Al Tribunal Supremo se le agota la paciencia ante el bloqueo político que impide la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones casi tres años y que maniatado tras la reforma impulsada por el Gobierno no puede llevar a cabo los nombramientos para cubrir las vacantes existentes en el Alto Tribunal.

La Sala de Gobierno ha acordado hoy por unanimidad dirigirse al órgano de gobierno de los jueces “poniendo de manifiesto su preocupación por las perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del Tribunal supone la falta de renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y la consiguiente imposibilidad de cubrir las vacantes existentes como las que puedan ir produciéndose en los próximos meses”.

En el acuerdo se hace hincapié en que algunas de las salas afectadas “se encuentran en una coyuntura en que se hace más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social (pensemos en las vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia), resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose previsiblemente. Y añade que , “al margen de cuestiones de otro orden que no le competen”, “no puede permanecer indiferente ante esas preocupantes previsiones y ha de alertar sobre ellas”.

Asimismo, la Sala ha acordado encargar un informe al Gabinete Técnico del Alto Tribunal “que refleje sintéticamente y con señalamiento de calendario el panorama al que se enfrentarían las diversas Salas de este Tribunal en el caso de que se prolongase la actual situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial”.

En la actualidad, la Sala Civil del Supremo cuenta con una vacante, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), con seis, y la Sala Cuarta (de lo Social), con tres, mientras la Sala Quinta (de lo Militar) tiene dos plazas pendientes de cubrir.