Juicio
Los mossos fueron a Waterloo a montar muebles a Puigdemont
Los dos agentes que viajaban con el ex president cuando fue detenido en 2018 niegan ser su escolta
Los dos mossos que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018 han asegurado hoy al juez que trasladaban al ex presidente de la Generalitat a Bruselas para ponerle “cuanto antes” a disposición de la Fiscalía belga, por indicación de sus abogados, tras reactivarse la euroorden contra él.
Según han manifestado al juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, en la primera sesión del juicio contra ellos -en el que se enfrentan a una posible condena de tres años de prisión por encubrimiento-, los agentes han defendido la misma versión de los hechos. Según su relato, tras conocer que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había reactivado la euroorden (al tener conocimiento de que Puigdemont se encontraba en Helsinki dando una conferencia) el equipo jurídico del líder independentista se había puesto en contacto con la Fiscalía belga para facilitar la comparecencia voluntaria de Puigdemont nada más llegar a Bruselas.
“Entendí que acompañarlo a la Fiscalía no era un delito en absoluto”, ha asegurado uno de los mossos que se sientan en el banquillo, Carlos de Pedro, quien como su compañero Xavier Goicoechea no se encontraba de servicio en esas fechas, según han recalcado. “No nos teníamos que esconder de nada ni de nadie”, ha insistido este último, quien ha asegurado que “la intención era hacer el trayecto lo más rápido posible para poder llevar a Puigdemont ante la Fiscalía belga” tras recibir el encargo de ir a buscar al ex president a Estocolmo y traerle de regreso a Waterloo por carretera.
“Ayudamos un poco en el día a día”
“Puigdemont nos transmitió que los abogados ya se habían puesto en contacto con la Fiscalía belga para saber donde teníamos que ir”, ha explicado De Pedro, quien al igual que el otro acusado ha recalcado que “en ningún momento” pensó que podían estar cometiendo un delito. Ambos han señalado también que utilizaron el vehículo con el que solía desplazarse Puigdemont, un Renault Space, conscientes de que el coche estaba perfectamente identificado por las Fuerzas de Seguridad.
Antes de recibir el encargo de ir a buscar al ex presidente de la Generalitat “para llevarlo a Bélgica, porque los abogados se iban a poner en contacto con la Fiscalía belga”, se dedicaron a realizar tareas varias en el domicilio del ex presidente en Waterloo. “Ayudamos un poco en el día a día de la casa, desde montar muebles, ordenar cosas, limpiar, ir a comprar y poca cosa mas”, ha dicho Goicochea.
Los dos agentes han detallado que tras ser interceptados en Alemania el 25 de marzo después de pasar la frontera con Dinamarca, la Policía germana les comunicó que Puigdemont debía acompañarlos “porque había activada una euroorden”. “Al resto nos dicen que nos podemos ir, que no hemos cometido ningún tipo de acto ilícito”, ha asegurado los dos acusados.
Niegan que actuaran como escoltas
Los mossos han negado igualmente que actuaran como escoltas de Puigdemont. “Si lo hubiera hecho me habría ido de viaje con él (a Helsinki)”, se defendió De Pedro. Del mismo modo, han afirmado que eran plenamente conscientes de que, al estar de nuevo en vigor la OEDE contra el ex president y tener que atravesar países del espacio Schengen, podían ser detenidos.
Antes de sus declaraciones, la defensa de Goicoechea y De Pedro ha intentado que no se celebrase el juicio haciendo hincapié en que el asunto debió archivarse dado que, ha insistido, en ninguno de los países por los que circularon -Suecia, Dinamarca y Alemania- los hechos que se persiguen son considerados ilícitos. Además, ha esgrimido un documento de la Fiscalía alemana certificando que no hubo ningún procedimiento policial contra los dos mossos y fueron puestos en libertad.
Del mismo modo, el letrado Cristóbal Limón ha rebatido por “inverosímil” el argumento de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de que el supuesto hecho delictivo se habría iniciado en España (de donde partieron los agentes para ir al encuentro de Puigdemont en Estocolmo). Pero incluso si así fuera, ha añadido, “la competencia sería de un juzgado de Barcelona”.
Pero el fiscal Emilio Miró ha puesto de relieve que obstaculizar el funcionamiento de la administración de justicia “también está castigado” en Suecia, Dinamarca y Alemania. “Estos mismos hechos cometidos en estos países tienen la respuesta de una sanción penal”, ha defendido ante el juez, que finalmente ha decidido diferir hasta el momento de la sentencia la resolución de estas cuestiones previas.
La Fiscalía pide tres años de cárcel
La Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel, y otros tantos de inhabilitación, por un delito de encubrimiento para los dos agentes. En ese viaje de regreso a Bruselas con Puigdemont también viajaban el empresario Josep María Matamala y el historiador Josep Lluís Alay, pero el instructor archivó la investigación respecto a ambos al no tratarse de funcionarios públicos y no haberse acreditado que prestasen ayuda al líder independentista para eludir la acción de la Justicia.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, mantiene que ambos mossos , aprovecharon unos días libres de trabajo y se desplazaron a Waterloo, donde el 23 de marzo de 2018 una persona no identificada les pidió que fuesen a recoger a Puigdemont. Así, se trasladaron en coche hasta Estocolmo, donde se encontraba el líder separatista tras haber dado una conferencia en la universidad de Helsinki para intentar internacionalizar el “procés”. Cuando se dirigían de nuevo a Bruselas y a pocos kilómetros de la frontera germanodanesa, la Policía alemana les interceptó el 25 de marzo en un aparcamiento de Jagel, cerca de Hamburgo.
Los dos mossos, dice el fiscal, ayudaron a Puigdemont “conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos de rebelión y otros”, y conociendo que el juez Llarena había emitido una orden europea de detención contra él 48 horas antes, al constatar la presencia del líder independentista en Helsinki. Su intención, por tanto, era -según el Ministerio Público- ayudarle a regresar a Bélgica “y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención”.
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