Terrorismo

Las víctimas de ETA exigirán responsabilidades a los etarras perdonados si se deroga la Ley de Amnistía

Consideran que si se les excluye se produciría un nuevo agravio comparativo y una discriminación

Imagen del atentado contra la cafetería Rolando, en Madrid, en el que ETA asesinó a 13 personas, el segundo más sanguinario tras Hipercor. Los autores, cuyos nombres se desconocen, fueron amnistiados, jamás han colaborado con la Justicia y la banda no ha reconocido como propio el crimen hasta ahora hace tres años. (Telemadrid)
Imagen del atentado contra la cafetería Rolando, en Madrid, en el que ETA asesinó a 13 personas, el segundo más sanguinario tras Hipercor. Los autores, cuyos nombres se desconocen, fueron amnistiados, jamás han colaborado con la Justicia y la banda no ha reconocido como propio el crimen hasta ahora hace tres años. (Telemadrid)jmzca

La posible derogación de la Ley de Amnistía, aunque fuera de una forma parcial y con los sólo fines de que afectara a las personas afectadas por el franquismo (aunque ha habido precisiones oficiales), ha puesto en guardia a las víctimas del terrorismo de ETA; entienden que esa derogación debería tener un sentido extensivo y que se podrían exigir las responsabilidades perdonadas por el texto legal, dictado en octubre de 1977, como un gesto de reconciliación nacional.

Lo cierto es que aquella medida jamás fue agradecida por ETA. La falta de generosidad de los miembros de la banda, su falta de empatía hacía las víctimas que ocasionaron, ha llegado hasta el extremo de dejar sin autor conocido decenas de atentados, pese a estar expresamente amnistiados por la citada Ley.

Más de 70 asesinatos quedaron sin responsabilidad penal. En total, fueron amnistiados más de 1.200 etarras, de los cuales unos 700 se reintegraron en la banda. El 9 de diciembre de 1977, el último terrorista preso, Francisco Aldanondo, “Ondarru”, abandonó la cárcel de Martutene, en San Sebastián. La Ley de Amnistía fue entendida al revés por los terroristas que inmediatamente siguieron matando y protagonizaron los terribles “años del plomo), 1978, 1979 y 1980.

Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ha señalado a este periódico que en el caso hipotético de que se produjera esa derogación con ese sentido, “exigiríamos que también se aplicara a los terroristas de ETA que, por cierto, tras ser perdonados, siguieron matando. Si, como se dice, se va a dar un trato a las víctimas del franquismo, se tiene que aplicar a los de ETA; lo contrario, sería un nuevo agravio comparativo y una discriminación intolerable”

“Las enmiendas a la ley de Memoria Democrática impone una única y sectaria visión de la historia, por la que se derogaría la Ley de Amnistía. Sacó de la cárcel a cientos de etarras, sus crímenes anteriores a octubre de 1977 quedaron todos impunes. Los más sanguinarios, los más mortíferos, los peores criminales que sembraron España de muerte y dolor en los años 80 y 90, fueron etarras amnistiados; lo fueron los que asesinaron a mi padre. Nosotros, los que hemos sufrido las consecuencias de aquella fatídica Ley, llevamos muchos años sintiéndonos traicionados por el Estado, que nunca ha reconocido las consecuencias fatales que tuvo la Amnistía en el fortalecimiento de ETA. Si ahora la quieren derogar también deberán investigar y castigar hasta el último crimen terrorista sin esclarecer”, declara a LA RAZÓN Ana Velasco Vidal-Abarca, de la Plataforma Dignidad.

Algunos expertos jurídicos ya se han pronunciado sobre la dudosa legalidad de la iniciativa que promueven el PSOE y Podemos. “Es chocante -e inconstitucional- que se prevea una medida retroactiva para investigar hechos no ya amnistiados, sino anteriores a la promulgación de la futura ley para -supongo- castigarlos”, señala uno de ellos a LA RAZÓN.

“En cuanto a la ley de amnistía, tal y como hablamos, las previsiones de las enmiendas afectarían a los terroristas a quienes les benefició, luego podría volver a exigirse responsabilidades por los hechos objeto de amnistía --agrega--, salvo que se intente una operación interpretativa: que las referencias a la ley de 1977, sólo debe afectar a las víctimas del franquismo durante la guerra, la postguerra y todo el régimen de Franco, y no a las víctimas de terroristas amnistiados”.

Se trataría de una afrenta, una más, a los asesinados o heridos por la banda criminal. Si se pretende llevar a cabo dicha derogación debe afectar a toda la sociedad y no sólo a una parte de ella.

A este respecto, Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, entiende, en declaraciones a LA RAZÓN, que la Ley de Amnistía no puede ser derogada. “Sin embargo, la respuesta correcta después de conocer las enmiendas de la Ley de Memoria democrática es que podría llegar a ser interpretada. ¿Qué ocurre con las víctimas de Paracuellos? ¿Fue lesa humanidad los crímenes del GRAPO y de Terra ILure y de ETA? ¿Sólo las víctimas del franquismo merecen que sus delitos sean imprescriptibles?”.

Subraya que “tantas preguntas, cuando la respuesta es sencilla: El delito de lesa humanidad contemplado en el artículo 607 bis del Código Penal se incorporó al ordenamiento jurídico español en octubre de 2004. Desde esa fecha hacia atrás, poco se puede hacer en España”.

“¿Hubo atentados de lesa humanidad desde 2004 en adelante? La respuesta es Si. Los cometió ETA y existe un auto de procesamiento de cinco jefes de ETA por delitos de lesa humanidad en octubre de 2015. Existen delitos de lesa humanidad desde 2004 en adelante, no antes. Ya nos hubiera gustado que este delito se hubiera incorporado antes al Código Penal. Muchos casos sin resolver de ETA se hubieran juzgado. Los crímenes de lesa humanidad son los más graves considerados en los considerados en los derechos humanos, pero deben ser aplicados cuando el ordenamiento jurídico lo permita. Son crímenes de persecución, selectivos y con objetivos del exterminio de una parte de la población”.

Portero recuerda que “mientras tanto, continúa el trámite de aprobación de la mal llamada “Ley de Memoria Democrática” en el Congreso de los Diputados para defender los derechos de una parte de las víctimas de la Guerra Civil española. Sin embargo, las víctimas de ETA siguen sin tener una ley que les proteja de las humillaciones continuas por homenajes a etarras y cientos de homenajes que se harán a los más de 100 asesinos que saldrán de las cárceles antes del 2030″.

Subraya que “la ley de memoria democrática, a pesar de las enmiendas para la aplicación de la Justicia Penal Internacional, se olvida de investigar y juzgar los 376 casos sin resolver de ETA, muchos de los cuales aún no han prescrito. Llama la atención el despliegue de medios para la creación de una fiscalía en el Tribunal Supremo, solo para investigar los crímenes de casi hace 100 años. Pero eran crímenes de dos bandos, no solamente de uno de ellos, como pretende la Izquierda, sesgando su discurso, siempre mirando a favor de uno de ellos”.

“Se olvidan los republicanos representados en el Congreso de los Diputados por casi todos los grupos de la izquierda y de organizaciones herederas de terroristas en España, de impulsar la resolución de los casi 400 asesinatos sin resolver de la organización terrorista ETA, dejando en libertad a los asesinos sin colaboración alguna con la Justicia para esclarecer estos asesinatos”, concluye..