Villarejo se prepara para defenderse de sí mismo en el primer juicio del caso ‘Tándem’

La Fiscalía pide para el comisario un total de 109 años de prisión por tres casos que sentarán en el banquillo a 27 acusados

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A sus 70 años, uno de los comisarios de policía más famoso de todos los tiempos afronta el primero de los juicios pendientes después de que en 2017 la Audiencia Nacional comenzó a indagar en todas sus actividades privadas. La investigación que asedia a José Manuel Villarejo, que se sienta en el banquillo con una petición de la Fiscalía de más de 100 años de cárcel, ha conseguido arrastrar a banqueros, exministros, políticos, empresas del Ibex-35 y un sinfín de imputados en una macrooperación, denominada ‘Tándem’, que todavía tiene gran parte de sus ramificaciones en fase de instrucción. El juicio que comienza este miércoles está relacionado con una herencia familiar, un encargo de un bufete de abogados y el espionaje a un deudor. Aunque la Sala de lo Penal escrutará pruebas tan relevantes como audios e informes policiales que marcará el devenir del resto de la investigación.

Villarejo tratará de deslegitimar todo el proceso desde la raíz. Su misión principal es hacer ver que todos -incluido el CNI, siempre presente en sus conversaciones- sabían de su doble actividad público-privada como alto cargo en la policía y dueño de un gran entramado empresarial bajo el nombre de CENYT. El objetivo de la acusación, en cambio, que lidera PODEMOS es demostrar que el comisario se aprovechó de su posición privilegiada en el cuerpo para enriquecerse y acceder a información de unos y de otros y utilizarla en beneficio de sus propias operaciones personales.

Calendario

La primera sesión del juicio que se celebra en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional comienza a las 10 de la mañana. Esta semana hay previstas únicamente dos sesiones para las cuestiones previas, es decir, todo aquello que las acusaciones y defensas tengan que decir antes de empezar. El comisario tratará de ejercer su propia defensa para interrogar a los testigos y al resto de imputados, alegando su condición de abogado. En el calendario provisional las vistas seguirán en noviembre y se prolongará hasta finales de enero de 2022 ante la atenta mirada del tribunal formado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen-Paloma González y Fermín Echarri.

El banquillo

Acompañando a Villarejo en el banquillo de los acusados se sientan otras 27 personas físicas y 5 jurídicas. Se van a juzgar tres piezas que se investigaron de forma independiente y que el juez de instrucción Manuel García-Castellón envió a juicio de forma separada, pero que la Sala decidió juntar en un solo proceso, a pesar de la oposición de la Fiscalía Anticorrupción. Algunos de los imputados están acusados en las tres causas como la mujer del comisario, Gema Alcalá, o su socio Rafael Redondo. Otros, en dos de ellas como el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativa (UCAO) Enrique García Castaño; y algunos en una como el exjefe de la comisaría General de Información Constancio Riaño.

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Es la pieza separada número 2 (de las 30 que acumula el caso) y fue la primera en concluir en mayo de 2020. La Fiscalía y el magistrado instructor sostienen que Villarejo y sus socios se hicieron con datos de carácter reservado de forma ilegal para espiar a un bufete de abogados. De hecho, la investigación se centra en un contrato del bufete de abogados Herrero & Asociados a Villarejo para vigilar a otro, Balder IP Law, al que se estaban marchando antiguos socios. Por este encargo por el que cobró 625.000 euros, el comisario se enfrenta la mayor pena, 57 años de prisión, y su mujer, a otros 15.

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En esta pieza número 3, Villarejo pactó cobrar 275.000 euros inicialmente y 150.000 adicionales en caso de que le saliera bien el encargo de una familia de la alta esfera madrileña. El contrato partió de la hija de Luis García-Cereda, promotor de la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo, para espiar a su propia hermana y a la viuda del empresario y obtener información de su vida privada que usar como “instrumento de presión” a favor en su herencia. La protagonista, Susana García-Cerceda, también se sienta en el banquillo junto al comisario para quien Anticorrupción solicita aquí 38 años entre rejas.

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En el centro de esta operación, la pieza número seis, está un empresario. El juez concluyó que él y su hermano contrataron los servicios del policía para que obtuviera datos de un exsocio al que reclamaban el pago de una deuda. Anticorrupción pide para Villarejo la pena más baja, 14 años, porque no está en juego el delito de cohecho ya que cuando tuvo lugar el encargo, él ya estaba jubilado.

Delitos

Precisamente, el delito de cohecho estará en la diana porque si la Sala da la razón a los investigadores en que con su trabajo como funcionario público consiguió enriquecerse de forma privada el resto de las investigaciones pendientes seguirán su curso. Villarejo defiende que todo el mundo lo sabía, pero esto en cualquier caso esto no exime de responsabilidad al resto de los acusados. Igualmente, sobre la mesa de los magistrados también se leen delitos de descubrimiento de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, extorsión y revelación de secretos, entre otros. La Fiscalía pide para Villarejo un total de 109 años y 10 meses de prisión, pero con la letra pequeña en la mano solo cumplirá el triple de la pena más alta que le impongan. En este caso, el cohecho sumaría como máximo 18 ciclos solares efectivos entre rejas. Además, Anticorrupción ha llegado a pactos con distintos acusados para rebajar las penas de cara al juicio.