Moncloa intenta mediar en la guerra autonómica por la financiación

El modelo de financiación autonómica lleva caducado desde 2014. La situación de parálisis se ha tornado, si cabe, más insostenible a raíz de la pandemia del coronavirus y ante la inyección de recursos provenientes de Bruselas que habrá que repartir, los territorios comienzan a moverse, tejiendo complicidades que trascienden la ideología y se centran en el criterio poblacional. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha iniciado una ronda de contactos en la España periférica para conseguir adhesiones a su modelo de sistema de financiación. Tras lograr antes de agosto el apoyo de la presidenta balear, Francina Armengol, se ha reunido con el de la Generalitat, Pere Aragonès, y hoy con el de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

Uno de los puntos claves es el del criterio de la población, que tanto la Comunidad Valenciana como Andalucía necesitan que sea determinante para establecer la fórmula del reparto financiero entre las autonomías en el futuro modelo. Un criterio contra el que se revuelven desde los territorios de la “España vacía” que también van a reactivar sus contactos para no quedar atrás en esta suerte de guerra territorial por la financiación. Castilla y León (PP), Castilla-La Mancha (PSOE), La Rioja (PSOE), Asturias (PSOE), Galicia (PP) y Aragón (PSOE) mantienen una posición común y se han reunido en varias ocasiones para exponer los “problemas similares y criterios parecidos” para afrontar el reparto de fondos.

Se trata de comunidades con poca población repartida en un inmenso territorio, en el que financiar y prestar servicios es más caro que en otras comunidades más pequeñas con un mayor número de población más concentrada en sus núcleos urbanos. Desde estos territorios se demanda que no prime criterio poblacional, sino el del coste efectivo de la prestación de estos servicios y se recuerda que aunque “a nivel nacional los partidos se llenan la boca hablando de despoblación hay que hacer una apuesta real por ponerle coste y financiar de manera adecuada estos servicios”.

Ante esta pugna que existe entre territorios, en Moncloa han intentado hoy mediar pidiendo abordar la cuestión desde una “perspectiva constructiva” y sin “crear brechas entre las comunidades autónomas”. En estos términos se ha pronunciado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que hoy ha presidido el Consejo de Ministros en ausencia de Pedro Sánchez, que se encuentra en La Palma. Calviño ha puesto en valor que “el sistema de financiación autonómica afecta a todos los ciudadanos” y ha pedido tener una actitud de “escucha y comprensión” entre territorios, de manera que se logre un “equilibrio que nos permita construir país”.

La vicepresidenta ha lamentado que se estén creando este tipo de enfrentamientos o ententes entre regiones que solo contribuyen a crear “conflicto” y ha anunciado que el Ministerio de Hacienda está trabajando para presentar en noviembre una propuesta bajo el “criterio de población ajustada” para iniciar los trabajos. Poco más ha avanzado Calviño que no ha querido “anticipar detalles o elementos! y ha pedido ir trabajando sobre esta propuesta.

El mensaje que percibe el Gobierno es que todas las CC AA tienen una “sensación de infrafinanciación”, por lo que consideran que el punto de partida para la negociación “no es muy favorable”. No en vano, sí recuerda que será necesario un acuerdo “transversal”, porque al ser una ley orgánica, necesitará el aval de los dos grandes partidos políticos.