, deja claro, es «estrictamente política» y, por tanto, «está por encima de intereses, razones y criterios individuales». Por tanto, añade, aunque su actitud no le hace personalmente merecedor del indulto, su salida de prisión puede «favorecer objetivamente la vía del diálogo», informa Ep.

Lo que decía la sentencia:

Turull, destacó el Supremo en su sentencia, «intervino activamente en la concertada actuación sediciosa» y participó «en las distintas reuniones definitorias de la estrategia a seguir».

Su tardía incorporación (en julio de 2017) al Gobierno de Puigdemont, recalcó, «no es obstáculo para concluir su autoría».

Turull «se suma a un alzamiento tumultuario» y para el Supremo lo verdaderamente relevante de su conducta fue que se opone «de forma contumaz frente a la actuación de las autoridades o corporaciones que actúan en aplicación las leyes, para hacer posible la vigencia de las resoluciones administrativas o judiciales».

Dolors Bassa: la ex consellera exige el retorno de los «exiliados»

«Falta el retorno de las exiliadas, acabar las causas judiciales abiertas y la represión», reclamó Bassa al conocer los indultos.

Lo que decía la sentencia:

El Supremo señaló que «tuvo una intervención decisiva de cara a garantizar» la disponibilidad de los locales de votación para el referéndum, «blindándolos ante una eventual negativa de sus directores a la apertura». Su decisión de «participar en ese pulso al orden constitucional», concluyeron los magistrados, «fue inequívoca y deliberada», incluso a costa «de propiciar un enfrentamiento con los Cuerpos de Seguridad» e incumplir las resoluciones del TC.