(In)vertebrados

Las claves ya las apuntó Ortega y Gasset en 1921. En su clásico España invertebrada aborda la difícil cuestión del proceso de construcción y desintegración de las naciones, centrándose en el caso español para analizar algunas de las causas de la crisis política y social de su época. Aquel estudio, que él mismo definió como «un ensayo de ensayo», ha pasado la prueba de los años convertido en el perfecto guion para explicar (y entender) los desencuentros que, de manera cíclica, sacuden la convivencia de los españoles. Apunta Ortega a los regionalismos y separatismos como parte de los males que profundizan el «proceso de desintegración» y también se refiere a la «ausencia de los mejores» entre los dirigentes como uno de los frenos de los avances de la sociedad, pero, sobre todo, fija el gran problema de España en la falta de «un proyecto de vida común». La historia, con sus vaivenes, propició la Transición y la Constitución del 78 que vinieron a romper esa inercia sin plan compartido y sentaron las bases de una estabilidad que ha avanzado en la senda de lo común. Con sus altibajos, sus progresos y sus tropiezos, esta etapa, marcada por el desarrollo del modelo autonómico, nos ha traído hasta el centenario de aquella España invertebrada y nos sitúa en otro momento clave: uno de esos en los que se advierten cambios significativos y que, vistos con la perspectiva del tiempo, se convertirán en puntos de inflexión: existen suficientes indicios para intuir que encaramos una fase de modificación en el reparto del poder territorial.

Evoluciones inversas

Y esos movimientos que pueden alterar el equilibrio establecido en el 78 (más o menos frágil o más o menos imperfecto), en el que se mantiene España desde hace cuatro décadas, vienen marcados por el proceso de negociación abierto con Cataluña por el Gobierno de Pedro Sánchez y también por otras señalas lanzadas desde el País Vasco, a través del PNV y de Bildu (con sus claras diferencias), para sumarse a una nueva redistribución de competencias. El propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha confirmado que mantendrá su apoyo al PSOE para cambiar el «modelo de Estado» y lograr que tanto Euskadi como Cataluña sean «naciones» que mantengan una relación «bilateral» con España.

A lo largo de la historia, las vías catalana y vasca han demostrado ser líneas que avanzan paralelas y que no siempre llegan a cruzarse o a confluir a la vez en sus objetivos. Resulta paradójica la evolución del nacionalismo y el apoyo a la independencia en ambos territorios: se mueve en sentido inverso. Según la serie histórica del Sociómetro que publica el Gobierno Vasco desde 1998, el rechazo a la ruptura alcanzó su máximo el pasado mes de junio, ya que tan solo el 21 por ciento apoya la independencia frente al 41 por ciento que la rechaza (un aumento de siete puntos respecto al de 2019). En Cataluña, según el CEO de mayo de 2021, el 44,9 por ciento de los catalanes estaría a favor de la separación, y aunque aumenta levemente el rechazo, las cifras muestran el recorrido opuesto a las del País Vasco.

Esta diferente evolución conecta con la íntima correlación entre sentimiento y política: un estudio de la Universidad de Málaga con la de Harvard concluye, tras analizar más de 50.000 encuestas sobre Cataluña y País Vasco del CIS en los últimos 25 años, que el sentimiento nacionalista vasco y catalán tiene más influencia en el voto que la ideología política. Lo emocional como hilo conductor de las aspiraciones tangibles. Pese a que el protagonismo y los focos ahora son para Cataluña (una década de procés lo avalan), el País Vasco, olvidado el amago de Ibarretxe, une ahora su camino y aspira a aliarse con los nuevos vientos para alcanzar su deseado «nuevo estatus», que se mueve entre la relación federal, la mera actualización de Guernica y la independencia.

Consultas en el horizonte

Al margen de declaraciones y movimientos tácticos, otra de las señales de los nuevos pasos en dirección a la reorganización territorial se encuentra en el Congreso. El PNV busca conseguir una reforma legal que facilite la celebración de referéndums eliminando el control previo del Tribunal Constitucional (que resultó clave en octubre de 2017 para frenar a Puigdemont): los grupos de la Cámara ya han rechazado las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y el proyecto se encuentra en trámite de aprobación. También esta misma semana dos ministros, Calvo e Iceta, se han referido a las consultas consultivas del artículo 92 de la Constitución.

Todos los indicios apuntan en la dirección de los cambios: los dos años que quedan de legislatura resultan fundamentales para fijar los equilibrios actuales entre las distintas comunidades o para que Cataluña y País Vasco alcancen mayores cotas de autogobierno y se dirijan hacia la consolidación de un modelo estatal asimétrico. Se abre ahora una fase de negociación política (una parte con focos y otra, sin ellos) que puede configurar el germen para un rediseño de la estructura que conocemos y que ha ido templando los empujes territoriales a lo largo de los últimos 43 años. Algunas piezas aspiran a alterar su espacio para volver a encajarse en una España que ya se había vertebrado con su proyecto común del 78. Basta mirar alrededor para ver que algo se mueve. Como Ortega aconsejaba: «Desde estos pensamientos, como desde un observatorio, miremos ahora en la lejanía de una perspectiva casi astronómica al presente de España».